La jornada fue propuesta y organizada por la legisladora del PRO por Chaco, Marilú Quiroz y contó con la participación de un panel integrado por 20 profesionales de la salud, química, abogacía, entre otras disciplinas, que expusieron sobre la temática en cuestión.

La disertación de los especialistas se extendió durante poco más de 6 horas, por lo cual, ofrecemos un resumen de los puntos que consideramos más importantes.

Marilú Quiroz – Diputada Nacional

En su alocución, la organizadora del ateneo, expresó: “Quiero agradecer profundamente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por autorizarnos a realizar este encuentro, que considero de enorme importancia. No fue sencillo. También agradezco a quienes nos cedieron esta sala, a los expositores, al público presente y a mi equipo. Con el aporte de todos, esto pudo concretarse”.

“Deseo hacer un reconocimiento especial a quienes, con gran templanza, ayudaron a acercar posiciones y a calmar algunos ánimos alterados. Su rol fue determinante. Este encuentro no fue fácil de lograr: intentaron cancelarlo varias veces, pero, como pueden ver, aquí estamos”.

“Siempre existieron sectores que intentaron sostener un único relato oficial, sin voluntad de escuchar voces calificadas, algo esencial para la ciencia. Sabemos que, cuando dentro de seis horas este evento concluya, quizás no obtengamos un resultado concreto, pero sí habremos logrado algo imprescindible: visibilizar la temática y abrir el debate ante la sociedad y el Congreso”.

“Mi objetivo como legisladora nacional fue habilitar un espacio donde todas las posiciones pudieran expresarse con libertad. Estoy finalizando mi mandato como diputada, pero hoy damos un puntapié inicial para avanzar en un anhelo compartido: revisar la obligatoriedad y compulsividad de la vacunación, y profundizar en el análisis sobre qué se nos inoculó durante la pandemia. Las cláusulas de confidencialidad con los laboratorios nunca debieron haberse aceptado; es un punto que exige total transparencia”.

“Hoy expondrán 20 oradores. Me habría gustado que participaran muchos más, pero el tiempo no lo permitió. Mis disculpas a quienes no pudieron hacerlo. De todos modos, las voces invitadas fueron seleccionadas con criterio, pluralidad y fundamento. No crean que no convocamos a posturas contrarias; lo hicimos. Simplemente prefirieron no participar para evitar el intercambio abierto que hoy estamos dispuestos a dar”.

Oscar Botta – Médico pediatra

Médico pediatra con 50 años de trayectoria, exsecretario de Salud Pública de San Miguel y participante en diversos operativos sanitarios y auditorías del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

“Voy a hablar sobre autismo y vacunas”, comenzó Botta. “A fines del siglo XX, el médico Andrew Wakefield, en Inglaterra, asoció la vacuna triple viral con el autismo. Habló en televisión y radio, y su mensaje se difundió por Inglaterra, Noruega y Suecia. En un gráfico puede observarse cómo, tras sus declaraciones, la gente dejó de aplicar la triple viral: bajó la vacunación y también los diagnósticos de autismo, hasta llegar a cero”.

Botta afirmó que Wakefield fue expulsado de Inglaterra y perdió su matrícula, pero luego se radicó en Estados Unidos, donde —según señaló— ganó un juicio recientemente. “Cuando lo expulsan, se deja de hablar de autismo y vacunas; y pueden ver en las imágenes cómo, cuando la gente vuelve a vacunarse, los casos de autismo aumentan nuevamente. En Inglaterra la vacunación no era compulsiva; en Argentina sí lo es, incluso con intervención policial”, sostuvo.

Respecto de otras vacunas, afirmó: “Cuando se incorporó la de la varicela, el autismo aumentó aún más. Muchas vacunas se fabrican con ADN humano fetal, con líneas celulares provenientes de pulmones fetales de 14 semanas de gestación”.

Botta mencionó al neurólogo canadiense Andrew Mulder, quien —según indicó— investigó el comportamiento de los glóbulos rojos y propuso que ciertos componentes de las vacunas, como aluminio o mercurio, generarían microtromboembolias que afectarían el cerebro. “Cada vacuna agregada incrementa el daño”, expresó.

También mencionó que Mulder “apareció muerto en 2013”, y cuestionó la aplicación neonatal de la vacuna contra la hepatitis B.

Citó, además, a la médica estadounidense Jane Tempany, quien sostiene que “nunca se demostró que las vacunas sean seguras” y que los niños recibirían grandes cantidades de aluminio, mercurio y otras sustancias químicas.

Por último, se refirió al químico inglés Chris Exley, quien habría encontrado elevadas concentraciones de aluminio en cerebros de pacientes con autismo: “El aluminio es neurotóxico y está presente en muchas vacunas, y nadie investiga nada”, concluyó Botta.

Marcela Sangorrín – Licenciada CC.BB

La doctora Marcela Sangorrín es licenciada en Ciencias Biológicas con doctorado en bioquímica, especializada posteriormente en microbiología y biotecnología. Investigadora independiente del CONICET y docente universitaria con 33 años de experiencia, ha publicado más de 50 trabajos en revistas internacionales con referato, dirigido seis tesis doctorales y recibido diversas distinciones por su labor científica.

“Desde 2022, junto con la licenciada Lorena Diblasi, comenzamos a analizar viales de vacunas contra el COVID-19. La decisión surgió por la inquietud que generaba todo lo relacionado con la vacunación y porque considerábamos que la narrativa de la pandemia había sido una gran mentira. Sabíamos que estas vacunas no cumplirían lo que prometían y queríamos estudiar su contenido, especialmente porque la ANMAT, según los contratos firmados —con cláusulas de confidencialidad—, no realizaba los análisis pertinentes. El contenido era desconocido hasta que la Dra. Maldonado obtuvo judicialmente los protocolos”, afirmó.

Relató que, ante lo que describe como “el desafío de estos inóculos impuestos por coacción”, médicos y enfermeros que observaban supuestos daños en pacientes les entregaron viales para su estudio. “Analizamos las seis marcas aplicadas en Argentina y, además, vacunas contra dengue y gripe, sueros fisiológicos y anestesias dentales. Hoy no llegaré a detallar todo; está disponible en la página laresistencia.live”, explicó.

El primer análisis realizado fue con microscopía de fluorescencia. “Lo iniciamos porque en Alemania y España científicos independientes habían detectado partículas con espectros compatibles con óxido de grafeno. En nuestro laboratorio del CONICET disponíamos de un estándar de óxido de grafeno, y lo utilizamos para comparar la fluorescencia en distintas longitudes de onda. El óxido de grafeno es altamente fluorescente, con un amplio rango entre 300 y 1200 nm. Con el estándar de la empresa Sigma Aldrich pudimos observar en campo claro cómo se veían las partículas y, con diferentes filtros, la luz que emitían”.

