La caminera de Gualeguay no es la excepción. A la vera de la ruta, los rodados confiscados por la Policía permanecen expuestos al sol, la lluvia y el paso del tiempo, en una escena que mezcla burocracia, contaminación y desidia. Según datos oficiales, más de 1.200 vehículos permanecen bajo custodia en toda la provincia, un número que no deja de crecer y que ya supera los registros históricos.

El problema no es solo estético o ambiental. Cada uno de esos vehículos representa un caso judicial pendiente, una causa trabada o un proceso administrativo que no encuentra salida. Pero también implica riesgos concretos: contaminación del suelo por fluidos, pérdida de valor de los bienes y hasta el robo de autopartes, situaciones que la misma Policía admite como parte de una “problemática real que buscan mitigar”.

En tiempos donde se reclama eficiencia y transparencia en la gestión pública, esta situación interpela al Estado provincial en su conjunto. No basta con trasladar autos de un puesto caminero a otro o con disponer algunos para uso policial. Hace falta una política integral de disposición de bienes secuestrados, con criterios ambientales, judiciales y logísticos claros.

Cada vehículo abandonado a la intemperie es una muestra de cómo las demoras judiciales y la falta de infraestructura se traducen en desorden visible. El Gobernador ha ordenado acciones de limpieza y reubicación, pero si no se acompañan de un sistema que impida que los depósitos vuelvan a colapsar, el problema se perpetuará.

La foto de esos cementerios metálicos a la vera de las rutas entrerrianas debería ser un llamado de atención. No solo hablan de los controles viales, sino también de un Estado que acumula causas y chatarra al mismo ritmo. Entre la ley y el abandono, Entre Ríos necesita menos depósitos y más decisiones. -Fuente: unoentrerios.com /El Debate Pregón