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Crisis de legitimidad

Por Julián Lazo Stegeman

La legitimidad define la cualidad que tiene un poder o sistema político para que su autoridad emane del consenso social articulado en un compromiso tácito entre los que gobiernan y los gobernados, sin tener que recurrir a la coacción o amenaza de la fuerza (Fuente: Eduardo Montagut para www.nuevatribuna.es https://www.nuevatribuna.es/opinion/eduardo-montagut/legitimidad-politica/20170227160634137192.html).

Más allá de las cuestiones técnicas e ideológicas que se suelen escuchar en los debates de la opinión pública alrededor de, por ejemplo, las diferentes leyes que se tratan en el Congreso de la Nación, es pertinente señalar que nuestra clase política en general atraviesa un grave problema en torno a la legitimidad que posee para llevar adelante los diálogos necesarios para nuestro país. En esta línea, se observa como diferentes sectores de la ciudadanía miran con desconfianza y suspicacia los accionares de nuestra dirigencia.

Años y años de crisis políticas y económicas sumadas a graves fallas en lo que respecta a la transparencia y a la corrupción han provocado que la población vaya perdiendo confianza en la capacidad y la eficiencia de los cuadros políticos actuales para tomar decisiones y medidas pertinentes que resuelvan las demandas sociales de la Argentina. A su vez, es sabido que nuestro país necesita con urgencia muchos debates sobre diversas temáticas (reforma tributaria, vivienda digna, pobreza, entre otras). Por esta razón, cuando existe una ciudadanía que no confía en sus funcionarios sumada a una diversidad de problemáticas sin resolver, el asunto de la legitimidad política se convierte en una cuestión preocupante.

Afortunadamente, pese a su relativa juventud, nuestra república ha dado sobradas muestras de su robustez para contener y tolerar los diferentes conflictos sociales que hemos experimentado como país desde la vuelta de la democracia. De todas maneras, estos mencionados conflictos fueron dejando marcas que han ido socavando la credibilidad de los políticos nacionales que nos representan. Esta falta de credibilidad repercute negativamente en el consenso con la población que necesitan los funcionarios para poder gobernar. Entonces, dado este panorama, la clase política acciona bajo una institucionalidad vacía de legitimidad que no le permite tomar medidas de fondo como las esgrimidas en el párrafo anterior. Ésto debe quedar en claro: nuestros representantes no pueden establecer normas eficientes para las contingencias complejas de la Argentina no sólo porque no pueden o no quieren, sino, también, porque carecen de la legitimidad necesaria para llevar adelante un gran diálogo nacional sobre las distintas cuestiones sobre las que hay que discutir.

En este punto es imprescindible remarcar lo siguiente. La dirigencia política mantiene una legitimidad irrevocable debido a que fue elegida mediante el voto popular. De todos modos, lo que se pone en discusión en el artículo de hoy es aquella legitimidad que debe ser obtenida a través de la construcción de consenso entre representantes y representados. Aquí existen fallas cuyas causas se pueden rastrear en los motivos explicados líneas más arriba. Esta situación ha dañado la imagen de la clase política nacional y perjudica la relación entre los funcionarios y la ciudadanía, la cual es fundamental para comenzar a resolver los problemas del país.

Pareciera ser que los políticos están cada vez más lejos de la gente. Y que esta distancia dificulta cada vez más la construcción de consenso entre unos y otros. Entonces, si los funcionarios no logran consensuar con la ciudadanía y recuperar la confianza y la credibilidad necesarias, las soluciones de fondo que deben tomar en estos tiempos complicados van a ser difíciles de llevar adelante.