La pandemia desnudó "la cruda realidad" carcelaria, según el defensor general de Entre Ríos
El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, aseguró hoy que la pandemia del nuevo coronavirus "no hizo más que desnudar la cruda realidad" del sistema penitenciario, con "altísimos niveles de sobrepoblación y hacinamiento".
El impacto de la pandemia en las unidades penales "puede ser de gran magnitud si no se toman medidas excepcionales con prudencia, racionalidad y tiempo suficiente", señaló Benítez.En un escrito difundido por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, dijo que "sólo se otorgaron" 14 prisiones domiciliarias en Entre Ríos por la emergencia sanitaria; 42 personas quedaron en libertad al "cumplir íntegramente la pena" y ocho con libertad condicional.Benítez sostuvo que "no son suficientes" los Juzgados de Ejecución de Penas, y por eso "presos con buena conducta y tiempo de cumplimiento de pena ven frustrados derechos que les corresponden" ya que los jueces no pueden "resolver en tiempo y forma".El funcionario sostuvo que la situación "se agrava" por la "inmensa cantidad de personas privadas de libertad sin condena firme, donde en el sistema federal existen más personas presas sin condena que con condenas firmes".Las cárceles "en una proporción muy importante son vetustas, algunas del siglo XIX, y no aptas para la rehabilitación de los privados de libertad", detalló.Por eso, rescató recomendaciones de organismos internacionales de "disponer en forma racional y ordenada de medidas alternativas a la privación de libertad intramuros" debido al "alto impacto que el Covid-19 puede tener" allí.Respecto a Entre Ríos, Benítez afirmó que "se encuentra en una mejor situación relativa" pero "no escapa a la realidad descripta"."No existen personas que cumplan ni un día de pena en comisarías, la enorme mayoría de los privados de libertad tienen condenas firmes y la sobrepoblación carcelaria es inferior a otras jurisdicciones", detalló.Finalmente, pidió trabajar sobre "cuestiones como la existencia de cárceles vetustas, la falta de Juzgados de Ejecución de Penas y la necesidad de modernizar el sistema procesal, reemplazándolo por un proceso oral y contradictorio que agilice el proceso"."Esto permitirá al Estado Argentino cumplir con los deberes especiales de protección respecto a las personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y de necesidad de protección del sujeto de derecho", concluyó.FUENTE TELAM
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