Agostina Páez, la abogada argentina imputada por un episodio de racismo en Brasil, quedó habilitada para volver al país luego de que un tribunal de Río de Janeiro hiciera lugar al hábeas corpus presentado por su defensa. La resolución le permitirá quitarse la tobillera electrónica, recuperar su pasaporte y salir del territorio brasileño, siempre que cumpla con el pago de una caución cercana a los 20.000 dólares.

El fallo fue emitido por la Octava Cámara Criminal y modificó el criterio del juez de primera instancia que había dispuesto su permanencia bajo vigilancia. Los camaristas entendieron que, una vez concluida la etapa de recolección de pruebas, ya no existían motivos legales para restringir su libertad de circulación, y calificaron la medida como una forma de coerción indebida.

Una saga de idas y vueltas

El camino hasta esta resolución estuvo lleno de sobresaltos. El martes 24 de marzo, tras una audiencia clave, la fiscalía y la querella no se habían opuesto al regreso de Páez a la Argentina. "No hay pena, sino resarcimiento, y en estos días me van a dejar volver a casa", había dicho la propia Páez al salir del tribunal.

Sin embargo, un día después todo cambió. El juez Guilherme Schilling Pollo Duarte decidió mantener las medidas cautelares luego de que la fiscalía reclamara por la supuesta filtración de las cifras del resarcimiento acordadas entre las partes, entendiendo que eso podía obstaculizar el proceso. La decisión cayó muy mal en el entorno de Páez, que no podía creer que el magistrado fuera en contra de las sugerencias de la propia acusación. 

Fue entonces cuando la defensa recurrió al hábeas corpus. La abogada Carla Junqueira lo describió como "un remedio jurídico contra un acto coactivo" y advirtió que, si el tribunal lo rechazaba, llevaría el caso hasta la Corte Suprema.

Las condenas y los montos

La fiscalía brasileña había reducido los cargos de tres delitos independientes a uno solo bajo la figura de "delito continuado", lo que llevó la pena posible de 15 años de prisión a un mínimo de 2 años, reemplazable por servicios comunitarios y el pago de una reparación económica a las víctimas. 

El padre de Agostina, Mariano Páez, confirmó en declaraciones a Infobae que el monto de resarcimiento exigido por cada uno de los denunciantes asciende a 40.000 dólares. Las tareas comunitarias, en tanto, deberá cumplirlas en la Argentina, específicamente en Santiago del Estero, su ciudad natal. 

El origen del caso

Páez fue acusada de realizar gestos racistas contra el personal de un bar de Ipanema el 14 de enero pasado, en el marco de una discusión por el pago de una cuenta. Según el padre de la acusada, los testimonios de los testigos del bar resultaron contradictorios entre sí, lo que llevó a que finalmente solo se sostuviera la condena por un único gesto hacia uno de los empleados. 

Al conocerse la resolución, Páez publicó un comunicado en sus redes sociales: "En este tiempo aprendí lo que es el racismo. Me arrepiento de mi reacción; cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó". 

Después de más de dos meses con tobillera electrónica y el pasaporte retenido, la abogada santiagueña de 29 años está a horas de subirse a un avión rumbo a casa.