Según Sangorrín, encontraron lotes con partículas que mostraban fluorescencias distintas bajo un mismo filtro: “Eso indica que no están funcionalizadas con los mismos grupos químicos. Todo esto está descripto en la bibliografía científica y nuestros análisis fueron realizados personalmente, frente a escribano público y con acta notarial que certifica el procedimiento”.

Ante las consultas sobre tamaño y cantidad de partículas, recurrieron a un laboratorio privado de Buenos Aires que utiliza el equipo Morphology 3. “Este sistema permite cuantificar y caracterizar partículas mayores a 0,5 micrones. En un lote de Pfizer encontramos 70.000 partículas por mililitro, cuando la farmacopea solo permite hasta 6.000 partículas de 10 micrones y 600 de 25 micrones. Nosotros hallamos casi 60.000 de 10 micrones y 7.000 de 25 micrones. En el caso de Sputnik, los valores también excedían más de cien veces los límites permitidos”.

El tercer análisis, para identificar la composición química de las partículas, fue encargado a otro instituto del CONICET mediante un microscopio con dispersión de rayos X. “En una muestra de AstraZeneca, por ejemplo, observamos una estructura similar a un pañuelo. El análisis mostró un 47% de carbono, 36% de oxígeno, además de sodio, hierro y cobre. En las distintas marcas —AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm y CanSino— detectamos más de diez elementos no declarados, entre ellos aluminio, cobre, hierro, manganeso y platino. Estos elementos no deben estar en un inyectable; muchos son tóxicos y más aún formando partículas”.

Finalmente, Sangorrín señaló que los estudios fueron presentados desde 2022 como trámites a distancia ante ANMAT, el Ministerio de Salud y el CONICET: “Nunca respondieron. Y cuando lo hicieron, fueron evasivas o textos genéricos sacados de internet diciendo que las vacunas son seguras y efectivas. jamás realizaron los análisis oficiales. Es gravísimo, porque estas partículas y elementos tóxicos no deberían estar y, según nuestros hallazgos, son los que estarían provocando los daños asociados a estas vacunas”.

Pablo Javier Stolkiner – Licenciado , investigador

Pablo Javier Stolkiner es licenciado en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Investigador independiente, socio del estudio contable Stolkiner y Asociados, padre de dos hijos y autor del trabajo “Cómo crearon la pandemia del COVID-19”.

Durante su exposición, Stolkiner explicó que su investigación se centra en el rol de figuras y organismos internacionales en la gestión de la pandemia. Sostuvo que, en su obra, describe “cómo Bill Gates y otros actores de poder lograron que más de 6.000 millones de personas en el mundo se aplicaran la vacuna contra el COVID-19”. Señaló como antecedentes dos intervenciones públicas del propio Gates: la charla TED de 2010, donde habló de la presión demográfica y el desarrollo de nuevas vacunas, y la de 2015, donde advirtió que una futura pandemia viral podría causar más de 10 millones de muertes.

Según Stolkiner, el primer paso para “crear una pandemia” habría sido asegurar financiamiento. Afirmó que, tras reuniones entre Gates y autoridades del Banco Mundial en 2016, se impulsaron mecanismos de financiación para futuras emergencias sanitarias. A esto sumó el apoyo científico —según su análisis— de la Universidad Johns Hopkins, institución a la que Gates habría realizado importantes donaciones y que desde 2017 desarrollaba simulacros de pandemia.

Otro eje señalado fue el “control institucional”. Stolkiner recordó que la Fundación Gates fue uno de los principales aportantes de la Organización Mundial de la Salud entre 2018 y 2021. En paralelo, mencionó inversiones en empresas vinculadas al desarrollo de vacunas, como BioNTech y Moderna. Calificó esta situación como “incompatible”, al considerar que quienes impulsaban recomendaciones sanitarias obtenían beneficios económicos del mismo sector.

También mencionó un acuerdo firmado en 2019 entre el Foro Económico Mundial (FEM) y la ONU, orientado a acelerar la Agenda 2030. Para Stolkiner, ese convenio plantea interrogantes sobre la influencia de corporaciones farmacéuticas —miembros del FEM— en las políticas de salud global. Planteó dos preguntas al respecto: si es deseable que un consorcio empresarial incida en decisiones sanitarias internacionales y si es aceptable que quienes recomiendan vacunas tengan intereses económicos en ellas.

Entre los pasos que, según su trabajo, completaron este esquema, incluyó el alineamiento de gobiernos nacionales con lineamientos del FEM y la OMS, y mencionó el caso argentino con referencias a pronunciamientos de 2018 y 2020. También citó el simulacro “Evento 201”, realizado en octubre de 2019 por Johns Hopkins, la Fundación Gates y el FEM, que establecía pautas de gestión ante una hipotética pandemia, incluyendo estrategias de comunicación.

Stolkiner calificó como “el show de la pandemia” la etapa iniciada en 2020 tras la declaración de emergencia internacional. Describió el rol de la OMS, la ONU, los gobiernos, el Banco Mundial, los medios de comunicación y los laboratorios. Cuestionó la utilidad diagnóstica del test PCR, los incentivos económicos a instituciones médicas y los protocolos aplicados en terapia intensiva, que —según afirmó— contribuyeron a la mortalidad hospitalaria.

Sostuvo que el año 2021 registró un aumento de muertes en Argentina coincidente con la campaña de vacunación contra el COVID-19, y mencionó un incremento significativo en los reportes oficiales de efectos adversos. Criticó además el pase sanitario, al que describió como un mecanismo coercitivo contrario a principios constitucionales y al Código de Núremberg. Finalmente, señaló que la digitalización global de certificados COVID habría contado con financiamiento de la Fundación Gates.

Mario Borini - Médico

El Dr. Mario Borini es médico (M.N. 33.200), especialista en clínica médica, diplomado en salud pública y epidemiólogo, con formación en metodología de la investigación. Fue profesor titular de Salud Pública en la Universidad de Buenos Aires entre 2003 y 2008 y recibió el Premio de la Academia Nacional de Medicina por su labor académica y científica.

Durante su intervención, Borini destacó el contexto de “censura, intimidaciones y detenciones” que, según señaló, enfrentaron profesionales críticos de las políticas aplicadas durante la pandemia. Consideró que muchos de esos conflictos podrían haberse evitado con debates científicos abiertos, que a su juicio no ocurrieron.

