La joven había solicitado acceder a la eutanasia tras quedar parapléjica en 2022, luego de un intento de suicidio motivado por una situación de extrema violencia: había sido víctima de una violación grupal. Desde entonces, su vida estuvo marcada por dolores físicos crónicos, secuelas neurológicas y un profundo sufrimiento psicológico.

A pesar de los recursos presentados por su familia y organizaciones conservadoras, la Justicia española —y también instancias europeas— avalaron en reiteradas oportunidades su decisión, al considerar que la joven contaba con plena capacidad para decidir sobre su vida.

El procedimiento se realizó bajo el marco de la ley de eutanasia vigente en España desde 2021, que permite a personas con padecimientos graves, crónicos o incurables solicitar asistencia médica para morir.

Antes de su fallecimiento, Castillo Ramos había expresado públicamente su deseo de “irse en paz” y poner fin a un sufrimiento que consideraba insoportable.

Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos desde la legalización de la eutanasia en ese país, no solo por la complejidad judicial, sino también por el fuerte conflicto familiar y social que generó. La situación reavivó el debate en la sociedad española entre quienes defienden el derecho individual a decidir sobre la propia muerte y quienes cuestionan la práctica desde posturas éticas, religiosas o médicas.

La historia de Noelia deja planteadas preguntas profundas sobre la autonomía personal, el rol del Estado y los límites de la medicina en situaciones de sufrimiento extremo.