Las transferencias bancarias y los movimientos en billeteras virtuales forman parte de la rutina cotidiana de millones de argentinos, pero no escapan al radar del fisco. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes durante junio distintos mecanismos de monitoreo sobre operaciones financieras que superen determinados parámetros o presenten patrones considerados inusuales.

El organismo no prohíbe recibir dinero en cuentas o aplicaciones. Sin embargo, las entidades financieras deben reportar ciertas operaciones cuando los montos exceden los límites establecidos o cuando la actividad no coincide con el perfil económico declarado por el titular.

Los umbrales vigentes

Para personas físicas, las transferencias y acreditaciones bancarias —incluyendo billeteras virtuales— quedan sujetas a información cuando superan los $50.000.000 mensuales. Para empresas y personas jurídicas, el límite es de $30.000.000 por mes.

Las extracciones de efectivo deben reportarse cuando superan los $10.000.000 mensuales, tanto para individuos como para empresas. Los saldos bancarios al cierre de cada mes también se informan cuando exceden los $50.000.000 en personas físicas o los $30.000.000 en personas jurídicas.

En cuanto a plazos fijos, el monitoreo se activa en colocaciones superiores a los $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas. Las compras como consumidor final pueden realizarse hasta $10.000.000 sin aportar información adicional, aunque operaciones superiores pueden quedar sujetas a verificaciones.

Los sistemas automáticos también analizan la frecuencia de las operaciones, la cantidad de personas involucradas y los patrones de movimiento habituales. Múltiples acreditaciones pequeñas pueden generar alertas si el comportamiento resulta atípico.

Qué puede pasar si se superan los montos

Superar un umbral informativo no implica automáticamente una infracción ni una sanción. Lo que sucede es que la operación pasa a formar parte de los registros que las entidades deben reportar a ARCA. Si los movimientos resultan inconsistentes con los ingresos declarados, las entidades pueden requerir documentación que justifique el origen de los fondos. Ante respuestas insuficientes, pueden aplicar restricciones preventivas sobre la cuenta e incluso elevar un Reporte de Operación Sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF).