La decisión fue comunicada mediante un oficio enviado al juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Néstor Costabel, en el que el director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero, notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos provenientes de las subastas judiciales, así como la inscripción registral de los inmuebles a nombre de la Corte Suprema.

Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021 —confirmada por la Cámara de Casación en 2023— el total decomisado asciende a USD 61.130.860,86 y $4.174.697, este último monto actualizado por el índice de precios del INDEC.

En ese marco, la Corte solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas oficiales y la remisión de toda la documentación vinculada a las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Condenas firmes y ejecución de bienes

El 29 de mayo de 2025, con los votos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y habilitando así la ejecución plena del decomiso.

El conflicto por el Consejo de Bienes Recuperados

En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, destinado a administrar activos provenientes de delitos complejos. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida.

En octubre pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó la vigencia del decreto al considerar que la norma afectaba la independencia del Poder Judicial. Según su fallo, la medida “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y vulnera la autonomía y la autarquía presupuestaria de la Justicia.