Sea Lion: la petrolera británica Rockhopper compró parte de una plataforma para ampliar la explotación frente a Malvinas

La petrolera británica Rockhopper anunció la compra del 35% de una plataforma flotante que será utilizada en el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas cercanas a las islas Malvinas. La operación, realizada junto con la empresa israelí Navitas, contempla el pago de 44 millones de dólares por esa participación en la firma SPV, propietaria de la plataforma OSX-1.

Se trata de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO, por sus siglas en inglés), valuada en 125 millones de dólares, que estará destinada a una etapa posterior del desarrollo del yacimiento.

El anuncio llega en un momento de avance del proyecto. En diciembre de 2025, Rockhopper y Navitas habían anunciado la decisión final de inversión, un paso que, según las propias compañías, implica que completaron sus evaluaciones técnicas, económicas y financieras y consideran viable la explotación.

Las proyecciones del yacimiento

Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y fue descubierto por Rockhopper en 2010. Navitas ingresó formalmente a la iniciativa a comienzos de 2020 y actualmente controla el 65% del proyecto.

El plan prevé una inversión inicial de unos 1.800 millones de dólares hasta alcanzar la primera producción de crudo, prevista para marzo de 2028. A esa cifra se sumarían otros 2.100 millones de dólares durante la etapa de explotación, que las empresas proyectan extender por aproximadamente 30 años.

El desarrollo se hará por etapas. La primera se concentrará en el Área de Desarrollo Norte, mientras que más adelante se avanzará sobre el Área de Desarrollo Central, donde se utilizará la plataforma OSX-1. Según las estimaciones de las compañías, Sea Lion podría alcanzar una producción de hasta 180.000 barriles diarios hacia fines de 2030.

La posición argentina

El avance del proyecto vuelve a poner en primer plano la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. El Estado argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas en torno a las islas carecen de autorización nacional y cuestiona los permisos otorgados de manera unilateral por las autoridades de las Malvinas.

En ese marco, la Argentina inició acciones judiciales contra Rockhopper, Navitas y sus accionistas, al considerar que las operaciones fueron habilitadas de manera ilegal. A fines de agosto, además, el Gobierno nacional anunció sanciones económicas para las empresas británicas y aliadas que inicien proyectos en la zona de las islas.

El tema también tiene un capítulo legislativo: en la Cámara de Diputados se debate el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Ejecutivo, que propone endurecer las sanciones para las empresas que realicen operaciones no autorizadas en la zona de Malvinas.