Uno de los efectos más concretos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos. El paso se enmarca en el decreto 407, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, que reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral e introdujo cambios que el Gobierno define como generadores de empleo y que la CGT califica de "precarización" y "aniquilación de derechos".

El fin de la ultraactividad

El núcleo del cambio es la eliminación práctica de la ultraactividad, el principio que sostenía la vigencia de un convenio colectivo tras su vencimiento hasta que fuera reemplazado por uno nuevo. Para los gremios, ese mecanismo era una garantía clave que impedía la pérdida de derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban.

La nueva normativa distingue entre cláusulas normativas —que regulan condiciones de trabajo y mantienen cierta protección— y cláusulas obligacionales, como cuotas solidarias y aportes especiales, que caen al vencimiento del convenio. El decreto además abre la posibilidad de renegociar todas las cláusulas posibles para actualizar cada acuerdo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó la medida señalando que existen convenios "negociados hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen". Sin embargo, Gustavo Ciampa, abogado de la CGT, rebatió que "desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades" y que los convenios se renovaron en todo lo que las partes quisieron renovar.

El salario dinámico y la negociación por empresa

Entre las herramientas que el Gobierno quiere incorporar a los nuevos convenios figura el denominado "salario dinámico", previsto en el artículo 104 bis de la ley, que habilita componentes retributivos variables según el mérito individual o la situación de cada empresa. La iniciativa apunta a reemplazar los aumentos automáticos atados a la inflación por incrementos vinculados a la productividad y los resultados.

Esto también abre la posibilidad de negociar condiciones a nivel de empresa y no por rama de actividad, lo que la CGT considera un quiebre del modelo sindical argentino, que históricamente privilegió la negociación centralizada por sector.

El aval oficial y sus límites

La homologación de los nuevos convenios —paso necesario para que sean obligatorios para todos los trabajadores del sector— podrá ser suspendida por la Secretaría de Trabajo si su aplicación "genera distorsiones económicas graves". Este punto fue otro de los que la CGT cuestionó con mayor dureza y llevó ante la Organización Internacional del Trabajo.