Sigue el escándalo por sobreprecios
Osprera transfirió $7.700 millones en cinco meses a la droguería Suizo Argentina
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La obra social Osprera —perteneciente a UATRE y actualmente bajo intervención del Gobierno nacional— realizó pagos por un monto total de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, durante un período de cinco meses. Estos movimientos están siendo investigados en el contexto de la causa vinculada con ANDIS por posible corrupción.
Detalle de los pagos por mes
La entrega de fondos se segmentó así:
| Mes | Monto aproximado |
|---|---|
| Noviembre 2024 | $667 millones |
| Diciembre 2024 | $2.500 millones |
| Enero 2025 | $1.395 millones |
| Febrero 2025 | $629 millones |
| Marzo 2025 | $2.491 millones |
En total, se abonaron 193 facturas, en su gran mayoría vinculadas a la adquisición de medicamentos, incluidos tratamientos oncológicos de alto costo.
Contexto y legitimaciones
- Osprera, la tercera obra social más grande del país, fue intervenida por decreto en agosto de 2024, lo que generó fuertes disputas judiciales dentro de UATRE.
- Los interventores designados por el Gobierno justificaron estos pagos argumentando que se priorizó asegurar la continuidad en el suministro de medicamentos y la reactivación de prestaciones suspendidas, alegando que existía una crisis financiera crítica con deudas acumuladas y colapso operativo.
- Algunos empleados denunciaron que mientras se autorizaban estos millonarios pagos, sus salarios fueron congelados y sufrieron descuentos, lo que generó malestar y acusaciones de favoritismo del interventor hacia ciertas empresas.
Reclamos, auditorías y sospechas de favoritismo
- El 23 de enero de 2025, se firmó un acuerdo de pago entre el interventor Marcelo Petroni y Suizo Argentina, que estipulaba que la obra social abonaría facturas a 60 días, a cambio de que la droguería garantizara el abastecimiento de medicamentos.
- A pesar de esta justificación, persiste una deuda estimada de unos $3.000 millones con Suizo Argentina.
- Además, el fiscal Guillermo Marijuan intensificó la investigación por posibles contrataciones irregulares, especialmente por conexiones entre el interventor y allegados del entorno político, como mensajes de WhatsApp sugiriendo vínculos con figuras como Martín y Eduardo “Lule” Menem