Diputados piden suspender la licitación de la Hidrovía por el presunto uso de documentos falsos atribuidos a la ONU
El diputado Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución para frenar la concesión de la Vía Navegable Troncal hasta que se esclarezcan las denuncias ante la Procuración de Investigaciones Administrativas. El eje del planteo es un supuesto informe técnico apócrifo atribuido a la UNCTAD, organismo de la ONU.
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El diputado nacional Jorge Taiana presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para pedir la suspensión inmediata de la licitación de la Hidrovía. El planteo apunta contra la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, convocada mediante la Resolución 67/2025, para la concesión de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná, y reclama que el Poder Ejecutivo frene el proceso hasta que se esclarezcan las denuncias radicadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).
El eje de la denuncia es un supuesto informe técnico atribuido a expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que habría sido utilizado como respaldo del proceso licitatorio. Según las presentaciones judiciales, ese documento carecería de la carátula propia de un informe de ese organismo, no identificaría a los expertos que participaron en su elaboración y no tendría idoneidad suficiente en materia de impacto ambiental.
Las irregularidades denunciadas
El 6 de mayo, la firma brasileña DTA Engenharia LTDA., representada por el abogado Eduardo Barcesat, presentó nuevos elementos ante la PIA vinculados a la presunta falsedad de instrumentos públicos. Esa presentación se sumó a una denuncia previa de integrantes de la Comisión Canal Magdalena, encabezada por el ingeniero José María Lojo. "Hay pruebas de que la licitación de la Vía Navegable Troncal se basa en estudios apócrifos", sostuvo Lojo, quien reclamó detener el trámite administrativo de manera urgente.
Una investigación realizada por una empresa especializada en delitos informáticos concluyó que los documentos fueron generados mediante Microsoft Word Office 365 y que no responderían a los formatos institucionales habituales de Naciones Unidas. Los archivos no contendrían firmas digitales criptográficas válidas —las firmas visibles serían imágenes insertadas compatibles con montajes gráficos—, ni códigos de serie, ISBN, avisos editoriales ni otros elementos característicos de publicaciones oficiales de la UNCTAD. Tanto la ONU como la UNCTAD habrían sido requeridas para reconocer o informar sobre la autoría del documento, sin haber dado respuesta hasta la ampliación de la denuncia.
En el expediente ante la PIA se acumulan denuncias por presunta violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, administración fraudulenta en perjuicio del Estado y confección o uso de instrumentos públicos reputados falsos.
Los demás cuestionamientos
El proyecto de Taiana también advierte sobre la falta de estudios de impacto ambiental integrales respecto de la proyectada profundización del calado del Río Paraná a entre 40 y 44 pies. Presentaciones judiciales y técnicas alertaron sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y los ecosistemas ribereños.
El legislador cuestiona además la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, al considerarla un retroceso en la participación de las provincias ribereñas y una pérdida de capacidad de fiscalización estatal. En el plano económico, objeta la implementación de bandas tarifarias con precios mínimos y máximos que, a su criterio, funcionarían como una garantía de ingresos mínimos para el concesionario, con costos trasladados a productores y usuarios.
La denuncia apunta también a un posible favorecimiento a empresas extranjeras de origen belga, entre ellas Jan De Nul, actual operadora del dragado y balizamiento de la Hidrovía, y advierte que la licitación podría afectar la soberanía fluvial y favorecer el desvío del tránsito de mercaderías hacia el Puerto de Montevideo.
Para Taiana, la eventual utilización de documentación falsa o adulterada en una licitación pública internacional que definiría por décadas la principal vía de navegación del país compromete la legalidad administrativa, la transparencia de la contratación pública y la confianza institucional en el proceso.