En su análisis, Borini cuestionó la Ley 27.573, que autorizó la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Señaló que la confidencialidad contractual, la inmunidad jurídica para los laboratorios y la pérdida de soberanía judicial hacen, a su entender, imposible “aprobar o indicar” tales inoculaciones desde una perspectiva ética. “Si alguien lee la ley y aun así sostiene que valía la pena, no vale la pena discutir”, afirmó.

Respecto de las medidas sanitarias, sostuvo que no existe evidencia científica que respalde el “encierro universal” de personas sanas durante una epidemia. Mencionó ejemplos de países que no aplicaron cuarentenas totales —como Japón, Hong Kong, Islandia o Taiwán— y que, según su interpretación, no presentaron peores indicadores de mortalidad que Argentina. Para Borini, los propios datos oficiales contradicen la eficacia de los confinamientos estrictos, motivo por el cual, sostuvo, “no hubo debate”.

Julio Razona - Abogado

Julio Razona es abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata, especializado en victimología y con ejercicio profesional ininterrumpido desde 1986. Fue reconocido en las primeras Jornadas Nacionales de Reconocimiento y Solidaridad Argentina.

En su exposición, Razona adelantó que su análisis se centra en lo que denomina “fraude sanitario”. Recordó que su primera intervención pública en este ámbito fue una denuncia penal contra el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y mencionó que recientemente la Suprema Corte bonaerense dio curso a una acción de inconstitucionalidad que presentó contra la ley de vacunación obligatoria.

Según su planteo, la pandemia configuró una “asociación ilícita internacional” que habría involucrado a la Organización Mundial de la Salud y a distintos actores locales —legisladores, jueces, funcionarios— sin cuya participación, afirmó, “no podría haberse llevado a cabo este genocidio sanitario”.

Razona citó el DNU 125/2021, firmado por el presidente Alberto Fernández, como ejemplo de “privación ilegal de la libertad”, al considerar que vulneró la Constitución Nacional al establecer restricciones que —según sostuvo— no pueden ser impuestas mediante un decreto. Señaló que, pese a múltiples presentaciones de habeas corpus en distintas jurisdicciones, ningún juez hizo lugar a las demandas, lo cual atribuyó a la existencia de “un poder detrás de todo esto”.

Asimismo, relató casos en los que, según afirma, partidas de defunción consignaban COVID-19 como causa de muerte en situaciones que correspondían a otros motivos, lo que derivó en una denuncia por falsedad ideológica de instrumento público. Sostuvo que, tras la difusión de estos reclamos, “mágicamente” dejaron de registrarse muertes por COVID en Mar del Plata.

Entre otras acciones legales que impulsó, mencionó un amparo para que se administrara ivermectina a pacientes, iniciativa que —afirmó— contaba con el apoyo de profesionales médicos, pero que fue rechazada por la Justicia. También presentó una denuncia penal por presunto “envenenamiento”, basada en informes técnicos y en supuestos incumplimientos en los procedimientos de vacunación, como la falta de consentimiento informado y la ausencia de médicos responsables en los vacunatorios.

Finalmente, Razona indicó que, a su criterio, las personas con efectos adversos —y quienes fallecieron— son víctimas de abandono de persona, o abandono seguido de muerte, figura penal que contempla penas equivalentes a las del homicidio simple.

José Luis Rogelio Gettor - Médico emergentólogo

Con matrícula (MN 68.897 / MP 5.487), egresado de la UBA en 1984, se desempeñó como médico civil de la Armada Argentina, es auditor del IOCE y concurrente en Clínica Médica del Hospital Churruca. Desde 2006 es director médico de las ambulancias privadas AME, en Buenos Aires.

Durante su exposición, Gettor sostuvo que en los últimos años “se ha manipulado el lenguaje”, algo que consideró clave para “comprender o distorsionar la realidad”. Dijo haber recopilado capturas de pantalla de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, donde —según señaló— se modificaron sucesivamente las definiciones oficiales sobre “vacunación” y “vacuna”.

Recordó que, al 9 de julio de 2014, los CDC definían la vacunación como la “inyección de un organismo infeccioso muerto o debilitado para prevenir una enfermedad”. Según explicó, ese concepto cambió el 10 de octubre de 2014, cuando pasó a describirse simplemente como “el acto de introducir una vacuna en el cuerpo para producir inmunidad”. Esa definición —afirmó— se mantuvo hasta el 1° de septiembre de 2021.

Al día siguiente, el 2 de septiembre, la redacción volvió a modificarse, reemplazando “inmunidad” por “protección”. Para Gettor, estas variaciones “tienen consecuencias graves”, ya que —sostuvo— la legislación se apoya en terminologías que “cambian permanentemente” y responden a “intereses de los laboratorios”. En ese marco, cuestionó el financiamiento privado de la OMS e interpretó que la organización “terminó condicionada” por la industria farmacéutica desde fines de los años 90.

El médico también citó definiciones de la bióloga española Almudena Zaragoza, quien describe a los virus como “mensajes biológicos” compuestos por proteínas y material genético, abundantes en la naturaleza y presentes en el microbioma humano. Según Zaragoza, los virus cumplen funciones reguladoras, forman parte del viroma y del transcriptoma humano, y participan en distintos procesos fisiológicos.

Gettor retomó esos conceptos para afirmar que “los virus son mensajeros fabricados por el propio organismo”, una idea que vinculó con teorías del siglo XIX atribuidas a Antoine Béchamp, en contraposición a la tradición pasteuriana.

En el cierre, sostuvo que no se deberían dictar leyes que obliguen a la población a aplicarse “productos cuya definición cambia según los diccionarios médicos”, y pidió que la legislación “se utilice para ayudar a la gente”.

Federico Nazar - Profesor

Federico Nazar, coordinador del Consejo Mundial de la Salud en Argentina y profesor de bioética, ha participado como conferencista en encuentros internacionales en Europa, América y Asia, y fue entrevistado por diversos medios de la región. Al tomar la palabra, presentó el caso de un niño británico que, según expuso, habría comenzado a convulsionar pocas horas después de recibir la vacuna triple viral, episodio que —afirmó— se viralizó ampliamente en redes sociales. Señaló que los posibles vínculos entre vacunas y autismo representan, a su juicio, una problemática grave. También mencionó un video filmado en Salta por Ramón Lobo, en el que algunas personas, luego de vacunarse, manifestaban experimentar fenómenos de “magnetismo” en el cuerpo.

