Comienza el debate del proyecto de Malvinas en Diputados y en la oposición hablan de un "caballo de Troya"

Un cronograma que arranca el miércoles

El debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre en medio de la escalada de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas, tiene fecha confirmada de inicio: este miércoles 30 de septiembre.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12, en el marco de un cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes. El oficialismo marcará el pulso del debate, ya que controla la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores).

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas, con hasta 20 años de prisión, para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, además de inhabilitar a esas personas o empresas para operar en la Argentina.

La iniciativa reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones, que ya no alcanzarían solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Se crea además un registro público de infractores, con los que el Estado y los particulares tendrían prohibido contratar, y se incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

Otro de los ejes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo coordinaría las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y podría disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, y restringir importaciones y exportaciones.

Entre las prerrogativas más resonantes figura la autorización para derribar aeronaves y hundir buques considerados hostiles, como último recurso tras agotar otras instancias de un protocolo de actuación.

El texto también prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, e incorpora nuevos delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas de inteligencia, y realizar, con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación.

Además, redefine las funciones de la Defensa Nacional, autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales, y crea por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que habilitaría la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas con quienes estén inscriptos allí.

Las críticas de la oposición

Desde la oposición, el proyecto genera fuerte resistencia. Un diputado nacional de Unión por la Patria, que el viernes había organizado en la Cámara baja una audiencia informativa denominada "¿Soberanía o patio trasero?", calificó la iniciativa como un "caballo de Troya" y sostuvo que, detrás de la reivindicación de Malvinas, se esconde "un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio".

Según su lectura, se trataría de "una extorsión política por Malvinas", al incluir las sanciones vinculadas a las islas en el mismo proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional, de manera que votar en contra "parezca votar contra Malvinas". Sobre el RePET, cuestionó que permita congelar bienes "sin orden judicial previa" a partir de una inscripción por "motivos razonables para sospechar" y sin causa penal, y objetó que el proyecto habilite instalar radares militares en cualquier provincia sin aprobación de la jurisdicción correspondiente, además de permitir la coordinación con Estados extranjeros sobre territorio argentino.