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Consenso democrático, régimen político y sociedad civil

Las experiencias que vienen atravesando diversos países latinoamericanos, inclusive antes de la pandemia, donde los ribetes republicanos se tensan a más no poder, nos deberían llevar a reflexionar como país acerca del pacto social, sustentado en el consenso democrático, que estructura nuestro sistema político nacional.

A su vez, estos ejemplos de las naciones vecinas nos deberían llevar a pensar sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos a la hora de proteger, honrar y justificar día a día con sus acciones y decisiones a la república.

El estallido social y la crisis institucional que se está viviendo en Colombia es una clara muestra de lo que sucede si se quiebra la relación entre el régimen político y la sociedad civil. Si bien todos somos responsables de que esto no suceda (desde medios de comunicación hasta sectores empresariales, pasando por instituciones educativas, fuerzas de seguridad, entre otros), es el Estado y sus administradores los que poseen la autoridad legítima suficiente para poder utilizar todas las herramientas de la gestión pública para evitar que aquello suceda. La fuerza del voto y de la soberanía popular dotan a los funcionarios gubernamentales para llevar adelante y tomar decisiones que no sólo transformen la realidad de las personas, sino que también resguarden el consenso democrático.

El abogado, académico y ex Consejero del Instituto Federal Electoral de México, Marco Antonio Baños, plantea lo siguiente: “El pacto social ha permitido transitar a entornos democráticos estables, con pluralismo y alternancia pacífica gracias al reconocimiento e inclusión de las oposiciones, a medidas que, sin renunciar al derecho que tienen las mayorías de hacerse presentes, procuran consensos con minorías que en conjunto no son tan marginales y tienen, en todos los casos, también respaldo en votos…” (Fuente: El Economista de México https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Democracia-y-consenso-20200301-0091.html). Precisamente, la fortaleza y el mantenimiento del consenso anteriormente mencionado requiere de la mancomunión entre oficialismo y oposición. La tolerancia entre ambas y la exclusión de la forma de hacer política mediante la verborragia agraviante y peyorativa son dos pilares fundamentales para robustecer el pacto republicano.

Marco Antonio Baños dice a continuación: “En ninguna sociedad democrática se puede asumir que los pensamientos de la población están uniformados o en sintonía precisa con todo lo que decida algún gobierno municipal, estatal o presidencial. Las decisiones de fuerzas partidistas en los congresos tampoco son, necesariamente, fiel reflejo del ánimo social, pero siempre deben hacer un esfuerzo por honrarlo. Nuestro modelo legal otorga periódicamente confianza a los actores políticos que compiten por el voto en las urnas y para ello se valoran sus ofertas generales (en algunos casos más específicas) de gobierno o representación legislativa, las cuales, en teoría, son las que deben aplicar en sus encargos, y si no lo hacen la nación se los demanda retirándoles su respaldo o expresando su descontento (Fuente: El Economista de México https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Democracia-y-consenso-20200301-0091.html). En efecto, podríamos argumentar que las disidencias o diferencias de criterios siempre se deben dirimir dentro de las instituciones democráticas, nunca por fuera de ellas. La relación entre el régimen político y la sociedad civil debe sustentarse en el marco jurídico que configura nuestro sistema republicano y evitar a toda costa que aquella mencionada relación se rompa.

La clase política no debe gobernar de espaldas a la ciudadanía y sus problemáticas. Esto implica un compromiso no sólo con las personas que les otorgaron la responsabilidad de ejercer como funcionarios mediante el voto sino, también, un acuerdo pacífico entre las partes que conforman el régimen político para que desde las cúpulas del poder público se cuide el pacto social radicado en el consenso democrático.

Julián Lazo Stegeman