El pronunciamiento hace referencia a la reunión realizada el pasado 4 de mayo en el Museo Quirós, donde participaron autoridades provinciales y municipales, concejales, vecinos y organizaciones civiles. Desde el gremio señalaron que valoran la apertura de una instancia de diálogo y la participación del Estado en sus distintos niveles, aunque remarcaron que “nadie puede hablar por los trabajadores ni decidir sobre sus fuentes laborales sin darles participación”.

En el comunicado, el sindicato sostuvo que la planta cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental vigente, otorgado por organismos provinciales y nacionales, y que opera bajo las normativas establecidas por la Ley Nacional Nº 24.051 y la Ley Provincial Nº 8.881.

Además, indicaron que la actividad es sometida a controles periódicos por parte de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. También señalaron que la empresa realiza estudios vinculados a calidad de aire, funcionamiento de equipos y posibles impactos ambientales.

Respecto a las denuncias y preocupaciones planteadas por vecinos y organizaciones, el sindicato afirmó que, según los informes oficiales mencionados en el comunicado, los análisis judiciales y sanitarios realizados hasta el momento no detectaron resultados anómalos asociados a la actividad de la planta.

En ese sentido, también remarcaron que los trabajadores se someten anualmente a controles clínicos y estudios de salud, y que “nunca se evidenciaron enfermedades vinculadas a la actividad”. Asimismo, citaron declaraciones de autoridades sanitarias locales que, según expresaron, descartaron indicadores fuera de los parámetros habituales en relación con casos de cáncer en la ciudad.

Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con el pedido de reubicación de la planta impulsado por algunos vecinos y organizaciones. Desde el sindicato advirtieron que una eventual relocalización implicaría, en los hechos, “el cierre de la empresa y la pérdida de puestos de trabajo”.

“La planta es una fuente de trabajo legítima, controlada y necesaria para el entramado productivo de Entre Ríos”, expresaron desde la organización gremial, al tiempo que manifestaron su respaldo a la continuidad de la mesa de diálogo con participación de todos los sectores involucrados.

Finalmente, el Sindicato de Petroleros de Entre Ríos solicitó formalmente a las autoridades municipales, provinciales y concejales que los trabajadores sean incluidos en las próximas reuniones vinculadas al tema, al considerar que se trata de una discusión que afecta directamente a las familias que dependen laboralmente de la actividad.