Mientras el Departamento Ejecutivo avanza con un sumario administrativo, una denuncia penal y un pedido de remoción en el Concejo Deliberante, la defensa legal cuestiona de raíz la validez del operativo contable montado en la Comuna.

El Debate Pregón: Desde el Ejecutivo confirmaron el inicio de tres vías concurrentes: sumario, denuncia penal y pedido de remoción. ¿En qué estado procesal se encuentra su defendido?

Dr. Marcelo Sánchez: Legalmente mi defendido aún no ha sido notificado ni imputado en el ámbito penal. Al momento, solo se nos ha anoticiado el inicio de un sumario administrativo con una suspensión provisoria por 30 días. Lo llamativo es que el dictamen del asesor legal esboza supuestos incumplimientos de manera laxa, pero formalmente aún no sabemos qué hecho concreto se le atribuye en el sumario; ni siquiera le han pedido explicaciones todavía.

EDP: La Secretaría de Hacienda matizó que lo que existía era una "salida irregular" de fondo fijo sin los requisitos formales.

M.S.: Lo que ha estado pasando denota una marcada animosidad. El Ejecutivo tomó conocimiento de la existencia de un recibo temporal por 1.500.000 pesos firmado de puño y letra por el Tesorero en una de las cajas exteriores. Apresuradamente, convocaron al escribano con el único fin de constatar la existencia física de ese papel antes de que desapareciera por el flujo normal de la actividad municipal.

La extracción temporal de dinero de la caja chica mediante recibos internos para afrontar contingencias inmediatas es una práctica habitual y prevista por los usos del Tribunal de Cuentas. Si un área necesita pagar de urgencia una carta documento, el tesorero entrega el efectivo y guarda un recibo firmado por el empleado. Cuando el agente regresa con la factura oficial, el recibo provisorio se destruye y el gasto se incorpora formalmente. El apuro del Municipio radicaba en "encontrar" el recibo firmado por Estapé antes de que se formalizara el comprobante definitivo, para instalar en la opinión pública que se estaba llevando el dinero.

EDP: ¿Y dónde se encontraba ese dinero al momento del procedimiento notarial?

M. S.: El dinero siempre estuvo dentro del Municipio. Lo que ocurre es que durante el arqueo se negaron terminantemente a abrir la caja fuerte principal de la Tesorería. Si hubiesen continuado el procedimiento adecuadamente abriendo la caja fuerte, habrían encontrado los fondos o los documentos de respaldo correspondientes. Cuando llegue el momento del descargo formal, Estapé planteará este vicio metodológico: ¿con qué rigor técnico me acusan de un faltante si ni siquiera revisaron la totalidad de las dependencias?

EDP: El concepto que quedó instalado en la comunidad es el de un faltante de fondos en las cuentas públicas. ¿Cómo responde a esa calificación?

M. S.: Técnicamente es imposible hablar de desfalco cuando existe un documento firmado por la máxima autoridad de la Tesorería autorizando la salida. Mi cliente no ocultó nada; dejó asentada su firma haciéndose cargo de la extracción en la caja que custodiaba otra empleada, precisamente para que a ella le cerraran los números al finalizar la jornada.

Nadie que pretenda defraudar al Estado deja un recibo con sus datos y su firma en el lugar del hecho. Tampoco se puede argumentar que Estapé sea responsable de las demoras en rendir cuentas al poder legislativo; la obligación de confeccionar los balances es una responsabilidad política del Ejecutivo, no de los cuadros técnicos de control.

Además, hoy la Tesorería opera con un sistema informatizado y trazable. El Secretario de Hacienda, el Contador y el Tesorero poseen usuarios y claves individuales. Cada movimiento que realiza Estapé queda grabado con una huella digital inalterable. No podemos ser tan ingenuos de pensar en una intencionalidad dolosa en un entorno donde todo genera una alerta automática.

EDP: El Concejo Deliberante tiene previsto dar tratamiento inmediato al pedido de remoción. ¿Qué análisis hace de este paso legislativo?

M. S.: Nos preocupa profundamente la celeridad con la que el oficialismo pretende resolver esto, contando simplemente con la mayoría automática de votos, sin esperar siquiera a que concluyan los plazos mínimos del sumario administrativo o la investigación de la Justicia. Estamos hablando de un empleado público con 23 años de carrera intachable y 18 años de ejercicio continuo en el cargo de Tesorero. Si el proceso se ejecuta vulnerando el debido proceso y mañana la Justicia nos da la razón, el juicio millonario resultante contra la Municipalidad no lo pagarán los funcionarios de turno; lo va a pagar "Juan Pueblo" de sus propios impuestos. Institucionalmente es de una fragilidad alarmante.

El Tesorero y el Contador son las figuras creadas por la Constitución de Entre Ríos y la Ley de Municipios para ejercer el control de legalidad y limitar el poder político. Si con un sumario express y una mayoría simple podés deshacerte con tanta ligereza del técnico que tiene la función legal de controlarte, el sistema democrático y la institucionalidad se dañan.