Uno de los expedientes más avanzados es el que tiene como protagonista a Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación durante el urribarrismo. Báez, ya condenado a seis años y medio de prisión en el megajuicio de 2022, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa, Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio y pidió cinco años de prisión para él y tres años y medio para ella. Según la acusación, Báez no pudo justificar un incremento patrimonial de 632.053 dólares durante su paso por la función pública entre 2007 y 2016. El exfuncionario fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal N°1, donde cumple prisión preventiva.

Otro caso relevante es el de Aldo Ballestena, exsenador provincial por La Paz y actual titular del Ente Portuario. La causa se abrió de oficio en 2018 tras una investigación periodística que expuso un patrimonio millonario, incluyendo un vehículo de alta gama valuado en 60.000 dólares, un complejo de 24 departamentos en construcción a nombre de su hija, campos y otras propiedades. Si bien la investigación no mostró avances significativos en los últimos años, Ballestena también aparece mencionado en el entramado de los contratos truchos del Senado, donde habría actuado como recaudador de fondos entre 2015 y 2018.

En el norte entrerriano, la atención judicial se centra en Domingo Daniel Rossi, actual intendente de Santa Elena. Rossi cuenta con una condena firme por enriquecimiento ilícito dictada en 2006, con una pena de tres años de prisión condicional. No obstante, enfrenta una nueva investigación junto a su esposa, la exdiputada Patricia Díaz. La Fiscalía analiza la existencia de cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares, fondos que la pareja no habría podido justificar. La documentación remitida por la justicia uruguaya confirmó movimientos bancarios desde 2008.

También permanecen en trámite, aunque con escasa información pública reciente, las causas que involucran a Martín Fernández, en Gualeguaychú, y Hernán Vittulo, en Gualeguay. Ambos están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, sin definiciones de fondo hasta el momento.

La confluencia de estos expedientes plantea un panorama judicial inédito para Entre Ríos. Se trata de investigaciones que abarcan más de una década de presuntas prácticas sistemáticas de corrupción y desvío de fondos públicos por cifras millonarias. Las eventuales sentencias que puedan dictarse en los próximos años marcarían un punto de inflexión en la historia política y judicial provincial, teniendo como antecedente el caso de José Ángel Allende, donde fue rechazado un juicio abreviado, una decisión que —según fuentes judiciales— otros imputados evitaron replicar por el impacto que podría tener sobre una red más amplia de funcionarios involucrados.

Fuente: Análisis