El Gobierno avanza en la privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la encargada de proveer agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Este viernes se publicaron en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación para avanzar con la venta del 90% de las acciones que hoy están en manos del Estado Nacional. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció el lanzamiento y lo encuadró en la política oficial: "Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento". 

Las condiciones de la venta

Lo que está en juego es la venta directa del 90% del paquete accionario a un consorcio de empresas e inversores que incluya como socia a una "operadora estratégica" con antecedentes en la gestión de compañías de saneamiento de escala similar a la de AySA. Inicialmente, el esquema contemplaba vender primero el 51% y luego colocar el 39% restante en el mercado bursátil. Sin embargo, Milei y Caputo optaron por modificar el formato para hacer más atractivo el negocio y obtener más fondos de una sola vez. 

El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años más. El 10% restante de las acciones quedará en manos de los trabajadores a través del Programa de Participación Accionaria. 

Quiénes están en carrera

Entre los interesados en adquirir la mayoría de la empresa figuran Edison Energía —sociedad de la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan—, Mauricio Filiberti —dueño de Transclor—, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento. 

Los grupos locales mencionados tienen años de experiencia en la negociación con gremios de servicios, un activo que un inversor extranjero puro no posee y que los obliga a buscar un socio argentino. Más allá de esta particularidad, se considera que el interés local estará marcado por la capacidad de financiamiento en dólares. 

El negocio y el contexto tarifario

En el Ministerio de Economía estiman que la privatización podría aportar alrededor de US$500 millones, fondos que serían utilizados para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera durante los próximos meses. AySA presta servicios a más de 14 millones de habitantes con una cobertura que supera el 85% en agua potable y el 70% en cloacas. 

Uno de los principales interrogantes pasa por el esquema tarifario que tendrá AySA bajo gestión privada. Las tarifas acumulan un atraso que no pudo recuperarse completamente pese a los ajustes aplicados desde 2025, y la empresa reportó un déficit proyectado de $205.000 millones. 

El proceso de privatización comenzó en julio de 2025, cuando el Gobierno publicó el Decreto 493/2025 para modificar el marco normativo de la compañía. AySA es una de las privatizaciones que, junto al Belgrano Cargas e Intercargo, integra la nueva ola de desinversiones que el Palacio de Hacienda espera completar antes de que termine el año, con un ingreso total estimado en unos US$2.000 millones.