Lucía Wajsman, una de las impulsoras de la ley que dio marco legal al PNCC, advirtió sobre la gravedad de la situación y afirmó que “el desmantelamiento es literalmente la muerte de niños y de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”. Según explicó, el programa no es solo una línea administrativa, sino una red de coordinación médica altamente especializada que articula derivaciones, tiempos quirúrgicos y seguimiento de pacientes complejos.

Ante la repercusión pública de la denuncia, el Ministerio de Salud de la Nación respondió a través de la red social X, donde calificó las acusaciones como un “burdo intento de diseminar información falsa” y aseguró que la continuidad del programa “está plenamente garantizada”.

En el comunicado oficial, la cartera sanitaria sostuvo que durante 2025 el programa contaba con 13 personas y registraba un promedio de 7,4 llamados diarios, lo que —según el Ministerio— evidenciaba un exceso de personal en relación con la carga de trabajo. En ese marco, se informó que se decidió “reorganizar y optimizar su funcionamiento, sin afectar la atención”, y se señaló que la respuesta del personal desafectado fue “intentar vaciar el programa, renunciando en bloque”.

El Ministerio afirmó además que en lo que va de 2026 todas las consultas recibidas fueron atendidas y correctamente derivadas, y que el PNCC continúa operativo mediante un equipo administrativo activo, con coordinación médica a cargo del Hospital Garrahan y articulación con centros de alta complejidad de todo el país. “No se interrumpe la atención, no se abandona a los pacientes y no se tolera la desinformación”, concluye el texto oficial.

Sin embargo, en una entrevista difundida posteriormente, Wajsman respondió con dureza al comunicado y cuestionó la interpretación oficial. Señaló que reducir el programa a una estadística de llamados diarios desconoce la complejidad del trabajo técnico que realizaba el equipo desvinculado y advirtió que la falta de profesionales especializados puede derivar en demoras críticas, con consecuencias irreversibles para los pacientes.

La polémica reavivó el debate sobre el rol del Estado nacional en la coordinación de políticas sanitarias de alta complejidad y generó preocupación entre familias de niños con cardiopatías congénitas, que reclaman certezas sobre la continuidad efectiva de un programa considerado vital para la supervivencia de miles de bebés en la Argentina.