“Nuestro rol es evitar la conflictividad social”

Ruth, ¿cuál es tu función dentro del Poder Judicial?

-Trabajo como Oficial de Prueba. Es un rol que forma parte de los institutos de la condena condicional y la suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation. Ambos mecanismos tienen como finalidad evitar la conflictividad social y aliviar la sobrecarga de los juzgados, especialmente en casos menores cuya pena no supera los tres años.

¿Qué tareas específicas realiza un oficial de prueba?

-Nos ocupamos del control de las reglas de conducta que se imponen a los probados —personas que accedieron a la probation— y a los condenados condicionales. En Paraná hay nueve oficiales de prueba, y en el resto de la provincia somos ocho, aunque está prevista la designación de uno más en breve.

¿Cuál es la diferencia entre condena condicional y libertad condicional?

-Es importante no confundirlas. La condena condicional se aplica a personas que han sido condenadas pero cumplen la pena en libertad, bajo ciertas reglas de conducta. En cambio, la libertad condicional es un beneficio que puede solicitar alguien que ya está privado de la libertad, tras cumplir ciertos requisitos. Esa situación la controla el Juez de Ejecución Penal, no nosotros.

¿Qué tipo de reglas de conducta deben cumplir los probados y condenados condicionales?

-Las reglas están establecidas en el Código Penal y pueden incluir trabajos no remunerados en instituciones de bien público, donaciones, escolarización para quienes no hayan terminado la primaria o secundaria, capacitaciones en oficios, y tratamientos psicológicos o por adicciones. Es un catálogo amplio y diverso.

¿Cómo se articula ese trabajo con las instituciones?

-Trabajamos mucho con clubes, escuelas y organizaciones comunitarias. Cada año buscamos que más instituciones se sumen, ya que son ellas las que reciben a estas personas para que cumplan sus tareas. En el caso de los probados, hay que recordar que siguen gozando del principio de inocencia, a diferencia de los condenados condicionales.

¿Cómo se realiza el seguimiento de estas personas?

-El control es sistemático y regular. Puede ser mensual o bimestral, según lo que dispongan los jueces de garantías o el Tribunal de Justicia y Apelaciones. Las personas deben presentarse en la oficina con una planilla que certifica el cumplimiento de sus tareas. Si no lo hacen, se informa el incumplimiento y el caso pasa a manos del fiscal o de la parte querellante, que puede solicitar una audiencia de revisión de reglas.

¿Qué ocurre cuando hay un incumplimiento?

-Yo tengo más de 400 legajos activos, es imposible ir detrás de cada persona. No es nuestra obligación perseguirlos, sino que ellos deben cumplir. Las instituciones colaboran muchísimo: son quienes firman las planillas y nos informan si alguien no se presentó. Si citamos a una persona y no viene, lo hacemos por segunda vez. Si vuelve a faltar, se informa el incumplimiento. Cuando eso ocurre, el Código Procesal Penal de Entre Ríos establece que el caso queda en manos del fiscal o de la parte querellante. Sin embargo, si la persona se presenta voluntariamente y retoma sus tareas o tratamientos, debemos informar a los jueces, fiscales y defensores que ha vuelto a cumplir. Es una forma de reconocer su voluntad de reinserción.

¿Desde cuándo existen estas medidas alternativas?

-Son institutos relativamente nuevos. En Entre Ríos comenzaron a aplicarse con la reforma del Código Procesal Penal, que incorporó criterios de oportunidad y creó las oficinas de medidas alternativas a la prisión. La reforma fue en 2009, pero el Código empezó a regir en distintas partes de la provincia a partir de 2013.

¿Tenés datos que reflejen el impacto de estas medidas?

-Sí, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos elabora estadísticas. Hasta junio de 2025, el 46,2% de las personas con causas penales están en unidades carcelarias, mientras que el 52,8% transita medidas alternativas como la probation o la condena condicional. Es muchísimo. Y todo esto requiere capacitación constante: nuestro trabajo es arduo, aunque muchas veces no se note.

