El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad: cuáles son los principales cambios
Con 71 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara alta convirtió en ley el nuevo régimen de fortalecimiento del sistema de discapacidad. La normativa establece un esquema permanente de prestaciones, mantiene las pensiones no contributivas y contempla mecanismos de actualización, financiamiento y control.
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El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones, y recibió así su sanción definitiva.
La nueva legislación busca garantizar la continuidad de las prestaciones y brindar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que ofrecen servicios de atención, rehabilitación y acompañamiento.
El proyecto, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, establece un régimen permanente que reemplaza el carácter transitorio de la emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de diciembre.
Qué establece la nueva ley
Uno de los aspectos centrales es el mantenimiento de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se fija en el equivalente al 70% de la jubilación mínima, con mecanismos de actualización automática.
Además, la normativa contempla que las personas beneficiarias puedan acceder a un empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder necesariamente la pensión, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También garantiza la continuidad de las prestaciones básicas de salud contempladas en la Ley 24.901, incluyendo los servicios de rehabilitación, tratamientos y atención especializada.
Otro punto importante es la actualización periódica de los aranceles que perciben los prestadores del sistema, uno de los reclamos sostenidos por las instituciones y profesionales del sector.
Financiamiento y controles
La legislación incorpora disposiciones para asegurar los recursos presupuestarios necesarios para sostener las prestaciones y evitar una reducción real de los fondos destinados al sistema.
Asimismo, establece auditorías periódicas sobre las pensiones, con el objetivo de mejorar la transparencia y verificar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
En relación con las deudas que mantiene el Estado con los prestadores, se contempla la elaboración de un cronograma de pagos para regularizar las compensaciones pendientes.
Un cambio esperado por el sector
La aprobación se produjo después de meses de reclamos de organizaciones, familias, profesionales y entidades vinculadas a la discapacidad, que advirtieron sobre las dificultades económicas para sostener tratamientos y servicios.
Aunque durante el debate existieron diferencias políticas sobre el financiamiento y el alcance de la legislación, los distintos bloques coincidieron en acompañar la iniciativa.
Con la sanción definitiva, el Congreso establece un nuevo marco legal para el sistema de discapacidad. Su implementación efectiva dependerá ahora de la promulgación, reglamentación y asignación de los recursos necesarios para cumplir con las prestaciones previstas.