Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el máximo tribunal asumirá la gestión del proceso, tras la decisión del TOF 2 de hacer efectivo el decomiso ordenado en 2022 y ratificado en junio de este año.

La medida alcanza 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito o activos incorporados durante el período de la maniobra investigada, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto fijado originalmente en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, en función de criterios técnicos validados por la Corte Suprema.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó avanzar con la realización y venta de los activos.

Entre los bienes figuran propiedades vinculadas a Lázaro Báez y a las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto, además de hoteles, terrenos y departamentos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otros bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.N.A.