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El paro de los judiciales tuvo un 95% de adhesión en la ciudad

El 90 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial entrerriano se plegaron este miércoles al paro total de actividades resuelto por AJER en reclamo de la restitución de la ley de enganche.

"Son muy altos los niveles de acatamiento en toda la provincia, estamos muy conformes”, destacó el secretario general del gremio, Mario Brnusak, tras la medida de fuerza ejecutada este miércoles 18.

Se trató del primero de los dos paros dispuestos por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) contra lo que consideran una “derogación de facto” de la ley que establece el sistema salarial del Poder Judicial entrerriano, por parte del Gobierno provincial.

“Estamos muy conformes con los porcentajes de acatamiento, son muy altos en toda la provincia”, expresó Brnusak al dar a conocer la adhesión de las distintas filiales a la medida.

Alcanzó el 95,5 por ciento en Concordia; 90 en Paraná; 95 por ciento en Gualeguaychú, Federal, Colón y Gualeguay; 80 en Uruguay y La Paz-Feliciano. Del 100 por ciento en Federación, Diamante, Tala y Villaguay mientras que se registró un 96 en Victoria y en Nogoyá 85 por ciento.

En tanto, Brnusak destacó la situación del personal judicial de San Salvador, donde no hay filial de AJER. En otras oportunidades sólo dos trabajadores acataban las acciones gremiales, pero esta vez, gracias al acompañamiento de la filial Concordia “se encuentran más contenidos” y se plegaron a la medida, alcanzando un 50 por ciento de adhesión.

CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS

El plan de lucha –que fue definido en Plenario provincial de AJER– continuará la semana próxima con otro paro total de actividades de 24 horas el miércoles 25 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración.

Luego, el viernes 27 se celebrará un nuevo Plenario provincial en el que se evaluará, de acuerdo a la respuesta del Gobierno, si se continúan o intensifican las acciones gremiales. AJER también resolvió realizar las consultas para iniciar las acciones legales correspondientes.

La medida de fuerza es en reclamo a “la inmediata restitución y aplicación integral” de la Ley 10.068, denominada ley de enganche, que establece el sistema salarial del Poder Judicial y que había quedado suspendida mientras regía la ley de emergencia provincial.

Al no prorrogarse la emergencia, la ley de enganche se encuentra actualmente en vigencia. Pese a ello, el Gobierno otorgó al sector, mediante el decreto N° 1.805, un aumento salarial del 8 por ciento. Los judiciales consideran que esto constituye “una derogación de facto” de la ley de enganche.

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