Además de tu rol como oficial de prueba, ¿tenés formación especializada?

-Sí, me especialicé en derecho penal y también en derecho penitenciario. Soy diplomada en ciberdelincuencia y tecnologías aplicadas a la investigación, un área en la que sigo capacitándome. Participo en OCEDIC, el Observatorio de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital de la Universidad Austral, donde trabajamos con la fiscal Daniela Dupuis. Desde allí se investigan y derivan casos de abuso sexual infantil y reproducción de imágenes a las provincias correspondientes.

También formo parte del programa OCECID va a la Escuela, que es federal y se enfoca en la prevención. Damos charlas en todo el país. En Entre Ríos, trabajo junto al doctor Pedro Fontanetto, de Paraná. Actualmente somos tres diplomados en ciberdelincuencia en la provincia.

Además, colaboro con OCEDIC en una investigación sobre reformas al Código Penal y a los códigos procesales penales provinciales. Estoy en actividad permanente, me apasiona el derecho penal.

¿Tu trabajo implica entrevistas con personas en probation o condena condicional?

-Sí, permanentemente. También elaboramos informes y revisamos cumplimientos. Hay situaciones especiales: problemas de salud, embarazos de riesgo, actividades laborales. En esos casos, informamos a los órganos judiciales para que evalúen cómo adaptar las

¿Qué pasa si no cumplen?

-Afortunadamente, es un porcentaje menor. Pero si no cumplen, se les puede revocar el beneficio. Los condenados condicionales han reconocido su culpabilidad y transitan la pena en libertad, sujetos a reglas. Si incumplen o tienen otra causa, pueden pasar a prisión efectiva.

¿Las condenas condicionales tienen un límite de tiempo?

-El Código establece entre dos y cuatro años, aunque puede haber condenas de uno, tres o cuatro años. Las reglas de conducta no siempre coinciden con el plazo de la condena. Eso depende del delito y de las condiciones personales.

¿Puede haber condena condicional en casos de homicidio?

-En principio no, porque la pena mínima para un homicidio es de ocho años. Pero todo depende de la investigación. Puede haber partícipes o personas involucradas en otros delitos relacionados que sí reciban condena condicional. No es una regla matemática: cada caso se analiza según sus circunstancias.

¿De quién dependés institucionalmente?

-Dependo del doctor Fabricio Amateis , director ejecutivo de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), que a su vez depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. En Gualeguay, la OMA tiene dos áreas: la oficina de seguimiento de reglas de conducta —donde trabajo— y la oficina de Mediación Penal, a cargo de la doctora Analía Ahibe.

¿Cómo es el trabajo en otras localidades?

-En Villaguay, por ejemplo, no había oficina hasta hace poco. Los oficiales de prueba de Paraná cubríamos más de una jurisdicción. Por eso se solicitó la designación de nuevos cargos; hay muchas causas y también se busca mejorar el servicio de justicia. Yo viajaba a Villaguay, atendía dos días y recorría 192 km de ida y 192 de vuelta. Bien contaditos, desde la puerta de mi casa hasta el juzgado de paz.

Por último, ¿cómo está estructurado el fuero penal en Gualeguay?

-Tenemos dos Juzgados de Garantías, cuatro Fiscalías y un Tribunal de Juicio y Apelaciones. El Juez de Paz es el doctor Federico Ántola. Los jueces de garantías son la doctora Alejandra Gómez y el doctor Sebastián Elal. El tribunal de juicio y apelaciones está integrado por los doctores Darío Ernesto Crespo, Dardo Tortul y Javier Roberto Cadenas. En cada causa hay un sorteo y puede intervenir uno solo como vocal.

También hay Cámaras de Casación en Paraná y Concordia. El fuero penal es complejo y ha recibido muchas modificaciones. No todas las ciudades tienen Tribunal de Juicio y Apelaciones, por eso muchos casos vienen a Gualeguay.

Agradecemos a la Dra. Ruth Estapé las explicaciones que nos ofreció acerca de su cargo, el alcance del mismo y la aclaración de funciones de las distintas dependencias.