Conflicto Docente: conciliación obligatoria
En la semana estuvimos dialogando con la dirigencia gremial que representa y hace oír el reclamo de los maestros, incluidos los autoconvocados (realizaron otra presencia callejera caminando frente a los principales edificios escolares). El escenario cambió; surgió la figura de la conciliación obligatoria (20 días hábiles donde la jueza María A. Abud debe mediar). Se retrotraen las medidas de fuerza desde los gremios y se obliga a una instancia nueva de negociación (¿debe el gobierno de Frigerio mejorar la oferta?) Una vez dispuesta la conciliación obligatoria, habló la presidente del CGE, Alicia Fregonese, quien pidió: “Seguir dialogando, pero con los chicos en las escuelas”. La misma se refirió a que “tenemos un plan para educación, pero sucederá con los alumnos, los docentes y los directivos en las escuelas, trabajando para que nuestros entrerrianos tengan un futuro”.
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Marina Ramos, delegada local AMET
En AMET estuvimos con la delegada local, Marina Ramos, que no se apartó del comunicado de su gremio, señalando:“se ha recepcionado la notificación del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 4, a cargo de la Dra. María Alejandra Abud, determinándose la declaración de conciliación obligatoria al conflicto suscitado entre los gremios representantes de la docencia y el gobierno, debido a la falta de una propuesta de recomposición salarial dentro de la negociación paritaria administrativa que se venía desarrollando en el marco de la Secretaría de Trabajo, y que se había dado por fracasada”.
¿Era un escenario buscado por los tres gremios,AGMER, AMET y SADOP?
-Nosotros buscamos canalizar en la paritaria. Luego de los rechazos, el Gobierno se presentó a la justicia laboral, la AMET acatará la orden de la jueza y suspenderá las medidas determinadas para esta semana y la entrante en un marco de respeto por las instituciones, las autoridades y la Justicia.
¿Y si no se llega a buen puerto, transcurridos los 20 días hábiles?
-Aclaramos que una vez transcurrido el tiempo determinado por la Ley 9624 para la conciliación obligatoria, y de no encontrarse en ese marco legal una respuesta concreta y justa, continuaremos en busca de la reivindicación de nuestro salario; las medidas de acción que se suspenden por esta orden judicial, las retomaremos y las ejecutaremos.
-La AMET señaló en el comunicado que: “Es urgente y necesaria para destrabar este conflicto una propuesta que contemple una recomposición salarial acorde a la tarea de los maestros y profesores. Que nos permita vivir en un marco de dignidad ejerciendo la profesión y creyendo en este proyecto de trabajo y vida que es la docencia”. También queremos expresar la enorme frustración que produce concurrir a una convocatoria de una paritaria salarial en busca de una recomposición que al menos empate a la inflación, pero que finalmente cuando vas al cajero automático te encuentres con un salario que es inferior al del mes anterior.
La propia delegada Ramos agregó: “Por decreto se va abonar una propuesta rechazada por muchos ítems y cuestionamientos, pero desde enero a junio los docentes lamentablemente hemos perdido dinero; en vez de mejorar nuestros salarios, hemos retrocedido.
- Estamos en espiral de caída de salarios, la quita del FONID y la Conectividad, el aumento del descuento de un 3% para la Caja de Jubilaciones, y el 19,5% adeudado en el primer semestre de este año entre la inflación y la recomposición otorgada (aún en veremos), sumados a una devaluación del 118% en diciembre del 2023, se constituyen en eslabones de una misma cadena y así nos encontramos ante esta cruel realidad, en vez de mejorar o al menos mantener el poder adquisitivo del salario de los maestros y profesores, se ha profundizado su caída”.
Fabián Peccín,vocal AGMERyprosecretario gremial CTERA
-Cada escuela lucha junto a la comunidad.
-La educación pública como derecho social y humano, no es en nuestro país un emprendimiento económico para lucrar desde la actividad privada ni desde el Estado.
-Este derecho está garantizado en la Ley de Educación Nacional y refrendado por cada ley provincial de educación existente. Esta determinación ha sido producto de la voluntad del pueblo, delegada a sus legisladores en momentos claves de la historia de la educación argentina, entendida como un derecho social y humano, un bien común para todos sus habitantes como versa en el Preámbulo de la Constitución Argentina o ley de leyes.
