El Abogado Reggiardo denunció ante la CIDH una presunta persecución judicial que involucra a la justicia de Gualeguay

El abogado entrerriano Guillermo Reggiardo presentó este lunes 12 de mayo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncia una presunta persecución judicial sistemática en su contra por parte de sectores del Poder Judicial de Entre Ríos.

Reggiardo, que mantiene una activa militancia dentro del Partido Justicialista y ha representado legalmente a figuras políticas como el actual intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, sostiene que las represalias en su contra se deben a denuncias que viene realizando desde hace años contra funcionarios judiciales y administraciones de organismos estatales, como el Iosper y en la causa conocida como “Contratos Truchos”.

En su presentación ante la CIDH, el letrado apuntó directamente contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Leonardo Portela, a quien acusa de encabezar una "embestida judicial" en su contra. “Portela protege al fiscal Álvaro Piérola, avala la persecución a la senadora Patricia Díaz, y dicta la línea corporativa que cierra todos mis caminos procesales”, afirmó Reggiardo.

El abogado también criticó la actuación del fiscal Piérola, recordando que archivó en 48 horas la denuncia por los contratos truchos en la Legislatura y luego inició una causa contra la senadora Díaz, esposa de Rossi, apenas la CIDH admitió preliminarmente una denuncia previa del propio Reggiardo.

A su vez, denunció la falta de imparcialidad en el Poder Judicial provincial: “Fiscales y jueces han tomado posición pública en mi contra. El mínimo estándar de imparcialidad está quebrado en Entre Ríos”, sostuvo. Por eso, solicitó a la CIDH que inste al Estado argentino a suspender las causas en su contra donde intervengan funcionarios que hayan demostrado animosidad, y que se designe a fiscales y jueces externos.

Acusaciones cruzadas y antecedentes

Reggiardo argumenta que su situación se enmarca en una escalada de persecuciones que comenzó en 2009, cuando asumió la defensa del entonces intendente Domingo Daniel Rossi, y se intensificó tras diversas denuncias por corrupción, entre ellas una contra el vocal del STJ Carlos Chiara Díaz y otra por la existencia de contratos irregulares en la Legislatura.

En el expediente presentado ante la CIDH, menciona causas judiciales que, según él, fueron iniciadas con argumentos falsos o desproporcionados. Entre ellas, una por “estafa a discapacitada” que terminó en su sobreseimiento, y otra en la que fue imputado por “lesiones culposas agravadas” luego de un incidente vial en 2021, donde asegura que la intervención policial fue desproporcionada y violenta.

Más recientemente, el abogado fue imputado por coacción, intimidación y desobediencia durante una audiencia en Gualeguay, luego de recusar a una jueza. Afirma que incluso se le prohibió filmar la audiencia y que, tras presentar un habeas corpus preventivo por temor a ser detenido arbitrariamente, este fue rechazado sin tratamiento.

“Un símbolo de la perversión judicial”

Reggiardo señaló a Gualeguay como el “epicentro de esta perversión judicial”, donde afirma que se concentran causas armadas, jueces recusados que siguen actuando, y fiscales que cambian de rol sin control. “Solicitamos medidas urgentes para proteger no sólo mi libertad, sino también la de personas vulnerables que defiendo en causas penales, de niñez y de salud mental, muchas de las cuales enfrentan abandono judicial absoluto”, expresó.

En su denuncia, el abogado remarcó que su objetivo no es evitar la justicia, sino garantizar un proceso imparcial y libre de represalias. “Lo que se reclama no es impunidad, sino un procedimiento justo y que respete los derechos fundamentales, algo que hoy no está garantizado en Entre Ríos”, concluyó.Fuente:apfdigital.com