San Luís
“Pensé que eran $500 mil”: una mujer gastó $510 millones del Estado por error y fue imputada por defraudación
Una inverosímil cadena de errores administrativos y decisiones apresuradas derivó en un escándalo judicial que sacude a la provincia de San Luis: Verónica Acosta, una ciudadana común, fue imputada por el delito de defraudación al Estado tras gastar $510 millones que el Gobierno provincial le transfirió por equivocación. Según su propio relato, pensó que se trataba de $500 mil.
La historia comenzó cuando Acosta, quien esperaba una transferencia de apenas $8.000 por parte del padre de su hijo, recibió en su cuenta una cifra multimillonaria. Sin ser notificada oficialmente del error, en apenas 48 horas la mujer realizó 66 transferencias a familiares y amigos, y compró electrodomésticos, materiales para su vivienda y hasta un auto Ford Ka modelo 2014-2015.
Entre los objetos adquiridos figuran:
Una heladera
Dos televisores (uno destinado a su cuñada)
Una freidora
Un microondas
Cerámicos
Un automóvil
La imputada declaró ante la Justicia que muchos de esos bienes ya fueron devueltos voluntariamente. “Compré cosas que ya se devolvieron. También repartí dinero en la familia”, expresó en su defensa.
Tras el descubrimiento del error, el Estado provincial procedió al allanamiento de su vivienda, al secuestro de los celulares de sus hijos y al congelamiento de su cuenta bancaria. Además, otras cinco personas que recibieron parte del dinero también fueron imputadas. A cada una se le exigió una fianza de $30 millones para evitar la prisión preventiva.
El error fue denunciado por el propio contador del Gobierno de San Luis que procesó la transferencia, aunque, por el momento, no fue imputado. Desde la Fiscalía informaron que ya se logró recuperar el 90% de los fondos y se trabaja para rastrear el resto, que se presume podría estar distribuido en billeteras virtuales.
La investigación sigue su curso y la Justicia deberá determinar si hubo intención delictiva por parte de Acosta y los otros implicados. Lo que comenzó como un supuesto “golpe de suerte” terminó convirtiéndose en una causa penal de alto perfil que pone bajo la lupa los mecanismos de control financiero del Estado.