Ángel Yahbes – Médico pediatra

El médico pediatra Ángel Yahbes, matrícula nacional 30.101, egresado de la UBA y galardonado en 1971 con el Premio Aguilar Giraldes por una investigación en nutrición parenteral, comenzó definiendo tres conceptos que considera centrales:
Iatrocidio, término de la medicina forense para referirse a la mala praxis que puede provocar la muerte;
Democidio, referido a muertes causadas por gobiernos, incluyendo asesinatos masivos; y
Humanicidio, acuñado por Michel Lacroix, que alude a la posible desaparición de la humanidad por diversos factores.

Yahbes presentó su exposición bajo el título “Inóculos COVID: implicaciones genéticas y éticas”, y sostuvo que para comprender la pandemia y las vacunas contra el SARS-CoV-2 es necesario revisar antecedentes documentales. Mencionó el informe del Dr. David Martin ante el Parlamento Europeo, en el que se describiría —según dijo— una planificación previa vinculada a la creación de una enfermedad tipo SARS, intereses de investigación en ganancia de función en Wuhan y el rol de organismos internacionales y laboratorios en el desarrollo de vacunas basadas en ARN mensajero.

Indicó que ese ARN mensajero utiliza nucleótidos modificados y nanopartículas lipídicas, y atribuyó a este tipo de tecnología distintos efectos adversos. Afirmó, además, que la proteína Spike tendría propiedades patogénicas asociadas a sistemas cardiovasculares, renales, reproductivos y procesos de coagulación.

Yahbes citó también la existencia de múltiples patentes previas relacionadas con componentes del SARS-CoV-2, entre ellas registros atribuidos a Moderna y a los CDC, así como declaraciones de científicos involucrados en investigaciones sobre coronavirus. Según su exposición, estos elementos constituirían evidencia de una estrategia global orientada a desarrollar una “vacuna universal” antes de la pandemia.

Sostuvo que documentos como Un mundo en riesgo (OMS, 2019) habrían anticipado un escenario de liberación accidental o intencional de un patógeno respiratorio. También mencionó declaraciones públicas del director de Pfizer, Albert Bourla, interpretadas como reconocimiento de que las vacunas se basaron en un “virus construido en laboratorio”.

Finalmente, aseguró que los componentes inoculados contendrían elementos nano y microtecnológicos capaces de interactuar con redes de comunicaciones y producir efectos neurológicos, lo que —según su planteo— configuraría una forma de arma biológica o tecnológica. En ese marco, vinculó la aplicación de vacunas con posibles figuras penales como iatrocidio y democidio, y sostuvo que las decisiones gubernamentales habrían vulnerado normativas constitucionales, códigos legales y principios de bioética.

Lorena Diblasi – Biotecnóloga

Es licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Tucumán, cuenta con trayectoria en investigaciones de nanotecnología farmacéutica, proteínas recombinantes de uso humano y cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Se desempeñó además en la industria farmacéutica en áreas de control y aseguramiento de calidad, y como auditora de laboratorios.

Durante su exposición, adelantó que presentaría dos ejes: por un lado, el estudio realizado mediante ICP-MASA junto con la Dra. Marcela Sangorrín, el Dr. Martín Monteverde y el Dr. David Nonis; y por otro, estadísticas —que asegura difundir por primera vez en Argentina— sobre personas afectadas por las vacunas contra el COVID-19.

Diblasi explicó que el análisis de muestras de todas las marcas de vacunas ingresadas al país permitió observar, mediante microscopía electrónica, nano y micropartículas compuestas principalmente por carbono y oxígeno, además de otros elementos químicos que —afirmó— no figuran entre los componentes declarados. Mencionó la presencia de platino, rodio, rutenio, cadmio, cromo y paladio, y sostuvo que estas partículas tienden a autoensamblarse en nuevas estructuras. Indicó que hallazgos similares fueron reportados por equipos de Rumania, España e Inglaterra, así como por un estudio local encabezado por el Dr. Gustavo Fano.

Según señaló, el análisis por ICP-MASA detectó 55 elementos químicos en los distintos lotes estudiados, a los que se sumarían otros identificados por SEM-EDX. Destacó además que las composiciones variaban incluso entre muestras duplicadas de un mismo vial, lo que atribuyó a la “heterogeneidad” del contenido. Para Diblasi, esta variabilidad indica que las vacunas “no cumplen con la uniformidad de contenido”, requisito básico de cualquier medicamento, especialmente en presentaciones multidosis.

La biotecnóloga afirmó que estos resultados fueron elevados a la ANMAT y al Ministerio de Salud, junto con pedidos formales para retirar del mercado los lotes analizados. También señaló que el equipo examinó vacunas contra el dengue, la gripe, sueros fisiológicos y anestesias dentales, asegurando haber encontrado óxido de grafeno y material fluorescente en todas las muestras tomadas al azar, incluso aquellas adquiridas en farmacias con certificación notarial.

Diblasi cuestionó las respuestas del ANMAT, basadas en un manual de la OMS/OPS, que —según interpretó— reconoce dificultades para realizar controles de calidad sobre el producto terminado y señala limitaciones analíticas en países que dependen de esos organismos internacionales. Para ella, esto implica “un acto de fe” respecto de los controles efectuados por las empresas farmacéuticas.

En la segunda parte de su intervención, destacó el trabajo de médicos, abogados y ciudadanos que, según sostuvo, integran una “comunidad organizada” que documenta casos de personas afectadas en el país. Afirmó que son “miles” los damnificados, aunque pocos se animan a realizar denuncias, y subrayó que el equipo médico ha registrado cada caso en el sistema nacional de farmacovigilancia.

Luego, la biotecnóloga, realizó una dinámica con un voluntario, vacunado contra Covid, quien apoyaba diferentes metales en su cuerpo y los mismos quedaban imantados.

Pablo Sebastián Roca - Abogado

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, litiga en las provincias de Córdoba, Salta, Buenos Aires y Santa Fe. Posee período docente aprobado con calificación sobresaliente en el Doctorado en Derecho y Economía —Régimen Jurídico del Mercado y del Crédito— de la Universidad de Cádiz, España.

Durante su exposición, recordó: “Como muchos colegas, soy un emergente del 2020. Siempre ejercí en derecho laboral y daños, lo convencional. Pero a partir de ese año comenzamos a presentar acciones contra el pase sanitario, en 2021, para acompañar a personas que querían trabajar, estudiar, viajar o incluso casarse”. Señaló que algunas de esas causas “habría que revisarlas hoy para ver qué sucedió”.

Agregó que, junto con la abogada Lucrecia Alvarado, también impulsaron acciones colectivas contra el uso obligatorio del barbijo en 2021: “Había estadios repletos, mientras los niños pasaban siete horas en las escuelas con barbijo. Nos tildaron de ser un peligro para la salud pública, de antivacunas o paranoicos. Pero a los quince días aquella resolución fue retirada”.

