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Abigeato: enojo con un juez que favoreció a delincuentes

La fiscal y referentes del campo, criticaron el fallo en una causa de abigeato, del juez Tobías Podestá, que benefició a ladrones de animales

Dirigentes de entidades ligadas al campo y productores expresaron su enojo y disconformidad con el fallo del Juez de Garantías Tobías Podestá que dejó en libertad a cuatro personas, con una serie de cautelares, que tenían prisión domiciliaria por un hecho de abigeato agravado en la zona rural de Perdices. El hecho fue desbaratado por integrantes de la brigada De Prevención Delitos Rurales Gualeguaychú, a cargo del Comisario Cristhian Graciani, y Sub Crio Vacari Sergio de Brigada Perdices que se desempeña en la zona rural mencionada.

El juez mencionado, el 3 de septiembre, tras escuchar la solicitud de los abogados de la defensa, en el pedido de requerimiento de la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena de la figura que se les endilgó a los acusados la cual es la de Abigeato doblemente agravado. Fijó un cuarto intermedio resolviendo la inconstitucionalidad del mínimo de la pena, de 4 años a 3 años de prisión, y el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba respecto de los imputados y tener por ofrecido el monto $20.000 por cada uno de los imputados, pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $ 10.000 en favor de la parte damnificada, como reparación del daño causado, a quien se deberá notificar, con el objeto de que manifieste si acepta o no la reparación ofrecida, además de una serie de medidas cautelares.

Indudablemente el juez no tiene conocimientos de lo que cuesta un animal de 300 kilos, fueron tres los faenados, en el mercado, a lo que se debe sumar los dos años de crianza, alimentación sanidad, con una reparación por parte de las personas de $20.000 pesos y pagaderos en cuotas que suena irrisoria y hasta irrespetuosa.

Por su parte la Fiscal Martina Cedres, entrevistada por El Día, manifestó que presentó un “recurso de apelación contra la resolución del tres de septiembre y que concedido éste y elevado que sea a la Cámara de Apelaciones de Gualeguay, se deje sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena del y por ende el otorgamiento a dos de los imputados de la suspensión de juicio a prueba y se reenvíen las actuaciones a la instancia de procedencia a fin de que se continúe con la audiencia de elevación de causa a juicio, en el marco de la escala prevista para los delitos por los que se los acusa”.

Dijo que la resolución del Juzgado en “la etapa de la elevación de la causa a juicio que se declare la inconstitucionalidad, a mi modo de ver, sin fundamentos, de manera arbitraria, otorgando la probation, está mal efectuada, por lo que tenemos que tener una etapa de audiencia en Gualeguay en una situación que no está firme”. Dijo que no sabe cuándo será la audiencia, pero que el “recurso de apelación llegó y que seguramente cuando tengan la fecha me notificarán”. Destacó que “nosotros tenemos muchas personas en libertad, lo cual no significa que no vayan a ir a juicio, y quiero dejar en claro que no está firme la resolución que hizo ( el juez Tobías Podestá) respecto de la inconstitucionalidad del mínimo y el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba”.

Recordó que los cuatro imputados “estaban detenidos con prisión domiciliaria hasta la audiencia de remisión a juicio el 31 de agosto, quedando todos en libertad, sujetos a una serie de medidas, como la prohibición de acercamiento a la víctima, fijación de domicilio. A dos de ellos se elevó la causa a juicio al tribunal y los otros dos se les otorgó la probation”.

Indicó que con los “primeros la causa va a juicio, en tanto que los restantes, con la resolución apelada, hay que ver que nos dice Gualeguay. Y si resuelve que la decisión del juez (Podestá) no fue fundada y arbitraria haremos la elevación por los dos restantes y en consecuencia el juicio a los 4 implicados.”

Señaló que dos de los imputados “tienen antecedentes, y aunque se declare inconstitucional el mínimo y los condenen a dos años, la pena tiene que ser efectiva”. Indicó que comparte el “malestar de la gente y siempre me pongo en contacto con la gente que trabaja en el caso como la Brigada de Abigeato”. Comentó que es una realidad que el “Superior Tribunal de Justicia viene determinando la inconstitucionalidad del mínimo y dando condenas condicionales, es decir condenados, pero en libertad. Esto es una cuestión de política, y entiendo qué desde el sector, por el campo, debería haber un pedido fuerte para que no se repitan este tipo de situaciones”.

