Desde la oposición remarcaron la urgencia de recibir respuestas en el plazo establecido de diez días y enfatizaron que el foco debe ponerse en la responsabilidad sobre el control de los recursos de la comunidad.

En estos días tomó estado parlamentario un pedido de informes que apunta directamente al corazón de la administración de los recursos públicos locales. El proyecto surge en una semana marcada por dos acontecimientos críticos: la denuncia y pedido de remoción del Tesorero Municipal por parte del propio Ejecutivo tras la detección de un supuesto faltante de dinero, y la intimación a un club local por una deuda no reflejada en las utilidades de la máxima fiesta de la ciudad.

Al respecto, la concejala Micaela Cevasco (Más por Entre Ríos), impulsora de la iniciativa, dialogó con este medio y remarcó la necesidad de que el Municipio brinde respuestas perentorias ante lo que calificó en el documento como "trascendidos públicos de gravedad". "Todos los vecinos y vecinas de Gualeguay merecen que los fondos y cada centavo sea administrado con responsabilidad y transparencia", argumentó justificando la solicitud de un plazo perentorio de diez días para que el Ejecutivo remita la documentación respaldatoria.

Las cuentas del Carnaval bajo la lupa

El primer eje de la presentación radica en las inconsistencias detectadas en la liquidación del Carnaval 2026. Según consta en los considerandos del documento, tras la presentación pública del balance oficial de la última edición, se conoció la existencia de deudas pendientes vinculadas a la explotación de cantinas. Específicamente, trascendió la intimación al Club Quilmes por una cifra cercana a los 15 millones de pesos en concepto de canon de explotación.

Sobre este punto, Cevasco aclaró que la intención legislativa no busca penalizar a la entidad civil involucrada. "Bajo ningún punto de vista queremos caerle al club que tiene esta deuda millonaria, sino poner el foco en la responsabilidad que tiene que tener el Municipio y quienes manejan la plata de todos los vecinos", diferenció. En ese sentido, la concejala apuntó a los mecanismos de control interno de la comuna: "Desde la Secretaría de Hacienda se debería haber hecho lo que estaba claramente establecido en el pliego licitatorio".

Ante este escenario, el articulado del pedido de informes exige al Ejecutivo que remita copia íntegra del balance económico-financiero del Carnaval 2026, detallando cuentas a cobrar y el tratamiento contable otorgado a los créditos pendientes. Asimismo, la requisitoria amplía el espectro temporal y solicita las rendiciones de las ediciones 2023 2024 y 2025, con un foco especial en los movimientos realizados a través de plataformas de cobro electrónico y billeteras virtuales —especialmente Mercado Pago—, incluyendo conciliaciones bancarias, titulares de las cuentas y transferencias efectuadas durante los últimos cuatro ejercicios.

El caso del Tesorero

El segundo componente que motivó la presentación legislativa se vincula a las actuaciones administrativas y judiciales que derivaron en el desplazamiento del Tesorero Municipal, un hecho que sacudió la política local tras la confirmación desde el propio Ejecutivo sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos. El pedido de informes solicita formalmente conocer qué funcionarios y agentes municipales tuvieron intervención directa en el control y registro de las partidas, así como también si existen auditorías internas, investigaciones administrativas en curso o expedientes sumariales vinculados al área en los períodos mencionados. Respecto a esta arista, la concejal Cevasco se mostró cauta pero firme en el reclamo de claridad: "Hay que ser muy cuidadosos con el presunto delito que hay sobre lo del Tesorero, pero la sociedad exige saber qué pasó".

La próxima semana se tratará en audiencia pública el pedido de remoción presentado por el Ejecutivo ante el Concejo Deliberante.