Roca afirmó que uno de sus objetivos principales es “visibilizar a las víctimas”, y enumeró varios casos que actualmente tramitan en juzgados federales:

• Graciela Muñoz, con dermatitis eritroide y trastorno cognitivo, causa radicada en el Juzgado Federal de Mercedes.

• Katiuska Parada de Guerra, con doble amputación de piernas y amputación de una mano, con expediente en la Ciudad de Buenos Aires.

• Agustina Suin, de Villa General Belgrano (Córdoba), también con amputaciones.

• Federico Carvajal, con síndrome de Guillain-Barré.

• Flavio Ochoa, cuyo caso tuvo amplia repercusión en medios nacionales en mayo de 2024.

• Emanuel Ocaña, representado por su madre, presente en el ateneo.

“Estas personas fueron señaladas como sifilíticas, conspiranoicas, codiciosas u oportunistas”, denunció. “Son respuestas de organismos sanitarios frente a quienes peregrinan buscando soluciones a problemas de salud. En muchos expedientes se invoca el ‘principio de solidaridad’, sugiriendo que el daño debe ser asumido por el bien común. Es una respuesta tremenda, propia de un sistema colectivista rancio, como un eco de épocas donde se hacían sacrificios humanos para que llueva”.

Roca también cuestionó el concepto de “emergencia sanitaria” sobre el que se basó el andamiaje jurídico del período 2020–2021: confinamientos, mandatos coactivos y medidas preventivas. Mencionó informes incorporados en distintas causas, entre ellos uno que —según indicó— cuestiona la especificidad de la técnica PCR y otro firmado por la bióloga canaria Naira Sasco.

Asimismo, citó estadísticas y análisis incluidos en el libro Falsos positivos, del bioestadístico Javier Sciutto. Destacó que el Congreso delegó facultades al Poder Ejecutivo que permitieron incluir cláusulas de confidencialidad e indemnidad patrimonial en los contratos con laboratorios: “Esas cláusulas blindan a productores, fabricantes, importadores y proveedores. Son inconstitucionales porque afectan la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva. Y están ligadas al sistema de comisiones médicas instaurado por la Ley 27.573”.
Enfatizó además que el Estado tiene “responsabilidad objetiva incontrovertible de no dañar”.

Ramiro Alberto Salazar Cisneros - Médico

Médico epidemiólogo egresado del Instituto Juan Lazarte de la Facultad de Medicina de Rosario. Fue docente universitario, asesor de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación y epidemiólogo de la Municipalidad de Rosario.

Agradeció la invitación y expresó: “Quiero rendir homenaje a todos los presentes y a quienes no pudieron venir. Desde 2020 han demostrado coraje para defender a sus familias y comunidades. Muchos enfrentaron persecuciones, coerciones y aprietes. Algunos incluso estuvieron detenidos y tuvieron causas judiciales, aunque luego fueran sobreseídos. La presión del poder llegó a cada uno con un apriete personalizado”.

Recordó que hubo gente que perdió su trabajo o la posibilidad de acompañar a familiares en momentos críticos. “Todo esto comenzó a gestarse en febrero de 2020, cuando advertimos un cambio en la intencionalidad de los servicios de salud”, explicó.
Como epidemiólogo, subrayó la necesidad de observar el comportamiento tanto de las enfermedades como de los sistemas sanitarios: “Muchas veces, por querer prevenir un daño, se genera un daño mayor. Es lo que ocurrió cuando se aplicaron herramientas inadecuadas”.

Señaló que, históricamente, jamás se había impulsado “un discurso terrorista desde el Estado para aterrorizar a la población respecto de una enfermedad”. Calificó este fenómeno como una “bajada de línea internacional” que evidenció, según su punto de vista, falta de soberanía sanitaria: “La definición de la enfermedad, el método diagnóstico, los reactivos y el tratamiento venían del extranjero. ¿Entonces para qué están el Ministerio de Salud, el ANMAT y tantos otros organismos?”.

Respecto del eje del encuentro, consideró llamativo que en 2025 todavía deba preguntarse qué contienen las vacunas: “La gente quiere saber la verdad. Quiere investigaciones oficiales, con presupuesto del Estado y realizadas por científicos argentinos, y no depender del trabajo independiente de profesionales que investigan en sus horas libres”.

Finalmente, cuestionó la influencia externa en distintos ámbitos productivos y sanitarios: “Desde afuera nos dicen qué productos usar en el campo, qué aplicar en la producción animal y qué medicamentos recomendar. En 2020, en los hechos, nos quitaron a los médicos la potestad sobre nuestros pacientes. No hubo indicación médica: se hizo todo de forma compulsiva, con el aparato mediático público y privado trabajando al unísono”.

También mencionó el rol de la diputada Quiroz en la organización del encuentro: “Seguramente debe soportar presiones de todo tipo. Nosotros hablaremos diez minutos, pero después van a hablar mal de nosotros durante tres años, porque para eso sí hay dinero: para ensobrar periodistas. Por eso destaco a los periodistas independientes presentes hoy, que también la han pasado mal”.

Andrés Ozols - Físico

El Dr. Andrés Ozols es físico, exprofesor del Departamento de Física —donde dictó cursos de electromagnetismo, física de semiconductores, mecánica cuántica y optoelectrónica— y consultor en ingeniería biomédica y ambiental. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos, biomateriales, terapias de regeneración tisular, fotobiomodulación y protección electromagnética.

Durante su exposición planteó la existencia de “un factor externo” poco discutido:
“Hoy se habló de nanotecnología, grafeno, metales pesados y partículas nanolipídicas con carga positiva. Si el cuerpo contiene materiales conductores, naturalmente va a responder a los campos electromagnéticos. Somos seres electromagnéticos: nuestro corazón y cerebro emiten señales de microvoltajes. Entonces, ¿qué ocurre cuando estos elementos interactúan con el ambiente?”.

Ozols presentó mapas del Ministerio de Salud y comparó tres variables: mortalidad por hemofilia en Argentina, distribución de antenas 4G y zonas con contaminación por arsénico. Según explicó, “todo conforma un combo mortal que respiramos, aspiramos y consumimos a diario, mientras estamos inmersos en un entorno de radiación constante”.

Afirmó que el aumento exponencial de las comunicaciones inalámbricas incrementó la exposición a radiación: “En 40 años, hasta 2010, y sin actualizaciones posteriores durante 15 años, la dosis de radiación que recibimos aumentó un billón de veces. Y con la expansión de la tecnología 5G, este nivel crece aún más. En Nueva Zelanda se observó un aumento de la mortalidad en paralelo al despliegue de estas tecnologías”.

