Merdidas
Pensiones por Invalidez Laboral: El 30% de los Beneficiados No se Presentó
El Gobierno nacional ha iniciado una auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) con el fin de revisar más de un millón de subsidios en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) están llevando a cabo esta revisión para detectar irregularidades y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
Como parte de este proceso, en enero se realizó un muestreo en la Ciudad de Buenos Aires, analizando a 1108 beneficiarios. Los resultados iniciales generaron preocupación:
El 31,6% (357 personas) no se presentó a la convocatoria.
El 16,6% (126 personas) no cumplía con los requisitos para percibir la pensión.
Se dieron de baja 20 pensiones por fallecimiento de los beneficiarios o por decisión propia.
Si bien los resultados finales de la auditoría se conocerán en marzo, estos datos preliminares confirman la existencia de irregularidades en el otorgamiento de pensiones. En 2024, un operativo previo detectó que el 80% de 22.417 pensiones auditadas no cumplía con la normativa vigente. En consecuencia, se dieron de baja 212 pensiones cobradas desde cárceles y otras 150 pertenecientes a personas fallecidas.
El Gobierno ha identificado la falta de digitalización de los registros como un obstáculo para garantizar la transparencia en la administración de estos beneficios. Por ello, una parte clave del proceso de auditoría incluye la digitalización de los documentos de cada beneficiario, con el fin de evitar la pérdida de información y asegurar la correcta evaluación de cada caso mediante controles médicos y documentales.
Proceso de Auditoría
La auditoría se desarrollará en varias etapas:
Relevamiento de datos y verificación documental: Se analiza la documentación de cada pensionado para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.
Evaluación médica en territorio: Equipos de PAMI realizan controles presenciales para verificar el estado de salud de los beneficiarios y la veracidad de los documentos presentados.
Análisis de datos por parte de ANDIS: Se procesan los informes médicos y se cotejan con la normativa vigente.
Resolución del caso: Se decide si el beneficiario mantiene la pensión o si corresponde su suspensión por incumplimiento de los requisitos.
El proceso de auditoría continuará de manera progresiva durante todo el 2025. La meta es avanzar de forma escalonada y garantizar un análisis detallado de cada expediente antes de tomar decisiones definitivas. Se espera que en marzo el Gobierno presente un informe detallado con los resultados a nivel nacional.