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Miércoles, 26 de febrero de 2020
COLUMNAS • RAZÓN CRITICA
domingo, 02 de febrero de 2020
Arena, explotación y medio ambiente
Entre las muchas emergencias ambientales presentes y futuras, hay una, muy seria, de la que casi nadie habla y que pocos conocen. Afecta a uno de los recursos naturales que nos parecen menos valiosos y más disponibles: la arena. El aumento incontrolado de la demanda podría tener graves consecuencias sobre los ecosistemas, la disponibilidad de agua potable, la erosión de ríos, lagos y costas. En el mundo se extraen cada año 53 mil millones de toneladas de arena y grava. Los áridos son la segunda materia prima más consumida por el hombre después del agua.
Para una casa de tamaño medio se necesitan unas 200 toneladas de arena y para 1 km de autopista, 30.000 toneladas. Se usan también en la producción de vino, papel, detergentes, pinturas, vidrio, ordenadores, medicamentos y cosméticos, para la siderurgia, la generación de energía eléctrica o en el ‘fracking’ para la extracción de petróleo de esquisto. En los últimos años, el progresivo agotamiento de canteras terrestres y de ríos ha aumentado la explotación de los mares, con miles de buques y plataformas que literalmente se comen el fondo, afectando gravemente la vida acuática. La arena marina, sin embargo, es menos apta a la construcción por su alto contenido en sal, que obliga a realizar un dispendioso lavado. El dragado de los lechos de los ríos es muy perjudicial para el hábitat de los organismos vivientes. El sedimento revuelto nubla el agua, con el riesgo de sofocar a los peces y tapa la luz solar que da vida a la vegetación submarina. La clepsidra se va vaciando y por muy extraño que parezca, tampoco la arena es infinita (Fuente: diario La Vanguardia de España).

Al respecto de esta cuestión, ¿qué está ocurriendo actualmente en Entre Ríos? La provincia desplazó a Chubut y es la principal proveedora de arena silícea, denominada “nuevo oro”. La aparición de este mineral motivó al gobierno a fortalecer la actividad minera. Está frenado en Diamante un proyecto con capitales belgas y hay quejas de ambientalistas. Desde que irrumpió en el mercado de las arenas silíceas, hace cinco años, Entre Ríos ya comercializó un millón y medio de toneladas y se posicionó como la principal proveedora del país. Su mayor cliente es el yacimiento Vaca Muerta, explotado por YPF, que usa el mineral entrerriano para la fractura hidráulica y otras actividades tendientes a la extracción de hidrocarburos. A mediados del año pasado, según datos de la Universidad Nacional de la Patagonia, Entre Ríos aportaba el 50 por ciento de la arena utilizada en Vaca Muerta y actualmente se estima que suministra el 80 por ciento del mineral cuya extracción y procesamiento, en razón de los planes de desarrollo del yacimiento estatal, constituye una atractiva oportunidad de negocios. Hay quienes llaman a estas arenas especiales “el nuevo oro”. Luego de la estatización de YPF, la demanda de arena silícea se incrementó en forma exponencial y la petrolera de bandera tuvo que importar el mineral desde China, Brasil y Estados Unidos. Chubut fue la primera provincia en activar la extracción y lideró el mercado, pero desde 2016 comenzó a ser desplazada por Entre Ríos y finalmente perdió la pulseada. El año pasado, el negocio de las arenas silíceas facturó en Argentina 220 millones de dólares y se espera que esa cifra se triplique para 2021. La abundancia del recurso, las ventajas logísticas y el pago de un canon ínfimo permitieron a Entre Ríos fijar un precio sustancialmente más bajo que sus competidores chubutenses. La fractura hidráulica, también denominada fracking, es una técnica de extracción de hidrocarburos consistente en la realización de perforaciones para luego introducir a presión químicos, arena y millones de litros de agua. El compuesto agrieta las rocas subterráneas y, cuando el líquido se escurre, la arena mantiene abiertas las grietas y los fluidos brotan a la superficie de manera continua. El único tipo de arena apta para esta técnica es la que se extrae en Entre Ríos. La fractura de cada pozo insume unas 500 toneladas y, si Vaca Muerta alcanza el desarrollo planificado, va a necesitar alrededor de 8 millones de toneladas por año. Con esos datos, la magnitud y el potencial de la extracción y comercialización de la arena que abunda en la provincia de Entre Ríos, denominada “el nuevo oro”, es difícil de dimensionar (Fuente: Luciana Dalmagro para El Diario de Paraná).

