El Gobierno nacional dispuso la derogación definitiva de las normativas que regulaban los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, junto con otras disposiciones vinculadas al comercio interior. A través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, quedaron sin efecto 58 normas dictadas principalmente entre 2022 y 2023.

La decisión se encuadra en el proceso de desburocratización de la administración de Javier Milei y apunta a simplificar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores, reduciendo la cantidad de regulaciones vigentes. Desde el Ejecutivo sostuvieron que las disposiciones derogadas habían perdido efecto práctico tras la finalización de los programas que les dieron origen y que su permanencia generaba complejidad normativa innecesaria.

Los argumentos del Ejecutivo

El Gobierno destacó que desde diciembre de 2023 la Secretaría de Industria, Comercio y PyME lleva adelante una revisión integral del marco normativo. Con las últimas derogaciones, el total de normas eliminadas en ese proceso asciende a 240.

En los fundamentos de la resolución se señaló que la eliminación de estas regulaciones contribuye a una mayor claridad jurídica y facilita su interpretación tanto por parte de los ciudadanos como de los operadores del mercado, reduciendo la ambigüedad y la incertidumbre legal.

Fin del financiamiento subsidiado

El paquete derogó 30 normativas asociadas a Ahora 12 y Cuota Simple, programas que promovían el consumo mediante la financiación en cuotas con tasas subsidiadas o por debajo de las del mercado. Cuota Simple —que había reemplazado a Ahora 12 y permitía compras en tres y seis cuotas fijas— había dejado de renovarse en junio de 2025, a lo que siguió la derogación formal de su marco regulatorio.

También fueron eliminadas 22 normas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), mecanismo creado para intervenir en los precios de la cadena triguera.

Educación y defensa del consumidor

La normativa derogó además cuatro disposiciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar con anticipación los aumentos de aranceles. El Gobierno argumentó que esa obligación generaba distorsiones, ya que los colegios fijaban incrementos preventivos y arbitrarios.

En materia de defensa del consumidor, fue eliminada la Resolución 236/2021, que habilitaba a adolescentes de entre 13 y 17 años a presentar reclamos a través de la Ventanilla Única Federal. El Ejecutivo justificó la medida al entender que la normativa general ya garantiza la protección de ese grupo, y que mantener la disposición implicaba una superposición regulatoria.