En una decisión que marca un nuevo límite judicial a la política de ajuste fiscal del Poder Ejecutivo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda colectiva presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas casas de altos estudios del país.

El núcleo de la sentencia

El fallo judicial subraya que el Gobierno nacional no puede eludir el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso mediante decretos o resoluciones administrativas que desfinancien el sistema. La Justicia ordenó específicamente:

• Actualización salarial: Adecuar los haberes de docentes y no docentes según los índices inflacionarios establecidos en la ley.
• Sostenimiento de becas: Garantizar la continuidad y el ajuste de los montos de las becas estratégicas para estudiantes.
• Fondos para investigación: Asegurar el flujo de recursos para los programas de ciencia y técnica que habían sufrido recortes o congelamientos.

Los magistrados recordaron en su resolución que la autonomía universitaria y el derecho a la educación superior tienen rango constitucional, y que el Estado tiene la obligación de garantizar el financiamiento adecuado para su normal funcionamiento.

El conflicto de fondo

Esta ratificación judicial ocurre tras meses de tensión entre el Ministerio de Capital Humano y las autoridades universitarias. Durante el último semestre, el oficialismo intentó derogar la ley a través de la discusión del Presupuesto 2026; sin embargo, el Congreso rechazó la eliminación de este capítulo, dejando la norma plenamente operativa.

Desde el CIN celebraron la medida como un "freno a la arbitrariedad". Por su parte, desde los gremios docentes destacaron que la caída del poder adquisitivo en el sector ha sido la más pronunciada de las últimas décadas, situando a una gran parte de los trabajadores universitarios por debajo de la línea de pobreza.

Próximos pasos

A pesar de la contundencia del fallo, el Gobierno nacional ya presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. De no mediar una suspensión por parte de una instancia superior, el Ministerio de Economía deberá arbitrar los medios para transferir los fondos remanentes y actualizar las partidas presupuestarias en el corto plazo.

La resolución judicial se conoce en una jornada de movilización en diversas provincias, donde la comunidad académica reclama que el fallo se traduzca en una mejora real de las condiciones de enseñanza y de vida para los trabajadores y estudiantes.