Ella parte de que “el conflicto salarial continúa” y también “rechazamos el intento de reforma jubilatoria impulsada por el gobierno Provincial”.

Convencida cada día más de que “la docencia en crisis y el ajuste provincial en sintonía con la Nación, se paga con derechos”.

¿Por dónde comenzar y además con mucho malestar?

-Desde mi rol como delegada gremial de AMET, considero imprescindible poner en palabras una realidad que atraviesa hoy a todos los maestros: el conflicto salarial no es solo una discusión de números; es una disputa por condiciones de vida, por dignidad laboral y por el futuro de la educación pública.

En primer lugar, resulta inadmisible la persistencia de componentes salariales “en negro”, es decir, sumas no remunerativas que no impactan en la antigüedad, el aguinaldo ni la jubilación. Esta práctica no solo precariza el salario docente, sino que también debilita el sistema previsional y afecta directamente a quienes han dedicado toda su vida al servicio educativo.

Por otra parte, está la profunda preocupación frente al intento del gobierno provincial de avanzar sobre la Ley de Jubilaciones N°8732.

Muchos sectores involucrados con distintos colores, ¿coinciden en la salud de la Caja?

-Los trabajadores, los maestros qué responsabilidad tenemos… Y encima, aportamos más.En ese marco, cuestionamos que el anteproyecto “carece de precisión normativa”, haciéndose difícil dimensionar con certeza y claridad los efectos sobre los haberes y ratificamos la defensa del 82% móvil rechazando cualquier ajuste sobre los jubilados docentes.

No vamos a aceptar “cualquier intento de reducir el déficit del sistema previsional a costa de una disminución de haberes o un deterioro de las condiciones jubilatorias”.

Rechazamos las malas decisiones de los políticos de turno en la caja de jubilaciones, decisiones políticas que deban ser saneadas con el esfuerzo de los trabajadores docentes activos, docentes jubilados y sus familias.

Rechazamos contundentemente este avance sobre la reforma previsional que busca extender la edad jubilatoria, sin considerar el desgaste físico, emocional y cognitivo que implica la tarea docente. Se pretende que trabajemos más años, aportando más, para recibir menos. Una ecuación injusta.

Resulta particularmente grave que incluso sobre sumas no remunerativas se hayan aplicado descuentos, vulnerando principios básicos de legalidad y transparencia. Es decir, se descuenta sobre lo que ni siquiera es reconocido plenamente como salario.

¿Es la misma preocupación por el actual OSER, ex-IOSPER?

-Por supuesto que sí, la crítica situación de la obra social, que lejos de garantizar cobertura adecuada, expone a los trabajadores de la educación a demoras, recortes y prestaciones insuficientes. La salud no puede ser una variable de ajuste.

Le dan mucha importancia a la mesa de discusión salarial… ¿es paratanto?

- Es lo mejor ese tipo de mesas. La ausencia de paritarias libres y reales profundiza aún más el conflicto. Sin negociación colectiva efectiva, los docentes quedamos sujetos a decisiones unilaterales que desconocen el impacto concreto de la inflación sobre nuestros ingresos. La pérdida del poder adquisitivo es constante y sostenida.

En este contexto, es fundamental continuar recordando el espíritu de la Ley 26.058, que establece la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar financiamiento, infraestructura e insumos para la educación técnico-profesional para las “escuelas técnicas, agro técnicas y formación profesional”.

Sin embargo, vemos cómo estos aportes se diluyen o llegan de manera insuficiente a las instituciones, obligando a las escuelas a sostenerse con recursos limitados y muchas veces con el esfuerzo personal de docentes y directivos.

Este desfinanciamiento de la educación técnico-profesional en los aportes establecidos por la Ley 26.058 no son un aspecto menor: “Su recorte o ejecución insuficiente repercute directamente en las trayectorias educativas de los estudiantes y en las decisiones de las familias que apuestan por esta modalidad”.

Un recorte real del 93 % de los recursos para nuestras escuelas de la modalidad técnico profesional a partir de la aprobación del presupuesto nacional 2026, donde deroga el Art. 52 de la Ley 26.058. No estamos hablando solamente de números presupuestarios, sino de oportunidades concretas.

Cuando faltan insumos, cuando los talleres no pueden desarrollarse plenamente o cuando los programas de financiamiento no llegan en tiempo y forma, se debilita el sentido mismo de la formación técnico-profesional, impactando en nuestrasinstituciones: las escuelas técnicas, las escuelas agro técnicas y los centros de formación profesional, quienes cumplen un rol estratégico en la inclusión, la capacitación laboral el desarrollo productivolocal,  el desarrollo productivo regional  e impacta en la desindustrialización nacional en el desarrollo de nuestro país.Hoy nuestro país es uno de los que presenta mayor caída industrial a nivel mundial.

Este desfinanciamiento de nuestra modalidad técnico profesional en los insumos, talleres, laboratorios, máquinas y herramientas, pilares fundamentales de la formación técnica, no es inocente: pertenece a un plan económico estratégico que se asemeja al plan económico de Martínez de Hoz, que busca desmantelar las políticas públicas educativas con perspectiva en derechos humanos, busca demonizar a los organismos, instituciones, sindicatos, tergiversar el pasado, y fundamentalmente en lo especifico, amedrentar y estigmatizar la EDUCACIÓN PUBLICA, a nuestras ESCUELAS, con ataques mediáticos y acusaciones falaces infundadas.

¿Asociás todo?

-Este escenario se vincula directamente con el deterioro del salario docente. Un sistema educativo sin financiamiento adecuado y con docentes precarizados genera un doble efecto: limita las posibilidades pedagógicas y deteriora el acompañamiento a los estudiantes. La consecuencia es clara: trayectorias más frágiles, mayor desigualdad educativa y una pérdida progresiva de calidad en la formación.
En definitiva, el ajuste no solo afecta a quienes enseñan, sino también a quienes aprenden. Y cuando se compromete la educación técnico-profesional, se está comprometiendo también el futuro productivo y social,no solamente de nuestra comunidad, sino también impacta en del desarrollo productivo de nuestro país, condenándolo a la desindustrialización, perdida de su independencia económica y de la soberanía nacional.

Todo esto tiene un impacto directo en el nivel socioeconómico de quienes trabajamos en educación, también en los ciudadanos, estudiantes en su derecho a educarse con trayectorias de calidad y en las familias que eligen a nuestras escuelas para garantizarles un futuro digno para sus hijos y seres queridos.

Salarios deteriorados, condiciones laborales inestables y falta de reconocimiento afectan no solo la calidad de vida material, sino también el bienestar integral.

No podemos olvidar de mencionar el impacto en la salud mental docente. El estrés, la sobrecarga laboral, la incertidumbre económica y la falta de respuestas institucionales generan un desgaste profundo. Enseñar en estas condiciones implica un esfuerzo adicional que no siempre es visible, pero que se siente en cada aula, en los talleres y laboratorios.

Defender el salario docente, la LEY 26058, es defender la educación pública. No hay calidad educativa posible sin condiciones dignas para quienes la sostienen día a día.

La docencia no es el problema: es parte de la solución. Pero para eso, necesita ser escuchada, respetada y valorada. Situación que,en estos momentos, no estarían cumplimentando en sus decisiones políticas quienes hoy nos gobiernan tanto a nivel nacional como provincial, olvidándose estos, que están donde están para representar la voluntad y necesidadesdignas de la población entrerriana y de los ciudadanos argentinos.