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Fallas del Estado y Responsabilidad Social Individual

Julián Lazo Stegeman

Si consideramos la perspectiva contractualista, aquella que comparten (con algunas diferencias) distintos pensadores de la modernidad como Locke, Hobbes o Rousseau para analizar la realidad social, podemos argumentar que el origen del Estado ocurre mediante un contrato originario e inicial entre los humanos. A partir de él, los individuos aceptan una limitación de sus respectivas libertades a cambio de diversas normativas y regulaciones que promuevan y garanticen ciertos beneficios y ventajas para el colectivo social en su conjunto.

Ahora bien, ¿qué sucedería si el Estado no cumple con los compromisos establecidos en el mencionado contrato?. Es decir, ¿qué ocurriría si la organización estatal no garantiza el beneficio colectivo de la sociedad?. Una hipotética respuesta a estos interrogantes podría ser que, al romperse el contrato por el incumplimiento de las obligaciones allí dispuestas, los individuos recuperan parte de aquellas libertades que habían sido cedidas al Estado con el compromiso de asegurar el bien común.

Si utilizamos lo planteado en el párrafo anterior para analizar el contexto actual marcado por la pandemia del COVID-19, deberíamos considerar, en primer lugar, que el Estado argentino ha presentado diferentes puntos débiles en el manejo de esta crisis sanitaria. Desde, por ejemplo, las limitadas prestaciones sociales de emergencia para que los trabajadores no se vieran obligados a salir a la calle a cumplir con sus tareas para poder subsistir, quedando de esta manera expuestos a la propagación del virus, hasta las escasas campañas gubernamentales de concientización para la prevención y los cuidados sobre la enfermedad, el Estado ha exhibido claras fallas de gestión que no garantizan, bajo ningún punto de vista, el bien común para la totalidad de los individuos. En este sentido, como ya se explicó, cuando la organización estatal erra, el contrato social se rompe por el incumplimiento de los compromisos allí establecidos. De esta forma, los sujetos se ven facultados a disponer de las libertades que habían sido cedidas a ella como autoridad central y colectiva.

Aquí, es clave aludir a un concepto fundamental para comprender que esta recuperación de las mencionadas libertades otorgadas anteriormente al control estatal conlleva una gran responsabilidad. Esta concepción es la de "Responsabilidad Social Individual".

Ésta hace referencia a la conducta ética del ciudadano para consigo mismo y con su entorno y va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones legales. Está relacionada con nuestra actitud en el hogar, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con el ambiente, con el trabajo y con la sociedad en general (Fuente: www.aec.es). Cuando el Estado falla y nos delega las libertades que antes le habíamos cedido, debería ser con el objetivo de que nos hagamos cargo de buscar las soluciones y las respuestas que él no nos puede brindar. En esta línea, recuperar nuestras libertades conlleva una gran responsabilidad. Ésta es la oportunidad de cuidar al otro, a nuestros pares. A su vez, es la posibilidad de hacer valer nuestras capacidades individuales cuando la gestión colectiva se muestra frágil.

Lejos de pretender caer en el binarismo tan recurrente en estos días de lo "individual/colectivo", la presente columna de opinión intenta resaltar la necesidad y las virtudes de la Responsabilidad Social Individual cada vez que la gestión estatal exhibe debilidades.

Para finalizar, cabe decir que es preciso ser conscientes de nuestras libertades, las responsabilidades que conllevan y comprender la importancia de cuidarnos entre todos nosotros.