La publicación municipal detalla las características del plan, que contempla un interés de financiación del 0,75%, la posibilidad de abonar la deuda en hasta 72 cuotas, con un monto mínimo de cuota de $40.000, y un descuento del 10% para quienes opten por el pago contado. Además, se especifica un régimen especial para jubilados que perciben el haber mínimo, quienes podrán realizar el trámite de manera presencial, presentando recibo de haberes, con una cuota mínima de $20.000 y sin límite en la cantidad de cuotas.

Asimismo, se informó que el período de suscripción al plan se extiende desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2026, con una condonación del 100% de intereses y multas.

El reclamo vecinal: “Una moratoria que no aplica”

La difusión oficial se da en un contexto de fuerte malestar vecinal. Tal como reflejó este medio, los frentistas cuestionaron que la deuda por la obra de asfalto apareció cargada en el sistema municipal antes de cualquier notificación formal, sin explicaciones claras sobre cómo se calculó el costo ni instancias previas de información.

Uno de los vecinos entrevistados fue categórico al señalar que la ordenanza de moratoria invocada no resulta aplicable a su situación.
“Esa ordenanza es para deudas vencidas al 31 de julio de 2024 y establecía como fecha límite el 31 de diciembre de 2024. En ese momento nosotros ni siquiera sabíamos que existía esta deuda”, explicó.
“La notificación oficial que recibimos es del 29 de octubre de 2025. Por donde se la mire, esa norma ya perdió vigencia para nuestro caso”.

Desde entonces, según relatan los vecinos, las consultas individuales no arrojaron respuestas concretas. “Nos dicen que esperemos, que va a haber una moratoria, pero todo es de palabra”, manifestaron.

Montos elevados y preocupación social

Otro de los ejes del reclamo es el desconocimiento sobre el cálculo del costo de la obra. “No sabemos si se está cobrando el costo real o un costo actualizado. Nunca vino nadie a explicarnos”, sostuvieron.
Los montos informados generan preocupación: algunos vecinos registran deudas de 2,6 millones de pesos, mientras que otros superan los 5 o 6 millones, dependiendo de la extensión del frente.

Para los frentistas, el problema excede lo económico. “La contribución por mejoras es un tributo y no puede ser confiscatorio”, afirmaron.
“Así planteado, es confiscatorio y además se viola el principio de oportunidad: no sabemos cómo ni cuándo lo vamos a poder pagar”.

El impacto social también fue señalado como un punto crítico. “Es un barrio de trabajadores, con muchos jubilados y personas mayores, algunas con problemas de salud”, describieron.
Según la notificación recibida, la cuota mínima de un eventual plan sería de $66.000 mensuales, una cifra que —advirtieron— resulta muy difícil de afrontar para quienes cobran la jubilación mínima.

Información oficial en el centro del debate

Con la publicación de los requisitos por parte del Departamento de Rentas, el eje del debate vuelve a centrarse en la aplicabilidad del régimen, la oportunidad de la notificación y la necesidad de mayor claridad e información previa hacia los vecinos alcanzados por la contribución por mejoras.

La situación continúa generando interrogantes y expectativas en los barrios afectados, mientras se aguarda una definición más precisa por parte del Municipio sobre cada uno de los casos planteados.