La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de filtros y dispositivos de acondicionamiento de agua domiciliaria de varias marcas por no contar con el registro sanitario correspondiente. La medida quedó oficializada mediante la Disposición 2920/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Los productos alcanzados por la prohibición son los comercializados bajo las marcas Vyse, Pideweb y Watercom, más los dispositivos distribuidos por Haru, Crafty Solution y Ecoaquas.

Cómo se detectó el problema

La investigación se inició tras tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la ANMAT. Durante los controles efectuados en plataformas de venta digital, el organismo tomó conocimiento de que se comercializaban dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto sin inscripción oficial.

Además, se detectó la venta de productos sin marca identificatoria y sin datos de establecimientos habilitados responsables de su elaboración o importación, lo que impide cualquier tipo de trazabilidad o control sobre los artículos.

Por qué es un riesgo para los consumidores

La ANMAT señaló que, ante la falta de registros oficiales, no es posible conocer si los productos y sus elaboradores o comercializadores pueden brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y formulación. Esto implica que quien los usa no tiene certeza de que el agua realmente esté siendo filtrada o tratada de manera adecuada.

El sumario sanitario

En el marco de la investigación, también se identificó a Matías Sebas Laura como titular vinculado a publicaciones de productos de la marca Watercom en plataformas digitales. Por ese motivo, el organismo dispuso iniciar un sumario sanitario en su contra por presuntos incumplimientos a la normativa sanitaria vigente.

La disposición también ordenó comunicar la prohibición a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a organismos nacionales vinculados a la defensa del consumidor y al control comercial.