El Gobierno habilita el bloqueo de celulares utilizados desde cárceles provinciales
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso ampliar a las cárceles provinciales el mecanismo que permite bloquear teléfonos celulares utilizados dentro de establecimientos penitenciarios. La medida alcanzará a las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional y apunta a impedir la organización de delitos desde las unidades carcelarias.
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La decisión fue establecida mediante la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Hasta ahora, el procedimiento estaba contemplado para establecimientos penitenciarios federales y, con la nueva normativa, podrá extenderse a las cárceles dependientes de las provincias.
El sistema permitirá inhabilitar los dispositivos que sean detectados dentro de los sectores de detención y otras áreas de acceso restringido. El bloqueo comprenderá el IMEI, que identifica al teléfono; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica vinculada al equipo.
Las provincias deberán adherir
La aplicación de la medida no será automática. Para utilizar este mecanismo, las provincias deberán incorporarse al protocolo establecido y cada bloqueo tendrá que tramitarse a través del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Será esa cartera nacional la encargada de canalizar ante las empresas de telefonía móvil las solicitudes realizadas por las jurisdicciones adheridas. De esta manera, las provincias no podrán solicitar directamente a las compañías la inhabilitación de un teléfono.
La disposición busca reforzar las herramientas destinadas a prevenir la utilización de celulares para organizar estafas, amenazas, robos u otros delitos desde las cárceles.
Además, la normativa establece que los mecanismos tecnológicos utilizados deberán garantizar que las restricciones se circunscriban al perímetro penitenciario y no afecten las comunicaciones de vecinos, comercios u otros usuarios ubicados en las inmediaciones.
Las empresas prestadoras, por su parte, deberán mantener un registro de las gestiones efectuadas para garantizar la trazabilidad de cada procedimiento.
La ampliación del sistema se produjo luego de gestiones realizadas por autoridades de Mendoza, que habían solicitado contar con un marco normativo que permitiera aplicar el procedimiento también en establecimientos penitenciarios provinciales.