El ingeniero Juan Moreno, responsable de Programas y Proyectos de la Municipalidad de Gualeguay, se refirió a la situación de las viviendas del barrio 100 Viviendas y a los reclamos realizados recientemente por vecinos del sector, quienes denunciaron distintos problemas constructivos y deficiencias en las unidades habitacionales entregadas. En diálogo con El Debate Pregón, el funcionario explicó que la obra “se inició en febrero de 2022” y continuó con normalidad hasta el cambio de gobierno nacional, en diciembre de 2023. Según detalló, a partir de ese momento comenzaron las complicaciones administrativas y financieras que impactaron directamente en el avance de los trabajos. “La Secretaría de Hábitat se desintegró y pasó al Ministerio de Obras Públicas. Hoy lo maneja directamente el Ministerio de Obras Públicas”, indicó Moreno.

En ese marco, señaló que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la obra atravesó reiterados parates debido a la falta de fondos nacionales. “Si bien nosotros cargábamos los certificados de obra, no fueron pagados a tiempo. Siempre hubo demoras de varios meses y eso implicaba que el contratista debía parar la obra, despedir gente y después volver a tomar personal”, sostuvo. Pese a esas dificultades, el funcionario afirmó que la obra llegó prácticamente a su finalización. “Del 100 por ciento del contrato restaba ejecutar solamente el 1 por ciento”, explicó. Ese porcentaje pendiente incluía algunos tramos laterales de cordón cuneta, trabajos de enripiado, la colocación de ventiladores de techo y accesorios de baño para las viviendas.

Moreno aclaró que esos trabajos dependían directamente de la llegada de fondos nacionales aún adeudados. “Tenemos tres certificados de obra adeudados por Nación: abril, mayo y junio de 2025. El Municipio se los debe al contratista porque Nación todavía no los pagó”, manifestó. También explicó que los certificados se actualizan mediante el índice UVI (Unidad de Vivienda), que se ajusta diariamente. “Nosotros certificamos en UVI y al momento de pagar eso se redetermina o ajusta”, indicó.

Respecto de la decisión de entregar las viviendas aun cuando faltaban tareas por concluir, Moreno sostuvo que existía una fuerte necesidad habitacional por parte de las familias adjudicatarias. “El año pasado había cierto apuro por entregar las casas. También los vecinos les solicitaban a la intendenta y a los secretarios que se las entregaran como estuvieran porque tenían necesidad de ingresar”, expresó. En consecuencia, se optó por habilitar el ingreso de los propietarios mientras todavía continuaban algunos trabajos de obra y verificaciones técnicas. “Lo que no se llegó a hacer fue ese control final que se hace en un barrio de viviendas: probar cañerías de agua, probar los tanques que hacían dos o tres años que estaban arriba sin uso. Eso no se llegó a hacer por el mismo apuro”, reconoció.

Una vez habitadas las viviendas comenzaron a aparecer distintos reclamos por parte de los vecinos. Según Moreno, “la gran mayoría son reclamos menores”, aunque admitió que también existen “algunos vicios de construcción”. En ese sentido, remarcó que las reparaciones corresponden originalmente a la empresa contratista, ya que la obra se encuentra dentro del período de garantía. “La obra tiene una recepción provisoria parcial por un período de garantía de un año”, explicó.

Sin embargo, aseguró que la empresa se niega actualmente a realizar arreglos debido a la deuda pendiente. “El contratista alega que, ante la falta de fondos adeudados, no va a hacer ningún tipo de arreglo”, señaló. Ante esa situación, el Municipio decidió intervenir directamente. “Hace aproximadamente dos semanas el Municipio ingresó con personal municipal a realizar los arreglos y atender todos los reclamos de los propietarios”, afirmó.

Además, indicó que se elaboró un relevamiento detallado para sistematizar cada caso. “Hay una planilla de reclamos con el detalle de cada manzana, cada propietario y qué es lo que reclama. A partir de ese detalle se está interviniendo”, explicó.

Finalmente, Moreno aseguró que el objetivo es sostener la presencia municipal hasta que se destraben los fondos nacionales y luego continuar el procedimiento formal dentro del período de garantía de la obra. “Por lo pronto, el Municipio está interviniendo en esos reclamos y después se le pasarán nuevamente al contratista, porque es su responsabilidad”, concluyó.