En Argentina, la última dictadura cívico-militar dejó una herida profunda en la historia y en la memoria colectiva del país. Durante aquellos años oscuros, el Estado implementó un sistema de represión ilegal basado en la persecución, secuestro, tortura y desaparición de personas, en lo que se conoce como terrorismo de Estado. Sin embargo, desde el bando represor, con la llegada de la democracia y el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad, surgió un intento de relativizar la responsabilidad estatal a través de la llamada “teoría de los dos demonios”. Esta teoría plantea que en los años previos y durante la dictadura existió un conflicto entre dos fuerzas equiparables en violencia y responsabilidad: por un lado, los grupos guerrilleros que operaban en el país, y por el otro, el Estado y sus fuerzas de seguridad.

La desproporción del poder: cuando el Estado se convierte en un aparato represivo.

El principal problema de la teoría de los dos demonios radica en que establece una falsa equivalencia entre la violencia ejercida por los grupos armados y la violencia desplegada por el Estado. Si bien es cierto que existieron organizaciones guerrilleras como Montoneros y el ERP, que recurrieron a la lucha armada y cometieron atentados, su capacidad de daño y control social no puede compararse con la estructura estatal, que tiene el monopolio legítimo de la violencia, recursos ilimitados y un aparato represivo mucho más sofisticado.

El Estado no solo utilizó las fuerzas de seguridad para reprimir, sino que implementó un plan sistemático de desaparición de personas, algo que no tiene parangón con las acciones de la guerrilla. No se trató de enfrentamientos abiertos, sino de un esquema clandestino de secuestros, torturas, asesinatos y robo de bebés nacidos en cautiverio. Todo esto fue ejecutado desde un aparato estatal que involucró a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y sectores empresariales.

La diferencia fundamental es que el terrorismo de Estado no se dirigió exclusivamente contra quienes integraban la guerrilla, sino contra cualquier persona que pudiera ser considerada una amenaza al orden dictatorial. En los centros clandestinos de detención fueron torturados y asesinados estudiantes, sindicalistas, intelectuales, artistas y militantes sociales que ni siquiera estaban vinculados a la lucha armada. No hubo un conflicto entre dos fuerzas en igualdad de condiciones, sino un Estado que desplegó una maquinaria represiva sobre toda la sociedad.

Para 1976, la guerrilla ya estaba desarticulada.

Uno de los argumentos más sólidos para refutar la teoría de los dos demonios es que, para el momento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los principales grupos guerrilleros ya habían sido en gran parte desarticulados y tenían una capacidad operativa muy reducida. Según el historiador Hernán Confino, para 1975 la guerrilla había sufrido golpes devastadores, y la represión ilegal del gobierno de Isabel Perón, con la actuación de la Triple A y sectores de las fuerzas de seguridad, ya había diezmado sus filas. Marcos Novaro y Vicente Palermo, en su libro “La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática”, sostienen que cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder, la estructura de Montoneros estaba en retirada y el ERP había sido prácticamente aniquilado tras el Operativo Independencia en Tucumán.

A pesar de esto, la dictadura justificó su accionar bajo el pretexto de “exterminar la subversión”, cuando en realidad su plan represivo no se centró en la guerrilla, sino en la eliminación de toda forma de oposición política y social. La represión no distinguió entre combatientes y civiles desarmados: su objetivo fue imponer el terror en la sociedad en su conjunto.

No se niega la violencia guerrillera ni se la justifica.

Es importante aclarar que rechazar la teoría de los dos demonios no implica, bajo ningún punto de vista, negar la existencia de la guerrilla ni justificar su accionar. Los grupos armados cometieron atentados, asesinatos y secuestros que generaron un clima de violencia política y fueron responsables de crímenes graves. La democracia debe condenar toda forma de violencia política ejercida por fuera de la legalidad, ya sea desde el Estado o desde organizaciones clandestinas. Sin embargo, lo que se discute aquí es la equiparación entre ambas violencias: mientras que los grupos guerrilleros fueron organizaciones insurgentes con recursos limitados y objetivos políticos específicos, el Estado utilizó su aparato represivo para imponer un plan sistemático de persecución, tortura y exterminio sobre una parte de la población. Un Estado democrático no puede ponerse en el mismo nivel que un grupo armado, porque su responsabilidad es infinitamente mayor.

La falacia de la guerra: ¿hubo realmente un conflicto bélico?.

Otro de los errores de la teoría de los dos demonios es su insistencia en presentar la represión como una consecuencia de una supuesta guerra interna. Si bien en la década del 70 hubo enfrentamientos y atentados, no se puede hablar de una guerra en sentido estricto. En un conflicto bélico hay reglas, actores que firman acuerdos internacionales y combates entre bandos identificables. Lo que ocurrió en Argentina fue diferente: una dictadura que tomó el poder y eliminó a sus opositores de manera clandestina, sin juicios ni garantías legales.

Los guerrilleros que fueron capturados por el Estado no fueron tratados como prisioneros de guerra, sino que fueron desaparecidos, asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en los llamados “vuelos de la muerte”. En un conflicto convencional, los enemigos son juzgados o intercambiados por prisioneros; en la Argentina de la dictadura, eran ejecutados de manera sumaria. Esto demuestra que el Estado no actuó en una guerra legítima, sino que llevó adelante un plan de exterminio.

¿Por qué se sigue utilizando la teoría de los dos demonios?.

Pese a que el avance de los juicios y las investigaciones históricas han demostrado la falsedad de la teoría de los dos demonios, aún persisten intentos de reivindicarla. Esto sucede porque relativizar el accionar de la dictadura permite desresponsabilizar a sectores que participaron o se beneficiaron del terrorismo de Estado. Empresas, medios de comunicación, sectores políticos y judiciales fueron cómplices de la dictadura y, en muchos casos, buscan minimizar su rol en aquellos años.

También es una estrategia discursiva para deslegitimar la lucha por los derechos humanos. Al presentar el período como un enfrentamiento entre “dos extremos”, se intenta restar legitimidad a los organismos que denuncian los crímenes de la dictadura, sugiriendo que su lucha es parcial o ideológica. Sin embargo, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia no es una cuestión de bandos políticos, sino una necesidad democrática para evitar que el Estado vuelva a utilizar el terrorismo como método de gobierno.

La teoría de los dos demonios es una falacia que intenta equiparar la violencia estatal con la violencia guerrillera, cuando en realidad la dictadura impuso un sistema de represión sin precedentes, con recursos y métodos que ningún grupo armado podía igualar. El terrorismo de Estado no se limitó a combatir a la guerrilla, sino que atacó a toda la sociedad y eliminó a miles de personas sin ningún tipo de garantías legales.

Aceptar esta realidad no es una cuestión ideológica, sino una necesidad ética y democrática. En una sociedad que respeta los derechos humanos, no se puede poner en el mismo plano la violencia de un grupo insurgente con la de un Estado que utilizó su poder para imponer el terror. La memoria histórica no es revancha ni venganza: es la única garantía para que el terrorismo de Estado no vuelva a repetirse.

Julián Lazo Stegeman