Según expresó el exgobernador entrerriano, la normativa vigente “es el resultado de un proceso amplio de debate técnico, institucional y federal”, que permitió fijar pautas claras para resguardar reservas estratégicas de agua en el país.

En ese marco, Bordet manifestó su preocupación por los cambios propuestos, en especial sobre la definición y el alcance del ambiente periglaciar, una zona que consideró clave para la regulación hídrica.

“El proyecto introduce cambios sensibles en la definición y alcance del ambiente periglaciar, que es precisamente donde se concentran funciones clave de regulación hídrica. Alterar esos criterios sin un consenso técnico sólido puede debilitar la protección efectiva del sistema glaciar”, señaló.

El legislador sostuvo además que no existen fundamentos suficientes que justifiquen avanzar con la reforma en los términos planteados. En ese sentido, advirtió que hasta el momento no se presentaron evaluaciones integrales ni evidencia concluyente que permitan medir la necesidad y las consecuencias de las modificaciones propuestas.

“No se ha presentado evidencia concluyente ni evaluaciones integrales que permitan dimensionar la necesidad y el impacto de estas modificaciones. En ausencia de esa información, avanzar implica asumir riesgos ambientales innecesarios y generar incertidumbre jurídica”, remarcó.

Bordet también planteó que cualquier revisión de la ley debe surgir de una instancia más amplia de discusión, con participación de las provincias, la comunidad científica y los organismos competentes.

“La Argentina necesita previsibilidad normativa, pero también rigor técnico en decisiones que afectan recursos estratégicos. Cualquier modificación de esta ley debe construirse con la participación de las provincias, la comunidad científica y los organismos competentes”, afirmó.

Por último, insistió en que este tipo de decisiones no pueden adoptarse sin contemplar las demandas sociales y territoriales vinculadas a la preservación del ambiente y del agua.

“No podemos permitir que decisiones de esta magnitud se tomen sin garantizar una representación real de las demandas sociales ni la participación efectiva de quienes viven en esos territorios. En particular, tenemos la responsabilidad de resguardar los recursos hídricos y evitar decisiones que los comprometan a largo plazo”, concluyó Bordet.