El proyecto, incluido en las sesiones extraordinarias, plantea que los cambios no tendrán aplicación retroactiva, aunque aún persisten dudas sobre a quiénes impactarán una vez sancionada la ley.

A continuación, los principales puntos de la propuesta:

Indemnizaciones: reducción del cálculo y pago en cuotas

El proyecto plantea una disminución del monto indemnizatorio al excluir del cálculo final conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios. También deja atrás la referencia al salario más alto y lo reemplaza por un promedio en casos con adicionales.

Se habilita, además, el pago en cuotas y se fija un criterio de actualización ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Otro punto central es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un 3% del aporte patronal, que será administrado por la Comisión Nacional de Valores junto a los ministerios de Economía y Capital Humano. Los críticos lo comparan con una “AFJP de 2026”.

Salarios: pago en moneda extranjera y en especie

El proyecto amplía las formas de pago salarial: además de pesos o moneda extranjera, se habilita remunerar en alimentos, especies o viviendas. Hoy la ley solo permite un 20% en especie.

Jornada laboral: banco de horas y habilitación para jornadas de hasta 12 horas

Se impulsa un banco de horas, acordado por convenio colectivo, para eliminar el esquema tradicional de horas extra. El trabajador podrá acumular horas en días de mayor demanda y compensarlas luego con descanso, sin los recargos del 50% o 100%.

También se contempla la posibilidad de ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas.

Se incorpora, además, la figura del contrato a tiempo parcial, con menos carga horaria que la jornada legal.

Vacaciones: posibilidad de fraccionarlas

La iniciativa permite fraccionar el período de vacaciones. Si el empleador define la fecha, deberá notificarla con al menos 45 días. Es uno de los puntos con menor conflicto sindical.

Derecho a huelga: más actividades consideradas esenciales

Se amplía la lista de actividades esenciales, que deberán garantizar entre el 50% y el 75% del funcionamiento durante un conflicto gremial.

Este punto ya había sido objetado en la Justicia cuando el Gobierno intentó aplicarlo vía decreto. Especialistas advierten que podría vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución.

Ultraactividad: más poder para acuerdos por empresa

El proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, permitiendo que los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los pactados por el sindicato de la actividad. Un cambio similar se intentó en el año 2000 con la llamada “Ley Banelco”.

Cuota sindical: fin de la obligación de retener aportes

Las empresas dejarán de estar obligadas a actuar como agentes de retención de la cuota sindical. Se requerirá una “conformidad expresa”, aunque no se aclara entre quiénes debe darse ese acuerdo.

Cuota solidaria: eliminación del aporte de no afiliados

Se propone suprimir la cuota solidaria que hoy pagan los trabajadores no afiliados a los sindicatos, uno de los puntos más resistidos por las centrales gremiales al afectar directamente su financiamiento.

Trabajo de plataformas: reconocimiento del repartidor independiente

Se crea la figura del “repartidor independiente”, considerando que no existe una relación laboral sino un contrato de servicios. Para algunos especialistas, esta habilitación consolida la informalidad en el sector.