El Gobierno nacional evalúa modificar la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina para establecer que determinados medicamentos sólo puedan ser recetados por especialistas en el área correspondiente. La iniciativa fue anticipada por el ministro de Salud, Mario Lugones, durante una jornada sobre el sistema sanitario y la creciente judicialización de prestaciones médicas, en la que participaron funcionarios, jueces federales, representantes de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Según informó Clarín, el proyecto todavía se encuentra en análisis y podría sufrir modificaciones antes de su implementación definitiva.

Por qué se impulsa el cambio

El ministro Lugones planteó la necesidad de actualizar una normativa que data de 1967 y que, a su criterio, no refleja los cambios tecnológicos, sanitarios y profesionales de las últimas décadas. El funcionario utilizó su propia formación como cardiólogo para ilustrar el problema: señaló que, pese a no ejercer actualmente esa especialidad, todavía podría emitir recetas vinculadas a tratamientos cardiovasculares, una situación que consideró inadecuada. "Tienen que controlar muy bien el gasto y a los médicos", expresó ante los representantes del sector.

La propuesta apunta a que sea el propio sistema —y no el criterio individual de cada médico— el que establezca quién puede prescribir qué medicamento, especialmente en casos de tratamientos complejos o de alto costo.

La judicialización como eje del debate

Uno de los argumentos centrales detrás del proyecto es la presión judicial que soporta el sistema de salud. Durante la jornada se informó que cerca del 70% de la actividad de algunos juzgados civiles y comerciales federales está vinculada a amparos por cuestiones de salud. En ese contexto, el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, señaló que los medicamentos de alto costo representan actualmente más del 40% del presupuesto del sistema.

Las autoridades sostienen que el nuevo esquema de recetas permitiría un mayor control sobre las indicaciones médicas y reduciría parte de la presión judicial sobre obras sociales y prepagas. Sin embargo, el proyecto aún no tiene forma definitiva y deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.