Desde distintos espacios locales relacionados con la atención y educación de personas con discapacidad se recordó que los valores están atrasados un 70% respecto de diciembre de 2023, al mes de agosto de este año. A este déficit se suma la demora estructural en los pagos, ya que las prestaciones se facturan a mes vencido: el aumento completo recién se percibirá entre marzo y abril de 2026.

“El gobierno comunica este incremento como una mejora significativa, pero en realidad no cubre los costos reales ni la inflación acumulada. Además, se paga fraccionado y muy por debajo de lo que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793)”, remarcaron desde el Foro de Discapacidad.

Entre los puntos más cuestionados del comunicado oficial se destacan:

• Inflación y atraso: aunque el aumento supere la inflación proyectada de 2025, solo cubre la mitad del atraso arancelario acumulado.
• Discriminación entre prestaciones: mientras algunas suben 29% y otras 35%, todas sufrieron el mismo retraso del 70%.
• Promesas de calidad y continuidad: los prestadores aseguran que con estos valores es imposible sostener los servicios y cubrir deudas generadas por los atrasos.
• “Previsibilidad” y “reconocimiento”: el sector interpreta que el gobierno ofrece previsibilidad “solo en el atraso”, y que no hay verdadero reconocimiento si los pagos no alcanzan para mantener la atención.

Desde el Foro insistieron en que la única salida es cumplir integralmente con la Ley de Emergencia en Discapacidad, tal como exige el propio Presidente cuando afirma: “Dentro de la ley, todo; fuera de ella, nada”.

“Basta de engañar a la población. Este aumento no es una respuesta, es una burla a quienes todos los días sostienen el sistema y acompañan a más de 300 mil personas con discapacidad en el país”, concluye el comunicado.