Tomás, integrante de la familia damnificado, dijo que “a diferencia de otros casos de abigeato de los que fuimos víctimas, esta vez se dio con los culpables, teniendo la justicia la oportunidad de actuar con todo el rigor de la ley. Cuenta con todas las evidencias, gracias a un trabajo impecable de la policía “.

Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, remarcó que “la policía pese a la escasez de recursos actuó con mucho profesionalismo y eficiencia; mientras que la fiscalía pese a la cantidad de causas que, diferente índole, está trabajando muy bien. Ahora- continúa- que un juez “interprete, a pedido del abogado defensor, que la pena de 4 años es excesiva y por lo tanto inconstitucional es inclinar la balanza a favor de quienes delinquen. Y si son tan legalistas, deberían cumplir con la ley. Y si la vamos a interpretar, también lo podemos hacer nosotros que somos ciudadanos de a pié, y como tales entendemos que aquel que delinquió tiene que estar adentro. Es más, si fuera por nosotros, aunque sea un día”.

Recordó que uno de los implicados “estuvo 10 años prófugo de la justicia por un delito similar, pero por una cuestión técnica-legal, el juez no podría tomarlo como antecedente. Ahora si nos vamos a basar en estos tecnicismos, aplicamos los mismos cuando nos conviene interpretar la ley. Si el daño que ocurrió le parece poco recuerdo que se “trataba de cuatro personas con armas de fuego, en horas de la noche, en el campo, robando en donde se encontraba una mujer sola. Que más quieren para que una persona sea condenada y vaya a prisión, que la propietaria sea reducida, atada, que la violen, le peguen un balazo a un productor. ¿Qué es lo que necesita la justicia para proceder en estos casos?.

José Colombatto (Presidente de Farer) dijo que “volvemos a la puerta giratoria de la justicia que venimos denunciando desde hace un tiempo. Pareciera que la misma está a favor del delincuente y no de la gente que quiere trabajar, salir adelante y que quiere otro tipo de país, Lamentablemente esto viene de larga data y desde FARER venimos denunciando que los legisladores son los que tienen la llave para cambiar las leyes, porque el delito de abigeato es prácticamente excarcelable. Un delito que cada vez es más común y los políticos no hacen nada para que se implementen leyes más duras y brindarle más herramientas a la justicia. En el caso de la policía que los detiene y ve cómo funciona la puerta giratoria. Además trabajar en el campo y conseguir pruebas en el campo es más complejo. Se necesita una decisión política que es la de que en el Código Penal el abigeato debería ser contemplado de otra manera”.

Matías Martiarena, Vice del Distrito Tres de Federación Agraria, dijo que “ la entidad, por FAA, ha pedido en reiteradas oportunidades que la justicia tenga una fiscalía específica de delito de abigeato, teniendo en cuenta que uno de estos casos cae en una fiscalía, el fiscal tiene mil problemas que no tienen que ver con el caso específico de abigeato y el tratamiento que el delito merece”. Sostuvo que si en la “provincia hubiera una fiscalía específica entendemos que estas cuestiones judiciales no pasarían y que a cuatro personas que detuvieron con tres novillos faenados, que tiraron un arma que al otro día encontró la policía anden sueltos por la calle como si nada”. Cerró diciendo que es “una burla para todos los productores, para el mismo personal de abigeato que tiene identificados a estos sujetos, los detienen con las manos en la carne, los llevan a Jefatura, para luego terminar liberados y en muchos casos se pasean por frente a las Comisarias a modo de burla”.

Finalmente, Juan Diego Etchevehere, Director de la Sociedad Rural Argentina señaló que “Los productores agropecuarios, al igual que la sociedad toda, necesitamos sentir que vivimos en un estado de derecho, donde la normas jurídicas se cumplan y apliquen en defensa de las víctimas reales. Desde el sector vemos con preocupación cómo el abigeato asola a muchos productores ganaderos de nuestra provincia, que con impotencia observan como su derecho a la propiedad es vulnerado sin consecuencia legal alguna. Las leyes que condenan al abigeato existen, necesitamos que el gobierno y la justicia en forma permanente las hagan efectivas”.