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El Gobierno endurece el Régimen Migratorio: expulsiones automáticas, cobro por servicios y nuevos requisitos para la ciudadanía
Tal como lo había anticipado el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el Poder Ejecutivo firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece un endurecimiento del Régimen Migratorio en la Argentina.
Según informó la Oficina del Presidente, el decreto introduce una serie de medidas que modifican de forma sustancial el marco legal vigente para el ingreso, permanencia y acceso a derechos por parte de extranjeros en el país. Entre los cambios más relevantes se encuentra la expulsión automática de aquellos inmigrantes que cometan delitos en territorio argentino, sin importar la magnitud de la pena.
“A partir de ahora, los ilícitos con penas menores a cinco años —que antes no implicaban deportación— serán causal suficiente para expulsar al infractor”, detalló el comunicado oficial. Además, se prohíbe el ingreso al país de cualquier extranjero con condenas penales previas.
Otra de las modificaciones centrales es la exigencia de pago por los servicios de salud pública a residentes “transitorios, temporarios e irregulares”, quienes también deberán contar con un seguro médico obligatorio para poder ingresar a la Argentina. Según datos oficiales, el gasto por atención médica a personas extranjeras ascendió a 114 mil millones de pesos durante 2024, lo que motivó esta decisión “para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público”, indicaron.
En el ámbito educativo, se autoriza a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros con residencia temporaria, aunque se garantiza el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, tal como lo establece la Constitución Nacional.
También se endurecen los requisitos para la obtención de la carta de ciudadanía. A partir de ahora, sólo podrán acceder quienes hayan residido de forma continua durante al menos dos años o quienes realicen una inversión considerada “relevante” para el país. En cuanto a la residencia permanente, será necesario demostrar medios de vida suficientes y no contar con antecedentes penales.
“El mandato que recibió este gobierno en las urnas fue reconstruir la Argentina. Para eso es fundamental que los recursos del Estado estén destinados a los ciudadanos que los sostienen con sus impuestos”, sostuvieron desde el Ejecutivo, y remarcaron que estas modificaciones buscan “restablecer el orden y el sentido común en un sistema migratorio que fue desvirtuado por el populismo”.
Finalmente, el comunicado concluye con una frase que refuerza el nuevo enfoque del gobierno: “Sepan todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, que en este país dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.