-Es extremadamente grave para el pueblo que estos principios consagrados se violenten con decisiones a medida de intereses económicos del poder real empresarial y fáctico, que agita el desprendimiento de este bien público, para que no sea prioridad del Estado y pase a la órbita privada en el corto, mediano o largo plazo en nuestro país. Es acá donde debemos poner el freno a los cantos de sirenas que nos pretenden llevar para desanimarnos, demonizando a la educación pública, a sus alumnos, a los docentes, a los contenidos, a las estrategias y sobretodo al desarrollo intelectual que promueve la escuela a través del análisis crítico en el aprendizaje. No es mera quimera el hecho de reivindicar viejos métodos de enseñanza para reducir al mecanicismo para aprender, repitiendo y sin analizar. Correr el eje de la gestión para ejecutar acciones desconociendo la Ley de Educación es la constante de este gobierno nacional y provincial que, por inacción y omisión, se hace el distraído sin levantar la voz para defender el Estado Entrerriano, su gente, sus leyes, y los derechos económicos y financieros coparticipables. Desconocer la Ley de Financiamiento Educativo que complementa a la Ley de Educación en términos económicos para su ejecución del PBI es al menos un error estratégico; pero claramente contrario a lo establecido y que este gobierno soslaya por compromisos contraídos negando recursos para educación.
-Esos recursos que no llegan, estando garantizados por ley, son parte del salario docente como lo es el Incentivo y la Conectividad, formación continua y en ejercicio, programas específicos para la formación complementaria en educación secundaria, provisión de material didáctico para docentes y alumnos, copa de leche, infraestructura; para construcción, ampliación y reparación de escuelas, creación de cargos y nuevos puestos de trabajo. Todo esto está ausente y avalado por esta gestión. Por lo tanto, no pueden desconocer que a la crisis la han generado desde esta gestión nacional y provincial. Los recursos recortados son la consecuencia para el conflicto salarial que hoy nos atraviesa.
-Estamos transitando una imposición salarial, también a nivel nacional, dónde la paritaria fue clausurada por decreto con salarios de miseria, que fueron rechazados por CTERA y que mantiene a los docentes en la línea de pobreza; estableciendo el secretario de Educación Nacional, por resolución, un salario inicial, a partir de abril, de $380.000, en junio de $400.000 y en julio de $420.000.
-Está claro que si nos quieren tener a los docentes con salarios degradados y con un poder adquisitivo dinamitado, el conflicto seguirá como hasta ahora.
-En la Provincia, el dictado de la Conciliación prevista en la Ley de Paritarias es una medida que obliga a las partes a sentarse a negociar y que apegados al derecho, acatamos en claro cumplimiento judicial del juzgado laboral interviniente.
-Es de esperar que en estas instancias de 20 días hábiles se procede a construir la mejor propuesta salarial atendiendo las dificultades alimenticias de las y los trabajadores de la educación en momentos de inflación permanente y que brinde previsibilidad a futuro para no quedar nuevamente con un salario desactualizado.
-Es la oportunidad delgobernador Frigerio para resolver, con voluntad política y prioridades financieras, en dónde se debe focalizar desde el actual gobierno para enaltecer a la educación, como lo propagó con el latiguillo proselitista, a través de los distintos spots, que vimos a lo largo de la campaña electoral.
-Hemos rechazado la decisión unilateral y anunciada en ronda de prensa del pago por decreto del 5% para todo el sector activo con corrimiento a los jubilados, más un bono de $ 40.000 hasta enero. Sin aportes de ley, sin portes a la Caja de jubilaciones y sin aportes a la Obra Social; es decir, NO A LOS JUBILADOS.
-Es vergonzoso que, ante una inflación estrepitosa, estemos corriendo detrás y quedando alejados cada vez más de poder recuperar lo perdido en términos de poder adquisitivo y rebaja salarial, sin incentivo docente, ni conectividad y a la vez un aumento del 3 % -del 16 %al 19 %- en nuestros aportes jubilatorios.
-Para poder sentarnos en la negociación, el primer punto es la suspensión de las medidas. Esas medidas también deben ser extendidas a la patronal para que se abstenga de proceder a los descuentos de días de huelga y así poder avanzar hacia un acuerdo.
-Exigimos también, como ya lo vienen planteando los distintos congresos de AGMER y con total coherencia, el recupero del desfasaje salarial del primer semestre entre la inflación acumulada y los aumentos obtenidos. Este porcentaje ronda el 18 % como forma de recuperación inmediata. También un porcentaje a cuenta de la inflación del mes en curso a percibir antes de conocerse la inflación del mes y no a la inversa como lo plantea el gobierno. Esta solución es la que debemos obtener dentro de estos 20 días de negociación o en el menor tiempo posible, pues la docencia entrerriana no puede sobrevivir con una propuesta de 5 % y un recupero sólo del salario inicial. Exigimos una recomposición que abarque a todo el escalafón docente y se jerarquice la carrera con los salarios proporcionales que corresponden.