El Juez que liberó a uno de los asesinos de Micaela cobra más de diez millones de pesos de jubilación

La reciente investigación publicada por la revista Análisis desnudó una realidad ineludible para las finanzas de Entre Ríos: la existencia de una verdadera "cúpula previsional". Un selecto ránking de beneficiarios —encabezado por ex miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ex directivos del EPRE y el Tribunal de Cuentas— percibe haberes que superan los 20 millones de pesos mensuales, atados de manera automática a los sueldos de los funcionarios en actividad. En una provincia que discute periódicamente su emergencia previsional, estas cifras abren un debate ético indispensable, cuyas esquirlas impactan de forma directa en nuestra comunidad a través de un nombre propio: Carlos Alfredo Rossi.

Para Gualeguay, el nombre del exjuez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú no es uno más en los legados de la administración pública. Es el centro de la polémica institucional más dramática de la última década. Rossi se acogió al beneficio jubilatorio en agosto de 2025, cerrando un ciclo en los tribunales ordinarios y abriendo una carrera por la subrogancia y titularidad de su estratégico juzgado. Sin embargo, su salida formal del Poder Judicial no significó el olvido, sino la consolidación de un blindaje económico perpetuo financiado por el erario público provincial.

De la "bola de cristal" al beneficio permanente

Quienes recuerdan los pormenores del jury de enjuiciamiento que paralizó a la provincia evocan la férrea defensa corporativa que protegió al magistrado. Ante el Jurado de Enjuiciamiento, Rossi se justificó argumentando de forma pragmática que los jueces de su fuero no contaban con una “bola de cristal para saber qué es lo que va a acontecer tras una decisión”, minimizando los informes técnicos que desaconsejaban la liberación de Sebastián Wagner, posterior femicida de Micaela García.  Aquel polémico Jury finalizó sin una acusación formal contundente por parte de la Procuración, permitiéndole al magistrado regresar a su despacho, mantener su jerarquía y, finalmente, tramitar su retiro bajo las leyes previsionales de privilegio que rigen para los altos estamentos judiciales.

El costo de la paridad

El sistema previsional entrerriano permite que los haberes de los jueces jubilados mantengan una paridad estricta con los sueldos del personal activo. De este modo, mientras la pirámide de jubilados comunes sobrevive con ingresos mínimos severamente castigados por la coyuntura económica, la cúpula que integra el sector judicial del que Rossi se retiró el año pasado, habita una realidad paralela.

La publicación de los montos que perciben los escalafones más altos de la provincia reaviva una discusión local que mezcla las matemáticas de la crisis con el reclamo de justicia social. Carlos Rossi ya no dicta sentencias ni evalúa conductas carcelarias en la vecina localidad de Gualeguaychú, pero su firma quedó estampada en la historia negra de nuestra ciudad y, ahora, en los padrones de los pasivos más selectos del Estado entrerriano. Un retiro dorado que expone, una vez más, la distancia insondable entre los privilegios de algunos y la realidad del ciudadano de a pie.