También mencionó un descenso de la fertilidad en grandes urbes: “En Nueva York disminuyó un 80% durante el período de confinamiento. En zonas rurales no es tan marcado. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los factores en juego. Los dos más importantes son el estrés oxidativo —producto de interacciones electromagnéticas que generan radicales libres— y el daño sobre el ADN”.

Explicó que, según estudios académicos, la radiación no ionizante, a través de pulsos repetidos, puede afectar la membrana celular:
“Cada décima de segundo se emite un pulso que abre canales regulados por voltaje. Si la mitocondria —productora del ATP— sufre daño, muere la célula. Estas señales pulsadas, combinadas con haces dirigidos desarrollados originalmente con fines militares, potencian estos efectos”.

Ozols vinculó estos mecanismos con cuadros inflamatorios: “Hay daños mitocondriales, inflamación endotelial y síntomas que algunos trabajos asocian a los síndromes respiratorios agudos. También se observa el fenómeno de los glóbulos rojos apelmazados por efecto ‘rouleaux’, que puede generar obstrucciones tras pocos minutos de exposición al celular”.

Finalmente mencionó estudios de Suecia que, según afirmó, correlacionarían el aumento de glioblastomas con el uso prolongado del teléfono celular: “La probabilidad de un glioma cerebral después de 20 años de uso intensivo sería del 100%, y del 70% con uso moderado. No es ficción, es una realidad dura”.

Andrés González Valcarce - Abogado

El Dr. Andrés González Valcarce es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Jurídicas por la UCA. Desde 1986 trabaja en el fuero penal económico, es docente universitario, autor de numerosas publicaciones y referente en organizaciones académicas y profesionales.

Inició su intervención señalando la falta de debate científico durante la pandemia:
“Es incomprensible que no se haya querido discutir estas cuestiones. Karl Popper sostenía que la ciencia es conocimiento basado en hipótesis sometidas a crítica. Sin discusión no hay ciencia. Recuerdo cuando, en un programa televisivo, intentaron censurar al Dr. Yahbes y al Dr. Borini, impidiéndoles hablar”.

Contó que ya desde 2020 realizaron presentaciones en el Senado y en Diputados. Evocó el testimonio televisivo de un voluntario del Hospital Militar que participó de ensayos de la vacuna AstraZeneca:
“Dijo públicamente que le advirtieron que podría no tener hijos durante dos años, que todo era confidencial. Eso afecta directamente el aparato reproductor, como lo explicaron especialistas como la Dra. Roxana Bruno”.

Se refirió a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio:
“El sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que produzcan su destrucción total o parcial es un delito gravísimo. Por eso pedimos el veto presidencial a las cláusulas de confidencialidad, indemnidad patrimonial y prórroga de jurisdicción incluidas en la ley vigente”.

Consideró inadmisible que Argentina aceptara jurisdicción extranjera:
“Es contrario al artículo 1 del Código Civil y Comercial, que establece que la competencia atribuida a tribunales nacionales es improrrogable. Es incomprensible que un país con tradición moral y liderazgo regional haya cedido soberanía jurídica en esta materia”.

También cuestionó los efectos en derechos personalísimos: “En 2020–2021 estuvieron en juego la integridad física, psíquica y el derecho a la vida. Vimos deportistas en excelente estado de salud desmoronarse en el campo de juego, y nadie podía hablar de ello. Son hechos que obligan a interrogarse sobre qué contenían realmente las vacunas”.

Según González Balcarce, se violaron normas constitucionales e internacionales:
“La Constitución reconoce el derecho a la vida y la salud. Además, se infringieron principios del derecho administrativo y tratados como la Convención de Genocidio”.

Citando la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005), recordó que: “La autonomía de la persona y el consentimiento libre e informado son esenciales. Ninguna intervención preventiva o terapéutica puede realizarse sin consentimiento adecuado. La confidencialidad absoluta es incompatible con estos principios”.

Sobre la vacunación obligatoria expresó: “La obligatoriedad es histórica, pero nunca fue compulsiva. Hubo casos de allanamientos y vacunaciones forzadas ordenadas judicialmente, lo cual vulnera el artículo 18 de la Constitución y los derechos del niño. Deben respetarse la voluntad de los padres y el bienestar del menor, como establece la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Lucía Langer – Médica pediatra

La Dra. Lucía Langer es médica pediatra, neumonóloga infantil y se desempeña en la Clínica Bazterrica, en instituciones privadas y en su consultorio particular (matrícula nacional 123.592). Durante su exposición presentó un estudio realizado con pacientes de entre un mes y 11 años, enfocado en la concentración de metales pesados en sangre, especialmente aluminio.

Explicó que decidió investigar este elemento debido a síntomas frecuentes en la consulta pediátrica: cefaleas, mareos y episodios de síncope.
“Los estudiamos cardiológica y neurológicamente y no encontramos hallazgos significativos. Pero al analizar metales pesados, vimos aumento en los niveles de aluminio. Este metal se concentra en el cerebro, como mencionaron los doctores Yahbes y Botta, y es —sostuvo— la principal causa del trastorno del espectro autista. Eso debe salir a la luz”.

Indicó que el valor esperado de aluminio en sangre infantil ronda los 5 microlitros, variable según edad. Presentó gráficos comparativos entre pacientes vacunados y no vacunados (según el Calendario Nacional, sin incluir COVID-19).
“En los 30 pacientes estudiados, 10 tenían trastorno del espectro autista, todos pertenecientes al grupo vacunado. Los no vacunados mostraron concentraciones dentro del rango normal. Tengo todos los datos y análisis hechos en laboratorios de distintas provincias”.

Afirmó que muchas madres siguen estas investigaciones preocupadas por la salud de sus hijos y destacó que su intención es “defender una humanidad sana futura”.

En la parte final de su intervención comentó evaluaciones realizadas en niños y adultos tras la vacunación contra COVID-19: “Observamos aumento de enfermedades preexistentes, de cánceres, de asma, de patologías intestinales crónicas, más casos de diabetes infantil y mayor incidencia de cáncer en niños. Lo más alarmante es el incremento de pacientes pediátricos con trastornos psiquiátricos”.
También citó otros efectos adversos reportados, como alteraciones menstruales, y exhortó a que “las autoridades sanitarias estén alertas porque estos trastornos psiquiátricos ponen en riesgo nuestro futuro como humanidad”.

