El conjunto de reformas impulsadas, tanto en el DNU como en el proyecto de ley, debilitan los cimientos mismos de la democracia ya que atentan contra la división de poderes e implican una delegación de facultades que la Constitución Nacional prohíbe expresamente”, sostienen.

“Está claro además que hay una intención privatista, de desmantelamiento de las capacidades estatales, y de entrega de soberanía (vinculado a la posible venta de empresas estatales y la explotación de nuestros principales recursos naturales), así como también una intención de quitarle derechos y políticas de protección a los trabajadores activos y pasivos en su conjunto”, señalan.

“Este gobierno lo primero que hizo fue devaluar un 118 % la moneda, quitándole poder adquisitivo a los sectores de ingresos fijos, asalariados y jubilados, que ya vienen sufriendo esa pérdida también por el alza desmesurada de precios y el retraso de sus sueldos que no se han actualizado. Luego sobrevino el dictado de un Decreto de necesidad y urgencia que no reúne el mínimo viso de legalidad y finalmente el proyecto de ley ómnibus que lo incluye, ambas iniciativas lesivas para el ordenamiento político propio de un estado de derecho. Así las cosas, a medida que los sectores productivos y sociales fueron tomando conocimiento de la magnitud e implicancia de los cambios que se pretenden imponer, el rechazo y la oposición a estas medidas ha ido y seguirá creciendo, lo que quedará palmariamente demostrado en las calles el próximo miércoles 24 de Enero”, afirman.

CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

GUALEGUAY ENTRE RÍOS