El Gobierno elimina el sistema de calificación cinematográfica vigente desde 1984
El Gobierno nacional derogó el régimen de calificación de películas cinematográficas que regía desde 1984 y disolvió la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, organismo encargado hasta ahora de otorgar las clasificaciones como ATP, +13, +16 y +18.
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La medida quedó oficializada este martes mediante el Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, en el marco de la reglamentación de la Ley 23.052.
A partir de esta modificación, la clasificación de las películas quedará exclusivamente en manos del INCAA, que asumirá la competencia técnica para definir las categorías orientativas destinadas al público.
Según se argumenta en la normativa, el objetivo es adecuar el sistema a los cambios culturales y tecnológicos, además de agilizar los procesos administrativos que, de acuerdo a los considerandos del decreto, generaban demoras innecesarias para la industria audiovisual.
Fin de la comisión y nuevo rol del Estado
Hasta ahora, cada filme debía atravesar un dictamen obligatorio de una comisión colegiada. Con el nuevo esquema, se elimina esa instancia y el Estado adopta un rol más orientativo, reforzando que la responsabilidad sobre el consumo de contenidos por parte de menores recae principalmente en los padres o tutores.
El decreto sostiene que la Comisión Asesora “no ha demostrado la eficiencia necesaria” y que su estructura resultaba poco dinámica frente a las demandas actuales del sector.
Homologación automática de calificaciones extranjeras
Otro de los cambios centrales es la homologación automática de las calificaciones internacionales, especialmente de producciones provenientes de Estados Unidos, que representan alrededor del 65% de los estrenos en el país.
De este modo, las clasificaciones otorgadas por organismos como la MPAA serán reconocidas directamente en Argentina, evitando una nueva evaluación local. No obstante, el INCAA conservará la facultad de modificarlas si existieran razones de orden público.
La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 60 días corridos, marcando el cierre definitivo de un sistema que estuvo vigente durante más de cuatro décadas.