Chinda Brandolino - Médica

La Dra. Chinda Brandolino es médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en clínica médica, flebología y linfología, medicina del trabajo y medicina legal. Se desempeña como perito médica y legista en fueros penales, civiles y laborales, y es profesora asociada de Bioética en la Universidad Católica de La Plata.

Comenzó su exposición refiriéndose a las vacunas del Calendario Nacional y a lo que describió como dos “epidemias reales”: el aumento de autismo y de cáncer pediátrico.
Según señaló, entre 2012 y 2022 el cáncer infantil habría aumentado un 750%. “No hay ninguna duda para quienes nos reunimos hoy de que esto se debe, al menos en un 95%, a las vacunas”, afirmó. En ese contexto, apoyó el pedido de derogación de la obligatoriedad de la vacunación.

Cuestionó el concepto de inmunidad de rebaño a través de vacunas, citando declaraciones judiciales del Dr. Stanley Plotkin en Estados Unidos, y denunció “corrupción en el sistema médico” vinculada a incentivos por prescripción.

Ante la falta de estadísticas oficiales nacionales, presentó datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Según los registros que mencionó, la prevalencia de autismo pasó de 1 cada 10.000 niños en 1979, a 1 cada 500 en 1990, 1 cada 150 en 2000, 1 cada 54 en 2016 y 1 cada 31 en 2023.
También citó cifras de España —1 caso cada 100 habitantes— y estimaciones locales no oficiales, que ubicarían la prevalencia argentina en 1 cada 20 niños en jardines de infantes.
“Además, uno de cada seis niños de entre 3 y 17 años fue diagnosticado con alguna discapacidad del desarrollo”, señaló.

Brandolino repasó estudios previos que asociaron vacunas y autismo, y mencionó trabajos publicados en The Lancet en 1998 y referencias de Fundenberg (1996) y Gupta, vinculados a autismo regresivo y trastornos conductuales. También mencionó la influencia de alteraciones intestinales en estos cuadros.

En la segunda parte de su intervención, vinculó conceptos virales y mecanismos de enfermedad con diversas teorías actuales, sosteniendo que los virus “son exosomas con funciones esenciales” y no pueden pasar entre especies “a menos que sean inoculados”. Afirmó que “COVID” sería una sigla referida a un “Código Obligatorio de Vacunación Digital” y que su implementación habría sido parte de un operativo de alcance global.

Finalmente, planteó que la vacunación antigripal en adultos mayores habría contribuido a agravar cuadros respiratorios durante la pandemia mediante fenómenos de ADE (agravamiento por anticuerpos) y tormentas de citoquinas. Además, atribuyó un rol central al miedo como factor fisiológico desencadenante de insuficiencia respiratoria:
“El miedo, alimentado por información alarmista, generó en la población un estado que favoreció la aparición del cuadro llamado COVID. Muchos ancianos vacunados contra la gripe desarrollaron estos síntomas en un contexto de pánico y desinformación”.

Viviana Lens - Médica

La Dra. Viviana Lens posee formación en medicina del dolor y medicina integrativa, con especialización en terapias ortomoleculares, plasma rico en plaquetas, ozonoterapia y láserterapia. Fue jefa del Geriátrico Provincial de Tierra del Fuego y actualmente ejerce en el ámbito privado.

Durante su intervención, expuso dos casos clínicos que, según afirmó, representan a “una gran mayoría de pacientes envenenados”, en referencia a personas que —según su postura— desconocían el contenido real de las vacunas contra COVID-19.

El primer caso fue el de José Olivares, de 80 años, quien padecía EPOC, gastritis crónica e insomnio. Consultó por epigastralgia y fue diagnosticado con un adenocarcinoma gastroesofágico grado 4, con metástasis pulmonares y hepáticas.
“El cuadro avanzó como un turbo cáncer: en tres meses José falleció”, sostuvo Lens.
El paciente había recibido dos dosis de Sputnik V y una de Pfizer. En sus últimos días presentó epigastralgia severa, disnea de clase funcional IV, astenia y dificultades para la marcha. Tras su muerte se realizó una autopsia que determinó un tromboembolismo pulmonar masivo, hallándose trombos en arterias y venas pulmonares, en el cayado aórtico y en la aurícula derecha, además de derrame pleural.

El segundo caso fue el de Mirta Villalba, de 53 años, diagnosticada con esclerosis múltiple desde 2016. Previamente activa y deportista, recibió una dosis de Sputnik V sin complicaciones, pero tras la primera dosis de Moderna presentó, a los 15 días, disnea, fiebre, trastornos cognitivos, espasticidad y alteraciones de la marcha.
“Su esclerosis múltiple, que estaba estable, se reagudizó de forma severa”, afirmó. La paciente debió ser internada y luego requirió silla de ruedas. Lens denunció dificultades para acceder a la internación tanto por parte de la obra social como del hospital. El caso fue judicializado, pero —señaló— “la jueza Cecilia Cataldo y el fiscal Bramati desestimaron la denuncia”, pese a la apelación del abogado de la familia.
“La mayoría de estos pacientes —concluyó— han sido abandonados e invisibilizados por el Estado tras haber sido envenenados”.

Miguel Iannolfi - Abogado

El abogado Miguel Luis Marcelo Iannolfi, presentado como especialista en efectos adversos, relató su acercamiento al tema a partir de la muerte de su padre en 2017, episodio que calificó como “extraño”.
“Decidí estudiar medicina por mi cuenta y empecé desde la historia”, explicó. Mencionó el debate Pasteur–Béchamp y luego su interés por autores como Ryke Geerd Hamer y Stefan Lanka. Sobre este último, destacó el fallo de un tribunal de Stuttgart que, según su interpretación, “no comprobó científicamente la existencia del virus del sarampión”.

Iannolfi vinculó este recorrido con su percepción sobre la pandemia. Afirmó haber recibido del genetista Luis Marcelo Martínez —ex presidente de la Sociedad Argentina de Genética Médica— observaciones críticas sobre la publicación científica utilizada por la OMS para declarar la emergencia sanitaria. “Todo ocurrió en apenas 24 días: autopsia, aislamiento, purificación, secuenciación y publicación. Eso normalmente lleva años”, cuestionó.

Relató además que, durante la pandemia, buscó deliberadamente exponerse para “probar en su propio cuerpo” la existencia del virus: “Nunca usé barbijo ni alcohol en gel, trabajé como repartidor, hablé con mucha gente, y no me pasó nada ni a mí ni a mi familia”.