¿Cómo impacta este tipo de explotación en nuestra zona y qué dice la normativa vigente al respecto? ¿Cuáles explicaciones existen por parte de las empresas encargadas de estas actividades? Fundación CAUCE, Cultura Ambiental-Causa Ecologista, con la adhesión de organizaciones nucleadas en el Programa Humedales sin Fronteras (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Taller Ecologista, CASA RIO) y el Programa Corredor Azul de Fundación Humedales/ Wetlands International, presentó a finales del año pasado una contundente nota dirigida al director de Minería de Entre Ríos, Diego Bosso, refiriéndose a la solicitud de autorización como productor minero por parte de la empresa Arenas Argentinas del Paraná S.A. para acondicionamiento y procesamiento de arenas silíceas en el ejido de Diamante y para extracción de estas en el río Paraná, informaron en un comunicado de prensa enviado a ANÁLISIS. Según indica el texto, la empresa belga solicitó autorización para extraer arenas entre los km. 517 a 523 del Río Paraná, zona anclada en el corazón del sitio Ramsar Delta del Paraná (humedal de importancia internacional) y en el corredor biológico de los Parques Nacionales Islas de Santa Fe y Pre-Delta. Por ese motivo, las organizaciones dieron cuenta de la importante normativa que protege a los humedales, el incumplimiento de normas por parte de la empresa y las falencias que presentan los Estudios de Impacto Ambiental desarrollados por la Consultora Serman respecto de la actividad extractiva proyectada. Finalmente, argumentaron la necesidad de un trabajo de evaluación coordinada entre las distintas áreas del gobierno provincial y nacional para la efectiva protección de los territorios y sus ecosistemas.Respecto a la normativa vigente, destacaron que desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la sanción de la Ley General del Ambiente (LGA) y la reforma de nuestra Carta Magna provincial, en 2008, los principios preventivo y precautorio son plenamente aplicables, de acuerdo con las circunstancias y el contexto de previsibilidad de daños, fundamentando la responsabilidad de los funcionarios en las decisiones al respecto. Asimismo, destacaron que el sitio de la planta de tratamiento y el lugar de extracción de las arenas corresponden a una zona protegida por la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR, Irán, 1971), que es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales”. Además de estar protegida por Ley Provincial N° 9.485, que declara al río Paraná, en el sector denominado “Paraná Medio”, como área natural protegida incorporándose al sistema establecido por la Ley Provincial N° 8.967 (actualmente Ley N° 10.479) bajo la modalidad “reserva de uso múltiple”. Añadieron que por el artículo 2 de la Ley Nº 9.092 el río Paraná junto al Uruguay y a los demás cursos de aguas en Entre Ríos han sido declarados bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible. Sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de extracción, las organizaciones señalaron que la empresa presentó de manera muy general cuestiones referidas al medio físico (hidrología, geología y geomorfología) y biótico (vegetación, fauna e identificación de áreas sensibles y protegidas) que “no aportan la información indispensable para la toma de decisiones respecto del proyecto específico”. Para finalizar, remarcaron que la misma ley de minería señala que “es responsabilidad de las autoridades actuar en consecuencia a la normativa protectoria del ambiente y del derecho humano a la salud, considerando la posibilidad de adoptar las medidas sancionatorias establecidas en la Ley Nacional de Minería (Nº 24.585) (Fuente: Análisis Digital).



Julián Lazo Stegeman