La presentación del Balance Oficial del Corso 2026 por parte de la Municipalidad de Gualeguay supuso, en términos institucionales, el cierre contable y administrativo de la máxima fiesta de nuestra ciudad. Sin embargo, la realidad de los expedientes administrativos revela un marcado contraste entre los plazos que fijan los pliegos y las arcas públicas reales. Al día de la fecha, a casi un trimestre de haberse apagado las luces del Corsódromo, persisten compromisos económicos asumidos por los adjudicatarios que aún no se han efectivizado, abriendo un complejo interrogante técnico: ¿cómo se integraron las deudas pendientes en el balance final presentado a la comunidad?

Se trata de la cantina N° 5, cuya concesión fue otorgada al Club Atlético Quilmes mediante la Licitación Pública N° 13/2025. De acuerdo con el pliego general de bases y condiciones particulares, el costo total de la concesión —con una base establecida en $15.000.000— debía "abonarse íntegramente dentro de los 10 (diez) días de comunicada fehacientemente la adjudicación". En el artículo 15° estipula explícitamente la obligatoriedad del pago contado dentro de ese lapso, advirtiendo de manera tajante que el Municipio no reconocerá mayores costos bajo ningún concepto.

No obstante, según consta en la notificación formal emitida por la Asesoría Letrada municipal —registrada bajo el Expediente Administrativo N° 228122 y fechada el 15 de mayo de 2026 el canon total licitado ascendió finalmente a la suma de $30.580.800. De ese monto, la entidad deportiva abonó únicamente la mitad: $15.290.400, verificándose además que dicho pago parcial se efectuó fuera de los plazos contractuales. En consecuencia, mediante las actas notificadas el 15 de mayo de 2026 a las 10:35 hs, la Municipalidad intimó formalmente al Club Quilmes a abonar los $15.290.400 restantes en un plazo perentorio de 72 horas, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

La respuesta de la institución deportiva, formalizada el 20 de mayo de 2026 por su presidente ante la Mesa de Entradas de la Casa Municipal, expone el reverso de la trama: la cruda realidad económica que atraviesan las entidades intermedias. En su descargo, Quilmes detalla que, confiando en los ingresos de la cantina, iniciaron en enero ambiciosas obras de infraestructura en su predio, como los pulmones de la cancha principal, el tapial perimetral y el revoque de su propia cantina interna. Sin embargo, las noches de carnaval no rindieron los frutos esperados y los ingresos quedaron considerablemente por debajo de las proyecciones.  A esto se sumaron imprevistos de enorme sensibilidad humana y financiera: la Primera División sufrió la grave lesión de uno de sus jugadores, y la comisión directiva priorizó asumir íntegramente los costos de la cirugía y gastos médicos ante la emergencia, quedando a la espera del reintegro de la aseguradora. Asimismo, el club alegó una encrucijada administrativa con el propio Ejecutivo: disponían de dinero por cobrar de la Municipalidad en concepto de tickets emitidos para empleados municipales, pero se les notificó que primero debían cancelar la deuda del canon para poder percibir esos fondos, anulando una vía de auxilio financiero inmediato. 

Una aclaración institucional necesaria

La divulgación de estos hechos y de la documentación respaldatoria no persigue, bajo ningún concepto, dañar la identidad o el prestigio del Club Atlético Quilmes, como tampoco busca atacar el espíritu de asistencia y fomento que el Estado debe garantizar a las instituciones deportivas de la ciudad. El rol social, de contención, de salud y de identidad que cumplen Quilmes y cada uno de los clubes de Gualeguay en nuestros barrios es sencillamente insustituible. El verdadero eje de debate no radica en la legítima dificultad de una comisión directiva, sino en la fragilidad de un sistema público cuyas reglas de juego deben ser claras, transparentes, previsibles e iguales para todos los actores involucrados. El vacío administrativo que deja al descubierto impacta de lleno, otra vez, en el control de los recursos de la Comuna.

Si el pliego licitatorio determinaba taxativamente en su articulado particular que, de no saldarse el total en 10 días, la concesión "será dada de baja y el club perderá el derecho asignado", cabe preguntarse por qué se permitió la explotación del servicio durante las diez noches del Corso 2026 con solo la mitad del canon integrado. Más aún, ante la reciente presentación del Balance Oficial del Corso 2026, las preguntas contables adquieren carácter urgente: ¿Los $15.290.400 adeudados figuran en los libros locales como un ingreso efectivamente percibido, o se computaron bajo una cuenta de deudores o cuentas a cobrar?

Este escenario no es un hecho aislado; recientemente, los clubes locales quedaron al margen y no fueron invitados a participar de las mesas de debate y planificación del Plan Base, el programa diseñado para proyectar el desarrollo futuro y el ordenamiento de Gualeguay. Esta exclusión arrastra consigo interrogantes inevitables sobre la organización de nuestra principal industria cultural y turística: ¿Se consulta formalmente a las comisiones directivas sobre la viabilidad del sistema de adjudicación de las cantinas? ¿Tienen voz activa a la hora de fijar los montos de las bases económicas, que en esta edición partieron de los 15 y 20 millones de pesos? ¿O son considerados meros espectadores y aportantes de mano de obra en un esquema cerrado que no contempla sus realidades presupuestarias?

El Corso de Gualeguay se sostiene, fundamentalmente, gracias al motor y el esfuerzo humano de sus comparsas e instituciones; relegar a los clubes de las decisiones estratégicas de la ciudad es, también, debilitar las bases del propio espectáculo. Establecer reglas claras, equitativas y cumplibles no significa ahogar económicamente a los clubes; significa, precisamente, protegerlos. Cuando los pliegos administrativos fijan exigencias que se divorcian de la realidad financiera de las instituciones, o cuando los mecanismos de control estatal se vuelven laxos permitiendo excepciones discrecionales, el sistema entero pierde previsibilidad.

El debate está abierto: los clubes no pueden seguir siendo convocados únicamente para las urgencias de la inundación; deben ser socios estratégicos, con voz y voto, en el diseño de la ciudad que habitan.