También mencionó presentaciones judiciales realizadas por su grupo —amparos por barbijos y denuncias por genocidio— que fueron rechazadas.
Aseguró haber recibido numerosos mensajes de familias que denunciaban malos tratos hospitalarios, aislamiento de pacientes y falta de acceso a teléfonos móviles. Criticó el uso del test PCR, recordando declaraciones del propio inventor del método, Kary Mullis, y remarcó la coincidencia de su fallecimiento en 2019.

Recordó un caso en el que participó en 2020: “Realizamos una de las primeras autopsias de un supuesto fallecido por COVID. La causa decía COVID, pero la autopsia demostró una falla hepática”.
Relató también haber registrado imágenes del Hospital Rivadavia “vacío” en pleno momento de colapso sanitario, lo que —según dijo— generó tensiones con las autoridades del establecimiento.

“Todo esto fue un ataque psicológico a la población”, concluyó. “Quisieron reducir la población”.

 Xavier Huelmo – Medicina integral

El Dr. Xavier Huelmo es graduado de la ELAM (Cuba), especialista en medicina general integral y exintegrante de la misión humanitaria en Haití en 2011, con experiencia en urgencias, emergencias y diseño de sistemas de salud primaria.

Comenzó su intervención aclarando que el encuentro representaba, según su visión, “la antítesis” dentro del debate científico, frente a una “tesis” dominante.
“Nuestro objetivo —dijo— es encontrar respuestas prácticas y verdaderas para tomar conductas en el área de contingencias”.

Retomó conceptos del Dr. Ozols sobre daños atribuidos a campos electromagnéticos y los vinculó a las exposiciones previas sobre tecnologías vacunales. Sostuvo que para comprender el cuadro actual debe considerarse la interacción entre tres factores:

1.      campos electromagnéticos,

2.      vacunas,

3.      lo que denominó “estelas químicas” presentes en la atmósfera.

Según Huelmo, estos elementos combinados permitirían interpretar la situación actual como la intervención de un “arma físico-química binaria”.

Utilizó una metáfora para explicar la interacción de múltiples agentes en el organismo:
“Como en una botella de agua a la que se le agregan distintas sustancias, en el cuerpo humano varias fuentes de estrés biológico pueden generar efectos sinérgicos: estrés oxidativo acumulado, estados protrombóticos y trombosis, que hoy vemos con gran frecuencia”.

Agregó que la presencia de metales pesados en adultos podría relacionarse con cuadros de demencia.

Finalmente, llamó a una acción conjunta desde los ámbitos jurídico, sanitario y político, y planteó que la situación constituye también un asunto de “defensa nacional”. Expresó su intención de avanzar en futuras discusiones sobre neuroinflamación, neuromodulación y “estados de programación mental”.
Pidió explícitamente “denunciar y destituir a los funcionarios que fueron detractores de la verdad, la ciencia y la salud”.

Ana Szabó – Médica pediatra

Ana Szabó es médica pediatra con residencia completa en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Es miembro vitalicio de la Sociedad Argentina de Pediatría, médica homeópata egresada de la Escuela Médica Homeopática Argentina Tomás Pacheco (1990) y exdocente en esa institución y en la Asociación Homeopática Argentina.

Durante su intervención, señaló que su exposición se basaría en “conceptos sencillos, desde la lógica y el sentido común”. Recordó que toda vacuna tiene efectos físicos, químicos y biológicos sobre el cuerpo humano, por lo cual debe ser considerada un medicamento y, como tal, prescrita por un médico responsable.

Según explicó, el profesional debe evaluar la necesidad, los beneficios, los riesgos y las posibles contraindicaciones para cada paciente. Añadió que esto requiere conocer el prospecto de cada vacuna y brindar información completa según la Ley de Consentimiento Informado N.º 26.529. “El paciente tiene derecho a decidir porque su cuerpo le pertenece, y el médico debe actuar siempre bajo el principio de ‘primero no dañar’”, señaló.

Szabó cuestionó la cantidad de dosis y antígenos aplicados en el calendario actual, tanto en embarazadas como en niños y adolescentes. “No existe ningún motivo sanitario para semejante volumen de antígenos”, afirmó. A modo de ejemplo, mencionó que una embarazada recibe diez antígenos y que, hasta los 15 años, los niños pueden recibir más de 160.

Respecto a los criterios que deberían justificar el desarrollo y la indicación de una vacuna —necesidad, efectividad y seguridad— sostuvo que “no se cumplen ni en el caso del COVID-19 ni en la mayoría de las enfermedades del calendario”. También cuestionó el sistema de registro de efectos adversos (ESAVI) señalando que las denuncias solo pueden ser realizadas por profesionales de la salud. “La ausencia de denuncias no es evidencia de ausencia de daño”, expresó.

Finalmente, concluyó: “Las vacunas no son necesarias, no son efectivas y no son seguras. No cumplen con las condiciones para ser obligatorias, por lo que la Ley 27.491 debe ser derogada”.

Ileana Aristio - Abogada

Ileana Aristio es abogada especializada en derecho penal, derecho civil y acciones de amparo. Posee matrícula provincial y federal y cuenta con posgrados en derecho a la salud y responsabilidad por mala praxis médica.

Su exposición se centró en la necesidad de derogar los artículos 1 y 7 de la Ley 27.491 de Vacunación Obligatoria. Sostuvo que el artículo 7, en su forma actual, “es incompatible con la Constitución Nacional, con los tratados internacionales de derechos humanos y con los principios bioéticos que rigen toda intervención médica”.

Advertió que quienes cuestionan la vacunación obligatoria suelen ser descalificados con falacias ad hominem, lo que —dijo— “impide un debate jurídico y científico serio”.

Aristio señaló que el concepto tradicional de vacuna sobre el cual se dictó la ley ha cambiado, y que ya no existe expectativa de inmunidad esterilizante que justifique la coerción estatal. “Una medida sanitaria que no garantiza el fin que persigue no puede imponerse mediante coerción”, afirmó.

Defendió el derecho a la autonomía corporal, amparado por la Constitución y la Ley de Derechos del Paciente, y criticó la aplicación de medidas compulsivas sin consentimiento informado ni evaluación clínica individual. También denunció que en algunos casos se ordena la vacunación forzada de niños sin audiencia ni posibilidad de defensa: “Eso viola el debido proceso y los derechos fundamentales”.

Respecto al argumento del “bien social”, sostuvo que no tiene sustento jurídico: “Ningún derecho colectivo se construye sacrificando derechos personalísimos. El cuerpo humano no es un bien del Estado”.

Cerró su exposición señalando: “Defender el consentimiento informado no es negar la ciencia; es exigir que se aplique con ética y proporcionalidad. Sin libertad no hay salud y sin justicia no hay república”.