La decisión judicial fue tomada el pasado 8 de mayo por la Magistratura, que resolvió no hacer lugar al planteo realizado oportunamente por la familia de la joven asesinada. Como única condición, se dispuso que Pavón deberá trasladarse a Gualeguay y fijar domicilio real 20 días antes del inicio del juicio.

Desde la Fundación Micaela García cuestionaron duramente la resolución y este martes presentaron una apelación para revertir la medida.

Entre los argumentos expuestos, señalaron que la decisión “no tuvo en cuenta los acuerdos internacionales como la Convención de Belém do Pará”, que obligan al Estado argentino a brindar especial protección a mujeres y niñas frente a situaciones de violencia de género.

Asimismo, sostuvieron que existió una “errónea valoración del peligro de fuga”, al considerar que Pavón enfrenta actualmente una acusación más grave, ya que se lo señala como coautor del femicidio y podría recibir una pena de prisión perpetua.

“Además, el hecho de que viva desde hace años en Bandera, Santiago del Estero, no garantiza de ninguna manera que se presentará en Entre Ríos para enfrentar el juicio”, expresaron desde la familia.

Otro de los puntos cuestionados fue la supuesta “subestimación del peligro de entorpecimiento” de la investigación. Según indicaron, existe riesgo de que el acusado pueda influir sobre testigos o peritos debido a la cercanía del juicio y a la información que posee sobre el caso.

“Entendemos que la prisión preventiva resulta la única medida razonable para asegurar el debido proceso y que la actual libertad del imputado no es proporcional a la gravedad del hecho que se investiga”, señalaron.

La apelación presentada ahora deberá ser analizada por instancias superiores, mientras crece la preocupación de la familia ante la posibilidad de que el acusado permanezca en libertad hasta el debate oral.