El Diario de Gualeguay
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Martes, 15 de octubre de 2019
COLUMNAS • RAZÓN CRITICA
domingo, 06 de octubre de 2019
Ofensores de trenes
¿Qué son las garantías individuales y constitucionales? Históricamente las garantías individuales y constitucionales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución consigna (Fuente: www.diccionariojuridico.mx).
El Gobierno habilitó el pasado jueves a los miembros de la Policía Federal a pedir documentos a personas que estén viajando en tren. Así quedó establecido a través de la resolución 845/2019 emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que creó el programa "Ofensores de Trenes", con el argumento que será una herramienta útil para prevenir "delitos en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros". Según detalló, la Policía Federal ahora podrá exigir sin motivo el documento para realizar el control de la identidad de las personas que ingresen, egresen y permanezcan en los trenes, con la finalidad de constatar "la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial" (Fuente: www.perfil.com).

Con el objetivo de hacerse eco y tomar medidas ante las demandas de diversos sectores de la sociedad (y particularmente su electorado) de más seguridad, el Macrismo optó por una iniciativa que no sólo no resuelve la problemática social que tenemos en materia seguridad en Argentina, sino que tampoco respeta las garantías individuales y constitucionales que tenemos todas las personas que habitamos este territorio nacional. En un artículo realizado por la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI) se comenta el trasfondo histórico y existente detrás del programa “Ofensores de trenes”: “El 11 de enero de 2016, apenas un mes después del inicio del gobierno de Cambiemos, causó mucho revuelo el fallo en la causa “Vera, Lucas Abel s/ infr. art. 85, CC” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, porque dio un nuevo y reforzado aval a las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Decíamos entonces que el dato, puesto en contexto, no era una anécdota menor en la historia represiva de nuestro país. La averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones nos cuestan centenares de miles de detenciones arbitrarias por año. Pero también cuesta vidas. Más de la mitad de las personas muertas en comisarías que registra nuestro Archivo, no estaban detenidas por orden judicial o delito flagrante, sino víctimas de alguna de esas herramientas para el control social. Casi cuatro años después, el ministerio de Seguridad dictó la resolución 845/2019, publicada el 2 de octubre de 2019 en el Boletín Oficial, que instruye al conjunto de las fuerzas de policiales y de seguridad para que “extremen los recaudos y facultades” de que disponen para verificar la identidad de las personas que utilizan el servicio de trenes. O sea, da la orden directa de interceptar, pedir documento y verificar si hay requerimientos judiciales masivamente”. A continuación, el artículo dice lo siguiente: “Hace apenas unos días, el 18 de septiembre, se cumplieron 16 años del día en que la Corte Interamericana de DDHH, en el Caso Bulacio, ordenara al Estado Argentino derogar todas las normas que habilitan detenciones arbitrarias y eliminar las prácticas no normadas”.

El párrafo anterior se conecta con el primero del escrito de hoy y nos permite comprender algunas cuestiones alrededor de esta medida tomada por el Ministerio de Seguridad. La primera es que las garantías constitucionales e individuales son los mecanismos que la Constitución da a todos los habitantes para proteger sus derechos. Entre ellas se puede mencionar aquella que expresa que nadie puede ser arrestado sin orden escrita de la autoridad correspondiente. En segundo lugar, es importante saber que en Argentina ninguna norma obliga a llevar el DNI en la vía pública, es decir que la policía no puede detenerte por ese motivo específicamente. La mencionada sólo puede pedir que las personas se identifiquen cuando existan motivos para hacerlo, como ser una sospecha de que cometiste o ibas a cometer un delito. Las pruebas para ello deben ser suficientes (Fuente: Matías Lorenzo Pisarello, Coordinador del área de seguridad de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales Andhes, para el diario La Gaceta). Como tercer punto, lo que dice la Defensoría del pueblo, institución del Estado: “no existe ninguna ley que obligue a las personas a llevar consigo su documento de identidad y por eso no te pueden detener solamente por no tenerlo”. Como cuarto elemento, cabe destacar que, si bien esta medida abarca a trenes entre Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, podría extenderse hacia otros transportes públicos y a todos los territorios del país que los posean según dispongan los gobiernos de turno. Por eso debemos estar atentos como ciudadanía para que no vejen nuestros derechos. Finalmente es preciso expresar que, si bien la seguridad es una temática de resolución pendiente en Argentina, no se pueden tomar iniciativas de dudosa efectividad, como argumentan diferentes especialistas, y que además repercuten negativamente en nuestros derechos constitucionales e individuales. El programa establecido por el Ministerio de Seguridad parece más una medida con tinte electoralista que una solución de fondo que requeriría una política de varios años a largo plazo. Esperemos que el próximo gobierno, sea el vigente oficialismo o la actual oposición, revea “Ofensores de trenes” y no sólo no lo amplifique a nivel nacional, sino que también lo reemplace por verdaderas políticas públicas de fondo para tener un país que realmente luche contra el delito.
Julián Lazo Stegeman